Las pymes y autónomos españoles encaran el cierre del primer trimestre de 2026 en un escenario de tensión financiera. Tras el abono de las nóminas de febrero las empresas han empezado a notar el impacto real del nuevo Salario Mínimo Interprofesional de 1.221 euros, fijados en 14 pagas.
Este incremento, sumado al resto de costes operativos, eleva el coste real de una persona trabajadora por encima de los 1.500 euros mensuales.
Para las pequeñas empresas mantener un puesto de trabajo con las coberturas mínimas supone un desembolso significativo en seguros sociales.
"Para muchos pequeños negocios el SMI no es solo una cifra salarial, es la diferencia entre contratar a un nuevo empleado o congelar la plantilla", señalan expertos en gestión laboral.
Marzo es tradicionalmente un mes de refuerzo de plantillas, pero este año la incertidumbre marca la pauta. Las empresas no solo se enfrentan a salarios más altos, sino también a un volumen de gestión administrativa y costes en seguridad social que, en contratos ordinarios, suponen un esfuerzo considerable.
Ante este panorama, las pymes y autónomos buscan soluciones que les permitan crecer sin comprometer su estabilidad financiera.
En este contexto, el contrato de formación en alternancia se consolida como una herramienta clave para gestionar los nuevos costes laborales. Esta modalidad contractual, diseñada para fomentar el empleo joven, permite a las empresas cumplir con la legalidad del SMI, aplicando tres bonificaciones mensuales durante toda su vigencia, lo que reduce significativamente el coste de los seguros sociales.
"En un momento donde cada euro y cada céntimo cuentan, eliminar prácticamente las cuotas a pagar a la Seguridad Social supone un ahorro directo de más de 3.500 euros anuales por persona trabajadora.
Para muchas empresas es la única forma de seguir siendo competitivas", explica Sensi Cortés, CEO de Grupo2000. Uno de los mayores retos de las empresas es formar a nuevas personas trabajadoras mientras asumen costes salariales desde el primer día.
El contrato de formación es una vía para solucionar este desajuste: permite abonar el salario en proporción al tiempo de trabajo efectivo (65% el primer año), ajustando la inversión de la empresa a la productividad de la persona trabajadora mientras completa su formación.
Por ello, los datos de los últimos meses muestran que muchas pymes y autónomos están optando por los contratos de formación. La combinación de salario proporcional y seguros sociales bonificables permiten absorber las nuevas exigencias del SMI sin comprometer el crecimiento ni la capacidad de contratación.
Esta modalidad es especialmente útil en sectores como servicios y comercio, donde la necesidad de absorber el impacto del SMI sin destruir empleo es más urgente.