Madrid, 2 dic (EFE).- El Ministerio de Hacienda va a retrasar un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu para facilitar la adaptación de las empresas, según han confirmado a EFE fuentes de Hacienda.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el real decreto ley que aprobará este martes el Consejo de Ministros para cumplir con los compromisos pendientes con Junts incluirá una ampliación del plazo para la digitalización de los procesos de facturación de las empresas en materia fiscal.
Fuentes de Hacienda han precisado que esta ampliación será de un año, lo que implica que en nuevo sistema Verifactu no será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero de 2027 si tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto.
El sistema de verificación de facturas Verifactu establece que los sistemas informáticos de facturación tienen que generar un registro que no puede modificarse ni borrarse y que tiene que estar accesible para la Agencia Tributaria, ya sea remitiendo la información directamente o manteniéndola almacenada en condiciones de seguridad.
Estos nuevos requisitos son obligatorios para todos los profesionales y sociedades que utilizan un software de facturación -salvo aquellos adscritos al suministro inmediato de información y los residentes en País Vasco y Navarra-, por lo que no afectan a quienes facturan de manera manual.
La entrada en vigor de estas nuevas obligaciones estaba prevista para el 1 de enero del próximo año para quienes tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto, pero ahora se retrasa un año.
Sánchez también ha anunciado que el real decreto ley flexibilizará las inversiones financieramente sostenibles para los ayuntamientos, que son aquellas que no computan para la regla de gasto.
De esta manera, los ayuntamientos tendrán más "facilidad para invertir en proyectos que no impliquen un gasto corriente", como la "construcción de vivienda" o la gestión del agua, sin incumplir con sus obligaciones fiscales.
Cepyme y ATA valoran el retraso de Verifactu, que critican UPTA y Uatae
El Gobierno ha aprobado este martes un aplazamiento de un año para las nuevas obligaciones del régimen Verifactu para empresas y autónomos, que se retrasan al 1 de enero de 2027 para quienes tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio de ese año para el resto.
La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha tildado este aplazamiento de medida "necesaria y largamente reclamada" por las pequeñas empresas, que necesitaban un mayor margen para adaptarse.
De Miguel ha subrayado que este retraso supone, además, "priorizar el cumplimiento real y efectivo frente a plazos excesivamente exigentes y medidas coercitivas" y permitirá a las empresas acometer la adaptación "sin poner en riesgo su actividad diaria".
En ese sentido, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha recibido con "alivio" la noticia porque la entrada en vigor de Verifactu "estaba generando mucha incertidumbre y mucho malestar entre los autónomos".
"Los autónomos pueden respirar más tranquilos no empezando el año con más cargas", ha añadido, al tiempo que ha agradecido a Junts la "presión" que ha facilitado el retraso.
En cambio, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha tachado el retraso de "despropósito" porque "estar continuamente planteando temas y luego dando marcha atrás genera desconfianza" y el colectivo está "harto".
Abad ha añadido que "el Verifactu no va a ser capaz de luchar contra el fraude" porque no supone ningún control sobre las facturas no emitidas.
También Uatae cree que este cambio contribuye "a la inseguridad jurídica", que afecta a otras materias que afectan al colectivo como los límites de los módulos.
La asociación se ha mostrado sorprendida por el retraso, ya que el sistema Verifactu "no tiene incidencia práctica en el trabajo autónomo", ya que son los proveedores de software los que tienen que adaptarse a la normativa.
Para cumplir con el nuevo sistema, empresas y profesionales tendrán que adaptar sus sistemas informáticos de facturación para que generen un registro de cada factura que no pueda modificarse ni borrarse y que tiene que estar accesible para la Agencia Tributaria, ya sea remitiendo la información directamente o manteniéndola almacenada en condiciones de seguridad.
Esta medida se ha incluido en un real decreto ley que recoge varios compromisos pendientes del Gobierno con Junts, una norma que tendrá que ser convalidada en el Congreso.