Por Pablo Sáez Hurtado |
Delvy A.I. Senior Counsel. Presidente de la Comisión Joven de ENATIC. Director General de BeAI Foundation. Gestor Ético de OdiseIA.
Barcelona no fue un escaparate institucional sobre derechos digitales. Fue la puesta en escena de una aspiración de país. En la Llotja de Mar, el Gobierno quiso presentar a España como una voz capaz de ordenar el desconcierto tecnológico. Allí, Óscar López defendió una alianza con “potencias medias” para abrir una “tercera vía tecnológica” y construir una IA confiable. La fórmula es poderosa, pero arriesgada: cuando un ministro invoca una alternativa frente a Silicon Valley y Pekín, deja de hablar solo de regulación y entra en el terreno áspero de la soberanía tecnológica.
La idea tiene sentido político. Ni el modelo norteamericano, dominado por el capital riesgo y la escala privada, ni el modelo chino, atravesado por una alianza directa entre Estado, industria y control, ofrecen una respuesta cómoda a las democracias liberales. Europa lleva años intentando levantar otra gramática: derechos fundamentales, transparencia, evaluación de riesgos, responsabilidad y límites a usos intrusivos. Que España quiera empujar esa conversación no es extravagante. La pregunta incómoda es si España, y por extensión Europa, tienen hoy algo más que conversación.
La épica de las potencias medias
El discurso de López fue eficaz porque conectó IA, derechos y poder. Al advertir de que el Sur Global puede quedar reducido a una “pila y archivo” al servicio de unos pocos gigantes tecnológicos, situó el problema donde debe estar: no en el fetichismo del algoritmo, sino en la extracción de datos, la dependencia computacional y la distribución del valor. Una alianza de potencias medias puede coordinar estándares y evitar que el AI Act sea una isla. La geopolítica también se escribe con normas.
España, además, no llega con las manos vacías. Tiene una Carta de Derechos Digitales; ha creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial; ha impulsado un sandbox regulatorio de IA de alto riesgo; ha articulado el Observatorio de Derechos Digitales; y alberga en Valencia el Laboratorio de Gobernanza de la IA para la Humanidad de Naciones Unidas. A eso se añaden MareNostrum 5 y el Barcelona Supercomputing Center. Negar esos activos sería injusto. La crítica nace de constatar que ese capital institucional aún no equivale a liderar una alternativa tecnológica completa.
La grieta doméstica
Ahí se abre la grieta. España formula bien el ideal de la IA confiable, pero todavía no ha cerrado su arquitectura interna de ejecución. El Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial fue aprobado en marzo de 2025 y, a mediados de mayo de 2026, seguía en tramitación prelegislativa avanzada. La épica internacional pierde brillo cuando el instrumento doméstico llamado a ordenar autoridades, procedimientos, sanciones y responsabilidades no ha aterrizado definitivamente.
El punto más sensible es político y jurídico. El anteproyecto prevé que, cuando el infractor sea una entidad del sector público, pueda declararse la infracción, apercibir, imponer medidas correctoras y promover actuaciones disciplinarias, pero sin multas equivalentes a las de los operadores privados. Técnicamente puede defenderse. Políticamente deja una pregunta devastadora: ¿puede el Estado predicar confianza si parece reservarse un trato más benigno que el que exige al mercado? En IA, la Administración no debería parecer un paréntesis amable.
AESIA, promesas y enforcement
La AESIA refleja esa misma tensión. Su estatuto le atribuye supervisión, inspección y sanción; su presencia pública visible, sin embargo, se ha concentrado en guías, materiales pedagógicos, laboratorios de ideas y acompañamiento regulatorio. Divulgar bien es parte del enforcement futuro. Pero una agencia de supervisión no puede vivir demasiado tiempo en la antesala de su misión. Si su identidad pública se reduce a explicar lo que algún día fiscalizará, la confianza corre el riesgo de convertirse en folleto.
La autopista de EE. UU. y China
El contraste con Estados Unidos y China es brutal porque allí la conversación se libra con otros instrumentos. La IA frontera no se construye solo con principios, sino con chips, centros de datos, energía, capital, talento, nubes y cadenas de suministro. El AI Index de Stanford muestra una distancia enorme en inversión privada, mientras China recorta terreno en modelos y patentes. En ese tablero, hablar de tercera vía sin energía, fiscalidad, capital paciente y soberanía de cómputo es diseñar un coche admirable en valores, pero sin motor suficiente para la autopista.
Europa ha entendido parte del problema. InvestAI, el AI Continent Action Plan y las AI Factories reconocen que el continente no puede limitarse a regular modelos ajenos mientras consume servicios extranjeros. Pero reconocer el déficit no equivale a resolverlo. El AI Act es un hito jurídico extraordinario, pero su efecto Bruselas no reproduce automáticamente el éxito del RGPD. La IA no es solo cumplimiento: es infraestructura. En las guerras de infraestructura, la excelencia normativa sirve de poco si modelos, chips, cloud y escala pertenecen a otros.
Coalición normativa o músculo industrial
La noción de potencias medias tampoco debe caricaturizarse. Canadá, India, Brasil, México, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Emiratos, Reino Unido, Australia o Israel pueden compartir intereses con Europa en seguridad, transparencia, interoperabilidad o protección de derechos. Una coalición inteligente podría multiplicar influencia en estándares y certificación. Pero una cosa es una alianza normativa y otra una alianza industrial capaz de desafiar los full stacks estadounidense y chino. Muchas potencias medias esperan una Europa útil, predecible y capaz de poner recursos sobre la mesa.
La tercera vía española no ha nacido muerta, pero sí sin derecho a la grandilocuencia. Tiene sentido como proyecto diplomático y como intento de impedir que la IA quede capturada por dos modelos de poder. No tiene todavía consistencia como alternativa industrial completa frente a Estados Unidos y China. La intuición es correcta: la IA confiable puede reducir daños y dependencia. La inflación aparece cuando esa confianza se presenta como sustituto de potencia. Un estándar magnífico sin implementación se queda en literatura; una estrategia internacional sin ejecución interna se parece a la política de siempre.
Como conclusion, España puede proponer revisar el código de circulación y convencer a otros conductores de que la autopista no puede dejarse en manos de dos fabricantes. Tiene razón. Pero si quiere liderar algo más que señalización, necesitará motor, combustible, taller y conductor. La IA confiable no se proclama: se fabrica y se fiscaliza primero en casa.
