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El Dia del Trabajo llega al cerca del millón de interinos en fraude de nuestro país entre la esperanza y la incertidumbre. Aquella sentencia del pasado 14 de abril del TJUE, la del caso Obadal (C-418/24), la cuarta y más contundente resolución europea declara que España incumple sistemáticamente la Directiva 1999/70/CE, vigente desde hace más de 25 años. Las primeras reacciones judiciales sentencias con indemnizaciones elevadas para los profesionales en abuso y alguna fijeza
En vísperas de esta fecha, cientos de empleados públicos en situación de abuso de temporalidad se han concentrado este pasado jueves frente al Congreso de los Diputados convocados por ANSITI, PAFP Madrid y PAFP Murcia. La protesta tiene lugar en una jornada de pleno parlamentario y llega nueve días después de esta sentencia Obadal.
Según los convocantes, la situación se ha agravado; la tasa de temporalidad hasta situarla actualmente entre el 31% y el 34%. Y al mismo tiempo alertan que más de 150.000 trabajadores en fraude de ley han sido expulsados sin indemnización tras décadas de servicio, lo que califican como uno de los mayores abusos laborales en la Administración pública española.
"Esta concentración no es una protesta más. Es la respuesta de miles de trabajadores a los que el Estado ha utilizado durante décadas y ahora pretende echar a la calle como si nada. La sentencia Obadal lo ha dejado claro: ya no hay excusas ni salidas. Exigimos lo que nos corresponde: la fijeza.", indica Lorenzo Campillo, afectado y presidente de ANSITI.
Hay que acabar con el fraude
Para Javier Araúz, abogado del Estado en excedencia, defensor de los derechos de este colectivo desde hace años, cree que Hablar del día del trabajo cuando hay 1 millón de empleados públicos temporales que se encuentran en una situación de abuso y de fraude en su contratación temporal sucesiva, es un contrasentido pues, como tiene dicho el Tribunal Constitucional, el derecho al trabajo incluye también el derecho a un trabajo estable.
“Es inaceptable que la Administraciones públicas mantengan a una tercera parte de sus trabajadores públicos en un régimen de precariedad laboral, mientras que, en el sector privado, el abuso en la precariedad laboral es cero. Esto debería avergonzarnos pues, por desgracia, nos acerca, en el sector público, mucho más a África, que a un Estado moderno y de Derecho europeo2. comenta
En su opinión, “los trabajadores públicos temporales en fraude ley ven el Día del Trabajo de una manera vergonzante, porque no entienden la situación de precariedad laboral en la que se encuentran, ni que el Gobierno de España, transcurridos 25 años de la entrada en vigor de la Directiva europea 1999/70, todavía no les haya dado una solución de estabilización automática, como exige Europa”
Sobre el nuevo movimiento de la Comisión Europea que da dos meses de plazo a nuestro país para que resuelva esta situación, este abogado subraya que en Europa están la esperanza de que se acabe con su situación de precariedad laboral, ya que Europa prohíbe los abusos y el fraude en la contratación temporal, no solo el sector privado, sino también el sector público. “Lo que no se entiende es que la Comisión tarde tanto tiempo en actuar frente a los Estados miembros que no cumplen con la normativa comunitaria, y una espera de 11 años es inaceptable, porque, entre tanto, los abusos y los fraudes se siguen produciendo.”.
En su opinión “Europa tiene que dejar de ser una Europa de Estados y convertirse en una Europa de ciudadanos europeos, lo que es una cosa completamente distinto. Es decir, debe primar siempre la defensa de los ciudadanos europeos y la tutela de sus derechos frente a la defensa de los Estados miembros. Solo así Europa tendrá futuro y solo así se conseguirá el apego de los ciudadanos europeos a la Unión”
Para Araúz “es una vergüenza que nuevamente Europa tenga que explicar a las autoridades administrativas, a los tribunales españoles, a los sindicatos, al legislador y al gobierno, como deben aplicarse y tutelarse los derechos europeos, y, sobre todo, como deben proteger a los ciudadanos y trabajadores públicos frente a los abusos, los fraudes o las imposiciones que proceden del sector público”.
En su opinión, la sentencia Obadal descarta que las medidas tomadas por nuestras autoridades administrativas y judiciales son insuficientes “esto deja claro la incapacidad de esas autoridades y de los poder públicos para aplicar correctamente el Derecho de la UE y proteger a sus ciudadano , sino que está abocando a la única solución posible para garantizar que en España no va haber más empleo precario en el sector público: La transformación de la relación temporal abusiva o fraudulenta en una relación fija, a la que habrá que añadir una indemnización o compensación económica a los empleados público temporales víctimas de estos abusos por la violación sistemática de sus derechos”.
Hay brotes verdes
Por su parte, Francisco Javier Ramón, socio de derecho público y regulatorio en Toda &Nel-lo, otro experto en la defensa de estos asuntos de abuso en las administraciones, considera que después de muchos años de lucha el colectivo de interinos en fraude de ley debe vivir este primero de mayo del presente año 2026 con más optimismo y esperanza que nunca.
“Optimismo consecuencia de la STJUE del pasado 14 de abril que cierra el círculo sobre la única solución posible para sancionar el abuso en nuestro País, a saber, la conversión de la relación temporal en una relación fija, y ello al no existir medida alguna en el ordenamiento jurídico interno para evitar o sancionar tales abusos”, indica.
En cuanto a la esperanza, tiene que ver con, por un lado por las primeras respuestas que ya se están dando desde nuestros Tribunales, tanto los de las Secciones Sociales, como los de las Secciones de lo Contencioso-Administrativo aplicando los pronunciamientos de la STJUE, y, por otro, por las consecuencias que dichos pronunciamientos, especialmente el que provenga de la Sala de lo Social del TS, van a provocar en el legislador para que dé una vez por todas adopte las medidas necesarias para llevar a cabo el exigido y necesario cambio legislativo que ponga punto y final a esta situación absolutamente injusta.
Sobre la actuación de la Comisión Europea en este asunto, también es crítico “Que después de 12 años la Comisión se limite a mandar un dictamen motivado en el procedimiento de infracción no es sino otro más de los motivos que ha coadyuvado a perpetuar la injusticia sufrida por los trabajadores temporales de las AAPP en España, en la medida en que ha favorecido un sentimiento de impunidad en la clase política que ha permitido la pasividad protagonizada a la hora de no adoptar las medidas destinadas a acabar el abuso en la contratación temporal de los empleados públicos”.
Para este jurista “hasta que el legislador no adopte las medidas eficaces y suficientes para evitar el abuso deberán ser nuestros Tribunales en cuanto que garantes el Estado de Derecho los que suplan esta función y vayan reconociendo en sus resoluciones las pretensiones solicitadas tanto de fijeza como de indemnización para sancionar el abuso sufrido por estos trabajadores públicos. Como indicada antes ya están apareciendo esos brotes verdes en las últimas sentencias, circunstancia esta que será abrumadora tras la decisión del pleno de la Sala de lo Social prevista para primeros de este próximo mes de mayo”.
Entre la incertidumbre y el desgaste
Otro de los juristas implicados en la defensa de los intereses de trabajadores del sector publico en abuso es Gerardo Pérez, experto en derecho constitucional, al que pudimos escuchar con Ramón en el último Foro Nacional de ANSITI. Desde su punto de vista , este 1 de Mayo, el colectivo “lo vive con incertidumbre y mucho desgaste después de muchos años reclamando en contra de la precariedad laboral que sufren y de una compensación efectiva y proporcional por ello. Son un colectivo olvidado por España hasta la fecha, de hecho, nuestro país lleva 25 años sin adecuar su normativa al Derecho de la Unión Europea.
Desde su punto de vista, “las sentencias y pronunciamientos que llegan desde la Unión Europea son claros, la pasividad y desidia por parte de nuestros poderes públicos son vergonzantes.”.
En cuanto a la actuación de la Comisión Europea, aún pendiente de resolver un procedimiento de infracción de nuestro país desde hace doce años este jurista reconoce que “entre los fallos del sistema, están los fallos en la propia Comisión Europea, que como garante del cumplimiento del Derecho de la Unión europea no puede tener doce años pendiente de resolución un expediente de sanción a un país por incumplimiento”.
En su opinión, “la valoración mirando hacia atrás es negativa, en atención a los años de dilación en la resolución del expediente sancionador. La valoración mirando al futuro espero que sea más optimista, y suponga una solución final
Respecto al panorama que puede surgir tras la sentencia Obadal y la posterior sentencia del Supremo, Gerardo Pérez confía en que “ de una vez por todas el Poder Judicial aplique el artículo 4 bis de la LOPJ y sentencia conforme a la jurisprudencia vinculante del TJUE, que deriva de la primacía de la norma europea sobre las normas legales internas españolas. Son muchos años de resistencia por parte del Poder Judicial a asumir la jurisprudencia del TJUE. Esa tendencia debe cambiar”.