CUNEF Universidad ha celebrado una nueva jornada del ciclo “Jueves Derecho CUNEF Universidad”, bajo el nombre de “la industria del litigio”. La sesión, celebrada en el Aula Magna del Campus Almansa, ha contado con la participación de Diego Vicente Pérez, socio de Litigación y Arbitraje en Garrigues; Raquel Blázquez Martín, magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo; y Jesús Rodrigo, consejero delegado de PLA Litigation Fundinge. El encuentro ha sido moderado por Andrés Betancor, director del Departamento de Derecho de CUNEF Universidad.
Durante el encuentro, los ponentes han analizado la transformación del litigio en un activo financiero, un fenómeno que está llevando al sistema judicial a una situación crítica. Andrés Betancor, ha sido el encargado de contextualizar la relevancia del debate, explicando que el sector legal vive una transformación sin precedentes. “En el transcurso del último lustro, el litigio ha dejado de ser exclusivamente un mecanismo de reparación de perjuicios individuales para convertirse incluso en un activo financiero negociable, monetizable y susceptible de generar incluso tasas de retorno”, ha señalado. Betancor ha añadido que esta nueva realidad plantea tres grandes frentes: “el surgimiento de un nuevo ecosistema financiero legal, el colapso institucional que afecta a nuestros tribunales y el riesgo sistémico, contable y reputacional para las empresas”.
La advertencia más contundente ha provenido de Raquel Blázquez Martín, quien ha sido tajante al valorar la capacidad del sistema para hacer frente a esta nueva realidad: “¿estamos preparados para afrontar esta industrialización del litigio? Rotundamente no”. La magistrada del Tribunal Supremo expuso que “estamos absolutamente sepultados debajo de una situación de colapso, de los 27.864 recursos pendientes en la Sala, el 60% (unos 16.700) son ya litigios en masa”.
El debate ha puesto de manifiesto cómo esta industrialización ha alterado el equilibrio de fuerzas tradicional. Diego Vicente Pérez, desde la perspectiva de la defensa jurídica de las empresas, ha descrito un cambio de paradigma en el que la antigua asimetría entre corporación y consumidor se ha desvanecido. Ha señalado que “el foco de la asimetría lo pondría más bien entre las partes, que pueden estar más o menos equilibradas ahora mismo en este escenario, y la administración de justicia. El sistema judicial se ha quedado atrás en medios para afrontar el desafío”.
En este nuevo ecosistema, los fondos de litigación juegan un papel protagonista. Para explicar su función, Jesús Rodrigo ha defendido que su propósito va más allá del mero beneficio económico: “la razón de ser de los fondos de litigios y por qué existimos, se basa en tres pilares. Dinamizar la economía nacional y los activos litigiosos, facilitar el acceso a la justicia, y, como fondos de inversión, dar una inversión atractiva en el binomio riesgo-beneficio a los inversores”.
Un sistema judicial al límite de su capacidad
La creciente tensión sobre la judicatura ha sido uno de los ejes centrales del encuentro. Para ilustrar el desbordamiento, Raquel Blázquez ha aportado su opinión sobre la carga de trabajo del Tribunal Supremo: “hace 7 años entraban en el Tribunal Supremo al año unos 3.000 asuntos, en 2025 han entrado 13.000, o sea se multiplica por cuatro”. Ha insistido en que esta situación pone en riesgo el propio estado de derecho, pues la industria de la litigación “tampoco puede ser el mar que engulle ordenadamente a los tribunales que prestamos ese escudo orgánico a la sociedad”.
Este colapso obliga a los abogados a replantear sus estrategias. Diego Vicente Pérez ha subrayado la importancia de actuar con lealtad procesal en un contexto tan saturado, ha señalado que “tu deber como abogado es decir, si había cinco o seis argumentos, no consumas tu credibilidad abrasando al juez en repetir otra vez los seis mismos que empezaste a plantear al principio, cuando uno de ellos, por ejemplo, ya está claramente resuelto”. De esta forma, se busca una efectividad y no se contribuye al bloqueo.
Frente a las dudas sobre posibles conflictos de interés, Jesús Rodrigo ha sido tajante: “Para nosotros la deontología es esencial”. Para ello, ha detallado, la mejor práctica es regular todos los supuestos en el contrato inicial, especificando cómo se gestionarán momentos clave como una posible negociación: “regule usted en el contrato, primero, cuál va a ser el proceso decisorio interno entre las partes cuando se haya de discutir sobre una transacción”.
La reforma legislativa, única vía para evitar el colapso
Sobre las perspectivas de futuro, la visión más pesimista la ha aportado Diego Vicente Pérez., que ha augurado que “sin cambios legislativos, además, urgentes, la situación no hará más que empeorar y, a corto plazo, el panorama no irá a igual a mejor en dos años”. Por su parte, Jesús Rodrigo ha reconocido que la industria de la litigación seguirá su expansión. Ante ello, ha afirmado que su principal compromiso debe ser la transparencia, de manera que “se sepa lo que es un fondo de litigios, diferenciar lo que es un fondo y lo que no es, lo que es una buena práctica de lo que es una mala práctica”.
Por el contrario, Raquel Blázquez ha cerrado su intervención con una llamada a la responsabilidad compartida para proteger la integridad del sistema judicial. Ha recordado, citando al filósofo Peter Sloterdijk, que el ordenamiento jurídico es “el sistema inmunológico de la sociedad”, una defensa que todos los actores implicados deben preservar.
En definitiva, la jornada ha concluido con un diagnóstico compartido sobre la insostenibilidad del modelo actual. A pesar de las diferentes perspectivas, los ponentes han coincidido en la necesidad urgente de una reforma legislativa que regule de forma eficaz las acciones colectivas para evitar el colapso del sistema. Asimismo, se ha hecho una llamada a la responsabilidad institucional y a la colaboración entre todos los actores para preservar la integridad del derecho a la tutela judicial efectiva en este nuevo paradigma.
Con este seminario, CUNEF Universidad consolida el ciclo “Jueves Derecho CUNEF Universidad” como un espacio de encuentro entre el ámbito académico y el profesional, dedicado a analizar los grandes temas de actualidad jurídica con una mirada rigurosa, humanista y abierta al cambio. La próxima sesión se celebrará el 19 de marzo con el título: “Las consecuencias nefastas de las malas leyes”.