El Gobierno trabaja en nuevas medidas para reducir la temporalidad en el empleo público, una práctica que ha generado reiteradas advertencias de Bruselas y varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según adelantó RTVE, el Ejecutivo planea implantar un sistema de alertas que detecte automáticamente cuando un trabajador encadena contratos temporales durante más de tres años, y estudia endurecer las sanciones a las entidades públicas que incurran en este abuso.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, estima que el abuso de temporalidad afecta actualmente a menos de 200.000 trabajadores. En total, la Administración cuenta con unos 900.000 empleados temporales, y los datos de 2025 cifran en un 32 % el porcentaje de trabajadores públicos que concatenaron contratos ese año, unos 3,1 millones, según el propio departamento.
RTVE recuerda que España acumula más de una década bajo la vigilancia de la Comisión Europea, que investiga el incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE, la cual exige igualdad de trato entre empleados temporales y fijos. Las medidas adoptadas hasta ahora —como el Real Decreto-ley 14/2021 y la Ley 20/2021 para reducir la temporalidad— no han sido suficientes para Bruselas.
El plazo europeo apremia
El pasado 29 de junio, el Gobierno solicitó una prórroga de dos meses a la Comisión Europea para presentar su plan definitivo contra la temporalidad. Ese plazo expira el 29 de agosto, y Bruselas espera una propuesta concreta que garantice el cumplimiento de la normativa comunitaria.
RTVE señala que la Comisión considera insuficientes los avances realizados y exige medidas más efectivas para evitar que los contratos temporales se prolonguen indefinidamente en la Administración.
El Supremo marca los límites de la fijeza
La situación se complica tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que establece que los interinos solo podrán adquirir la condición de fijos si superan una oposición. El Alto Tribunal determina que quienes no hayan pasado un proceso de acceso basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad no podrán convertirse en funcionarios permanentes, aunque sí tendrán derecho a indemnización si se demuestra abuso en la concatenación de contratos.
Un conflicto que viene de lejos
El origen del problema se remonta a 2016, cuando una trabajadora madrileña denunció haber encadenado seis interinidades en un centro público. El caso llegó al Supremo y posteriormente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en 2024 y 2026 volvió a reprender a España por no aplicar medidas efectivas contra la temporalidad.
Hacia una reforma estructural
El Ministerio de Óscar López trabaja con las comunidades autónomas para diseñar un sistema que prevenga el abuso antes de que se produzca, mediante alertas automáticas y sanciones más severas. El objetivo, según RTVE, es garantizar estabilidad laboral y transparencia en la contratación pública, cumpliendo los estándares europeos y evitando nuevas sanciones.