- Un borrador ministerial elimina la protección por antigüedad y puede provocar expulsiones masivas en la Administración de Justicia. Unive Abogados alerta y llama a reclamar antes de su entrada en vigor.
El Ministerio de Justicia trabaja en una Orden Ministerial que modificará de forma sustancial el régimen de cese del personal interino en la Administración de Justicia. Aunque el departamento presenta la iniciativa como un ajuste técnico para adaptar las oficinas judiciales al nuevo modelo derivado de la Ley Orgánica 1/2025, el contenido del borrador supone un cambio relevante en las reglas de permanencia del personal temporal.
El núcleo de la reforma se encuentra en la modificación del artículo 18 de la Orden JUS/2296/2005. Hasta ahora, cuando en una oficina judicial existían varios interinos ocupando vacantes, el criterio general de cese era la antigüedad: cesaba quien hubiera sido nombrado más recientemente, lo que ofrecía una mínima protección a quienes acumulaban mayor experiencia en el puesto.
El nuevo modelo elimina ese principio como regla general. Con la implantación de códigos individuales de puesto de trabajo, el sistema pasa a funcionar de forma automática: cuando el funcionario titular ocupa el código asignado a un puesto, el interino que lo ocupa cesa, con independencia del tiempo de servicio acumulado.
Desde Unive Abogados advierten de que esta modificación “no es un simple ajuste organizativo, sino un cambio estructural que puede provocar la salida de miles de interinos sin que se haya previsto ningún mecanismo de transición ni compensación”. A su juicio, el riesgo es que la reforma no reduzca la temporalidad, sino que la gestione mediante ceses automáticos.
El Ministerio justifica la medida en términos de “seguridad jurídica”, “buena regulación” y “eficiencia administrativa”. Sin embargo, el análisis del borrador muestra que la reforma no introduce medidas de estabilización ni reconoce trayectorias prolongadas, sino que se limita a reorganizar administrativamente los ceses. Tampoco responde al espíritu de la Directiva 1999/70/CE, que exige prevenir y sancionar el abuso de la contratación temporal, no facilitar su extinción automática.
Impacto social y jurídico
La consecuencia práctica del nuevo modelo es que miles de interinos pasan a depender exclusivamente de un criterio técnico —el código del puesto— para mantener su empleo. La norma regula con detalle los mecanismos administrativos del cese y la ordenación de bolsas, pero no incorpora ninguna previsión sobre el impacto social de la medida.
Desde Unive Abogados subrayan que el texto “no dedica una sola referencia a la precariedad acumulada, a la situación personal de los afectados ni al efecto real que puede tener una oleada de ceses sobre servicios públicos esenciales”. Tampoco se prevén indemnizaciones, ni fórmulas de transición, ni reconocimiento alguno de las situaciones de abuso prolongado.
La seguridad jurídica que invoca el Ministerio, añaden desde el despacho, “opera fundamentalmente en beneficio de la propia Administración, al clarificar procedimientos internos, pero no ofrece una protección equivalente al trabajador frente a decisiones que afectan directamente a su estabilidad laboral y económica”.
Europa y los tribunales marcan otro camino
La iniciativa ministerial llega, además, en un contexto especialmente sensible. Las instituciones europeas vienen reclamando a España medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas frente al abuso de la temporalidad en el sector público. El Abogado General de la Unión Europea ha señalado expresamente que los procesos selectivos por sí solos son insuficientes y que deben existir mecanismos reales de sanción.
La Comisión Europea ha ido más allá y ha retenido 626.615.891 euros del Plan de Recuperación al considerar que España dejó caducar el plazo para cumplir el denominado hito 144, que exigía reducir la temporalidad y establecer sanciones efectivas contra el abuso.
En paralelo, la jurisprudencia empieza a reflejar una tendencia clara: el abuso prolongado de contratos temporales no puede quedar sin consecuencias. El Tribunal Supremo ha reconocido en recientes resoluciones que cuando se utilizan contratos administrativos para cubrir necesidades estructurales se está ante una relación laboral real, y que la reiteración de contratos no puede normalizarse como modelo de gestión (STS 5662/2025, de 3 de diciembre de 2025).
Llamamiento a los interinos: reclamar antes de que sea tarde
Frente a un borrador que normaliza el cese automático sin medidas de compensación, desde Unive Abogados lanzan un mensaje claro a los profesionales afectados: es fundamental actuar antes de que la reforma entre en vigor.
“Una vez producido el cese, la posición jurídica del trabajador se debilita considerablemente. En cambio, iniciar reclamaciones previas, documentar el abuso sufrido y asesorarse jurídicamente con antelación puede resultar determinante para la defensa de sus derechos”, explican desde el equipo jurídico del despacho.
Unive Abogados está ya analizando casos de interinos de la Administración de Justicia en distintas comunidades autónomas y preparando acciones legales individuales frente a situaciones de abuso de temporalidad prolongada.
El despacho recuerda que la Directiva 1999/70/CE, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la presión de las instituciones europeas coinciden en una idea esencial: la temporalidad abusiva no puede convertirse en un modelo estructural sin consecuencias para la Administración.
