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Son las once de la noche. Carlos lleva meses soportando comentarios humillantes de su jefe. Harto, pone el móvil en el bolsillo, activa la grabación y registra una conversación comprometedora. Satisfecho, la envía por WhatsApp a varios compañeros con el mensaje: “Para que veáis lo que aguanto”. Al día siguiente, Carlos tiene encima una denuncia penal. No su jefe. Él.

Esta situación se repite constantemente en España. El móvil ha convertido a millones de personas en grabadoras ambulantes, pero la mayoría ignora que lo que está permitido grabar, cómo usarlo y, sobre todo, qué hacer después con esa grabación son tres cosas completamente distintas ante la ley.

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