Virginia Domingo de la Fuente
Hace unos días se leía en prensa : “ El Gobierno vasco reúne en secreto en un caserío a 17 presos con cinco víctimas de ETA. El Gobierno vasco reunió el pasado 3 de julio en secreto, en un apartado caserío de Alzo (Guipúzcoa), a 17 presos de ETA con cinco víctimas de la extinta organización terrorista para que pasaran el día juntos. Víctimas y etarras compartieron charlas, paseos en grupos reducidos y mantel a lo largo de unas nueve horas, en presencia de dos altos cargos del Departamento de Justicia
Como suele ocurrir en muchas iniciativas similares en España, este encuentro estuvo precedido por charlas y talleres y, según fuentes del propio periódico, culminó con lo que se presentó como “círculos restaurativos”. Todo ello acompañado, además, de una utilización del proceso para la concesión de semilibertades. La noticia inicial ha dado lugar a otras informaciones y columnas de opinión en las que no solo se cuestiona la forma en que se está aplicando la justicia restaurativa en casos de terrorismo, sino también la propia legitimidad de esta justicia. Por ello, conviene analizar esta primera información y lo que revela sobre estas prácticas, así como reflexionar —a partir del resto de titulares aparecidos en prensa— sobre la importancia de la ética y el rigor en la aplicación de la justicia restaurativa.
LO QUE NO ES JUSTICIA RESTAURATIVA
En primer lugar existe una autentica confusión en España sobre lo que implica una verdadera intervención restaurativa, se ha generado la idea de que impartir charlas a privados de libertado sobre qué es justicia, las víctimas, el perdón, la justicia restaurativa…esto ya per se es restaurativo. Y por arte de magia los privados de libertad en este caso terroristas ya asumen la responsabilidad y están dispuestos a reconocer y reparar el daño. Resulta fascinante la confianza casi mágica en la palabra “charla”. Se explica qué es la justicia restaurativa y, por algún mecanismo alquímico aún no descrito por la criminología, el oyente sale convertido en sujeto plenamente consciente del daño causado. A este paso, quizá deberíamos ampliar el método: charlas sobre ética para corruptos, sobre empatía para estafadores y sobre respeto a la ley para delincuentes financieros. Si funciona igual de bien, habremos resuelto medio Código Penal con un ciclo de conferencias. Lo gracioso es que luego afirman que han hecho círculos restaurativos víctimas y terroristas, parece que piensan que esto ya confiere a la actividad un enfoque restaurativo total. Pero claro para hacer estos círculos debe existir preparación de víctimas y victimarios, y sobre todo valorar qué objetivos se quieren conseguir. Tenemos serias dudas de si saben realmente lo que es un círculo o piensan que sentar a las personas en circulo es ya un círculo restaurativo. Desgraciadamente, muchas películas sobre justicia restaurativa han terminado causando más confusión que comprensión. Hay una conocida película francesa en la que se escenifica un supuesto “círculo restaurativo” que, paradójicamente, funciona casi como un catálogo de lo que no debería hacerse.
En la pantalla aparecen víctimas conversando cordialmente, compartiendo refrigerios y participando en una dinámica aparentemente amable. Lo que no aparece por ningún lado es algo esencial: la preparación previa.
No se muestra el trabajo con las víctimas antes del encuentro, ni el proceso exigente con las personas ofensoras para que asuman responsabilidad. De hecho, cuando estas aparecen, las preguntas que se les hacen parecen más interesadas en su biografía personal que en aspectos clave para determinar si realmente están preparadas para un encuentro restaurativo: reconocimiento del daño, comprensión del impacto causado o voluntad de reparación. El resultado es casi previsible. Cuando finalmente llega el supuesto “círculo”, emerge lo evidente: no ha habido responsabilización real por parte de las personas ofensoras ni un proceso serio de preparación con las víctimas. La escena pretende transmitir un clima restaurativo, pero en realidad muestra más bien un encuentro social ligeramente incómodo. Por eso, al leer estas noticias sobre iniciativas que se presentan como restaurativas, resulta difícil no recordar esa película. A veces parece que se ha interpretado que basta con reunir a las personas en torno a una mesa —si es posible con comida de por medio— para que el encuentro adquiera automáticamente un carácter restaurativo. Como si el mero hecho de compartir un almuerzo tuviera propiedades casi terapéuticas. Pero la justicia restaurativa no funciona por contagio ambiental ni por gastronomía compartida. Sin preparación rigurosa, sin procesos individuales previos y sin una verdadera asunción de responsabilidad, el encuentro conjunto no solo pierde sentido: corre el riesgo de convertirse en una representación superficial que trivializa algo que, en realidad, exige un trabajo profundo y delicado. Y efectivamente con ciertas charlas también llamadas talleres no se consigue esto, y mucho menos en delitos de tanta gravedad como los de terrorismo.
Hay un principio básico en justicia restaurativa: no debe vincularse directamente a beneficios jurídicos o penitenciarios, porque entonces pierde gran parte de su autenticidad. En delitos leves, la participación en un proceso restaurativo y el acuerdo alcanzado pueden justificar, en algunos casos, evitar el juicio. Pero en delitos graves la justicia restaurativa no sustituye a la justicia tradicional, sino que actúa como complemento. En los delitos de extrema gravedad, los posibles beneficios no deberían derivarse simplemente de participar en un proceso restaurativo, sino de algo mucho más relevante: haber reconocido el daño causado, haber asumido la responsabilidad y haber mostrado una voluntad real de reparación. Lo contrario —vincular beneficios a la mera participación, y más aún a procesos reducidos a charlas y una comida “restaurativa”— desvirtúa completamente el sentido de la justicia restaurativa. Además, esta diferencia de trato respecto a otros delitos plantea un problema evidente: vulnera el principio de igualdad y sugiere que la justicia restaurativa está siendo utilizada con fines que poco tienen de restaurativos y mucho de políticos.
LOS FACILITADORES DE JUSTICIA RESTAURATIVA
Tras la primera noticia aparecieron otras en las que, inevitablemente, se empezó a analizar quién estaba organizando estos supuestos talleres restaurativos. Uno de los titulares era bastante elocuente: “Una asociación de ayuda a delincuentes y marginados gestiona los encuentros entre etarras y víctimas en el caserío secreto: ‘Parece una chapuza’”.Aunque el titular pueda resultar llamativo o incluso algo sesgado, lo cierto es que describe bastante bien la situación. Según la información publicada, quienes están llevando a cabo estas iniciativas son personas que, en el mejor de los casos, cuentan con formación en mediación dentro de una entidad sin especialización real en justicia restaurativa. Dicho de otro modo, parece haberse adoptado un curioso método de aprendizaje: practicar primero y, si acaso, formarse después.
Lo llamativo es que, para otorgar una subvención pública, normalmente se exige que la entidad tenga especialización en el área en la que va a desarrollar el programa. Al menos eso dice la teoría administrativa. En la práctica, sin embargo, parece que la justicia restaurativa ha inaugurado un modelo más flexible: basta con tener buena voluntad, una mesa redonda y quizás un servicio de catering. La especialización, al parecer, es un detalle menor.¿ Se cumple entonces ese requisito de especialización? Pues no. El País Vasco es un ejemplo visible, pero a nivel nacional el fenómeno se repite con una sorprendente regularidad: entidades de mediación o grandes ONG sin formación específica en justicia restaurativa reciben financiación para implementar programas restaurativos. Algo que, en otros ámbitos profesionales, resultaría cuanto menos llamativo. Imaginemos, por ejemplo, financiar cirugía cardíaca porque el equipo médico ha visto varios documentales sobre anatomía. Pero quizá la lógica sea otra: si la justicia restaurativa se percibe como algo esencialmente basado en el diálogo —personas hablando entre sí en un ambiente agradable—, entonces cualquiera con cierta experiencia en dinamizar grupos podría sentirse razonablemente cualificado. Total, si la restauración se produce por el mero hecho de reunirse y dialogar, ¿para qué tanta formación especializada?
El resultado es un curioso contrasentido: se invierten recursos públicos en programas que se presentan como restaurativos mientras se prescinde, con notable ligereza, de uno de los elementos que la literatura internacional considera básicos para su legitimidad: profesionales específicamente formados en justicia restaurativa. Pero quizá estemos ante una innovación metodológica todavía no recogida en los manuales: la justicia restaurativa por intuición. Si funciona, será un avance revolucionario; si no, siempre quedará la posibilidad de organizar otra charla… o de repetir la comida. Y claro por si acaso, intentamos que no salga a la luz o no se den detalles. Se dice que se lleva con discreción por proteger a las víctimas y las asociaciones de víctimas no saben nada. Más bien parece que el secretismo es por miedo precisamente a que los ciudadanos nos demos cuenta de que lo que están haciendo es de todo menos restaurativo.
Esto tiene consecuencias claras: la prensa y las columnas de opinión cuestionan si una justicia secreta puede considerarse justicia. Estas prácticas no solo dañan la pedagogía restaurativa, sino que llevan a la ciudadanía a desconfiar de la justicia restaurativa e incluso a considerarla inapropiada para ciertos delitos. Algunos críticos señalan la paradoja: si no se aplicaría con víctimas de abusos como los de Epstein, ¿por qué sí con presos terroristas? Este tipo de errores muestra cómo una justicia restaurativa mal ejecutada puede perjudicar su reputación, aunque en realidad la justicia restaurativa puede beneficiar a muchas víctimas, independientemente del delito. Por fortuna, dese la sociedad civil seguimos desarrollando intervenciones restaurativas con rigor, pero la mala imagen generada por estas prácticas oficiales dificulta el avance y la credibilidad del modelo. En cuanto a la formación de los facilitadores, la noticia menciona nombres, pero no aclara qué entrenamiento específico tienen en justicia restaurativa. Uno es mediador de la entidad organizadora y el otro, un profesor reconocido por su participación en la vía Nanclares y en procesos de justicia restaurativa en casos de abusos en la Iglesia, pero en ninguna de las ocasiones se evidencia formación especializada en justicia restaurativa. A diferencia de conocidos profesores que gozan de prestigio en su área y por arte de magia ya son expertos, las demás personas nos hemos formado y continuamos haciéndolo para ofrecer la mejor intervención restaurativa.
Sabemos que no cuentan con la formación adecuada porque quienes facilitaron la vía Nanclares han revelado las preguntas que hacían a víctimas y terroristas, y ninguna se ajusta a los estándares de un proceso restaurativo serio. Preguntas como “¿Cuántos has matado y cómo celebraste los atentados?” o “¿Qué harías si tuvieras una pistola?” no solo resultan inapropiadas, sino que no fomentan responsabilidad ni reparación. Para evitar errores, parece que ahora se han limitado a ofrecer charlas superficiales, muy alejadas de una verdadera intervención restaurativa. La segunda noticia recoge testimonios de personas cercanas a la vía Nanclares, quienes afirman que aquel proceso fue distinto y más riguroso, mientras que lo actual “parece una chapuza”. Sin embargo, uno de los mediadores es el mismo, y persiste la idea de priorizar la rapidez sobre la calidad del proceso. En delitos graves como terrorismo, lograr que los responsables asuman sinceramente su responsabilidad y atender las expectativas de las víctimas requiere tiempo y cuidado, no atajos.
LA IMPORTANCIA DE LAS VÍCTIMAS Y SU EMPODERAMIENTO
La justicia restaurativa surgió, precisamente, para dar voz a las víctimas y devolverles un espacio que durante mucho tiempo les fue negado en el sistema penal. Empoderarlas implica algo muy concreto: que toda intervención restaurativa tenga como eje central la información, la participación voluntaria y la comunicación constante con las víctimas a lo largo de todo el proceso. Se trata de un principio básico del modelo restaurativo.
Por eso resulta, cuanto menos, paradójico que se invoque el secretismo como mecanismo de protección de las víctimas y, al mismo tiempo, se descubra que las asociaciones de víctimas no tienen conocimiento alguno de lo que se está haciendo. La protección de las víctimas difícilmente puede basarse en mantenerlas al margen de procesos que, en teoría, se diseñan precisamente para ellas. Más bien parece una forma peculiar de empoderamiento: protegerlas tanto que se las excluye incluso de la información. Si además partimos de la base de que las cinco víctimas mencionadas serán víctimas subrogadas —una fórmula que últimamente parece haberse convertido en recurso habitual, especialmente cuando persiste la obsesión por el encuentro conjunto, como si la justicia restaurativa se redujera exclusivamente a esto— resulta aún menos comprensible que no se haya informado a las asociaciones. No solo por una cuestión de transparencia, sino por algo mucho más simple: permitir que cualquier persona que lo desee pueda participar voluntariamente en estos programas.
Porque uno quiere pensar —y conviene pensar— que no se ha realizado una selección de “víctimas ideales”, aquellas que encajen mejor en un determinado relato o dinámica. Lo razonable sería que se hubiera ofrecido la oportunidad de participar a todas las personas interesadas, respetando el principio de voluntariedad y evitando cualquier sensación de instrumentalización. La justicia restaurativa no puede permitirse el lujo de proyectar la idea de que las víctimas se eligen como si fueran piezas necesarias para completar un guion previamente escrito. Entre las necesidades más reiteradas por las víctimas se encuentran la información, el reconocimiento y la posibilidad de que su voz sea escuchada y sus necesidades respetadas. No trasladarles lo que se está haciendo —o hacerlo de forma fragmentaria y opaca— transmite un mensaje preocupante: no parece tanto una estrategia de protección como una señal de inseguridad sobre el propio proceso. Cuando un programa restaurativo se desarrolla con rigor, la transparencia suele ser un aliado, no una amenaza.
Además, si la justicia restaurativa se presenta —como con razón suele hacerse— como una herramienta positiva para la convivencia, la reparación del daño y el fortalecimiento de la comunidad resulta difícil justificar un nivel tan alto de secretismo. Los procesos restaurativos requieren confidencialidad en determinados momentos y para determinados contenidos, pero confidencialidad no es sinónimo de opacidad institucional. De hecho, cuando la información desaparece del espacio público y de las propias comunidades afectadas, lo que crece inevitablemente es la desconfianza. Y la desconfianza es probablemente uno de los mayores enemigos de cualquier proceso restaurativo. La justicia restaurativa necesita credibilidad, legitimidad y un profundo respeto por todas las partes implicadas. Si quienes deberían sentirse parte del proceso —las víctimas y sus asociaciones— se enteran por la prensa o no se enteran en absoluto, algo esencial se está perdiendo por el camino.
Al final, la pregunta que queda flotando es bastante sencilla: si la justicia restaurativa pretende reconstruir relaciones, fortalecer comunidades y situar a las víctimas en el centro, ¿por qué se gestiona como si fuera un asunto que debiera mantenerse en los márgenes de quienes precisamente deberían estar informados y poder decidir si quieren participar?. Cuando la transparencia desaparece, el riesgo no es solo metodológico, sino también ético: que la justicia restaurativa deje de ser una práctica orientada a las víctimas y a la comunidad para convertirse, aunque sea involuntariamente, en una herramienta utilizada para otros fines menos claros. Y ese sería, probablemente, el mayor contrasentido de todos.
CONCLUSIONES
Después de todo lo expuesto, quizá convenga recordar algo bastante sencillo: la justicia restaurativa no es una actividad social, ni un taller motivacional, ni una comida con conversación interesante. Es un proceso complejo, exigente y profundamente ético que requiere tiempo, preparación, profesionales formados y, sobre todo, respeto por las víctimas. Sin embargo, a juzgar por algunas iniciativas recientes, parece haberse descubierto una versión mucho más rápida y cómoda del modelo restaurativo. Una versión “exprés”: unas charlas introductorias, un encuentro colectivo, un círculo —o al menos unas sillas colocadas en forma circular— y, si es posible, una comida compartida para reforzar el ambiente. Todo ello acompañado de discretos beneficios penitenciarios. Un método extraordinariamente eficiente… salvo por el pequeño detalle de que no se parece demasiado a la justicia restaurativa. El problema de estas prácticas no es solo metodológico, sino también pedagógico y ético. Cuando se presentan como restaurativas intervenciones que no cumplen los principios básicos del modelo, el daño no se limita a un programa concreto: se erosiona la credibilidad de toda la justicia restaurativa. Los ciudadanos terminan cuestionando el propio concepto, cuando en realidad lo que están viendo es una caricatura del mismo. A esto se suma otro elemento preocupante: la paradoja de proteger a las víctimas manteniéndolas al margen de la información, o de empoderarlas sin preguntarles si quieren participar. Resulta difícil situar a las víctimas en el centro del proceso cuando ni siquiera se les comunica lo que se está haciendo en su nombre.
Tampoco ayuda demasiado la ligereza con la que, en ocasiones, se confunde mediación con facilitación En otros ámbitos profesionales nadie consideraría razonable improvisar sin formación específica. Pero, por alguna razón todavía difícil de explicar, en justicia restaurativa parece haberse instalado la idea de que con buena voluntad y capacidad para moderar conversaciones puede ser suficiente.La consecuencia de todo ello es bastante clara: cuando la justicia restaurativa se utiliza sin rigor, sin formación adecuada y con objetivos que poco tienen que ver con la reparación del daño, no solo deja de ser restaurativa, sino que termina perjudicando precisamente aquello que pretende promover: la confianza, la responsabilidad y la convivencia.
Quizá la conclusión más didáctica sea también la más simple. Si realmente se quiere impulsar la justicia restaurativa —especialmente en delitos de enorme gravedad— hacen falta tres cosas que no admiten atajos: tiempo, profesionalidad y ética.
Todo lo demás puede ser una actividad interesante, incluso una conversación útil… pero difícilmente podrá llamarse, con propiedad, justicia restaurativa.
