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A principios de 2024, la familia Robles, propietarios de varias hectáreas de tierra agrícola en un pequeño pueblo de Cuenca, recibió una notificación inesperada: su finca iba a ser expropiada para la construcción de un parque solar. La noticia les cayó como un jarro de agua fría. No estaban en contra de las energías renovables, pero no entendían por qué debían perder sus tierras de toda la vida para que una empresa privada pudiera lucrarse con ellas.

Lo peor llegó al leer las condiciones: el justiprecio propuesto por la administración era tan bajo que no cubría ni el valor de mercado del terreno, y además, se les exigía ceder el paso a vehículos y maquinaria durante años sin compensación adicional.

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