Madrid, 15 jun (EFE).- La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha contrapuesto este lunes la "vocación de fondo" que comparten periodistas y magistrados para servir a la sociedad y ha apelado a la "independencia, honestidad y compromiso permanente" de ambos con los ciudadanos.
Perelló, primera mujer en la historia que preside el Supremo y el CGPJ, ha recibido el título de Gallega del Año que otorga el Club de Periodistas Gallegos en Madrid por su "trayectoria, compromiso y rigor sin ruido" en la "búsqueda de la verdad sin atajos" y por honrar los valores de la comunidad galiciana.
En su discurso ha defendido que los jueces, al igual que los periodistas, sirven a la sociedad desde "responsabilidades bien distintas, pero con una misma vocación de fondo: la defensa de la verdad, de la liberad y de los valores constitucionales que sostienen el Estado de Derecho mediante la aplicación imparcial de la ley".
En este sentido, la presidenta del Supremo ha llamado a esa responsabilidad compartida, pero ha incidido en la labor de los jueces para garantizar derechos y avances de la ciudadanía en un estado democrático con unos poderes públicos que "se sujeten exclusivamente a la ley".
Y cada uno -periodistas y jueces- en sus ámbitos y parcelas, ha ahondado Perelló, contribuye con su labor a "defender los valores constitucionales" desde "la dignidad" como sustento de la democracia, libertad y Justicia.
Sobre el reconocimiento del Club de Periodistas Gallegos, ha ensalzado que no solo se trata de sus valores profesionales, sino de su memoria natal como "parte esencial" para entender la vida desde el prisma de los gallegos.
Ha destacado que se trata de un premio de "altísimo nivel" que ha sido otorgado a numerosos escritores, empresarios o artistas, entre otros, por parte de un club que representa "un vínculo permanente entre Galicia y Madrid".
El fallo del jurado recoge, entre otras cuestiones, que su labor al frente del CGPJ ha destacado por el respaldo al trabajo de los magistrados, el compromiso con la autonomía constitucional del órgano, la búsqueda del consenso y la "imprescindible cobertura" de las plazas vacantes en los tribunales "tras años de bloqueo" en el consejo.