Bruselas, 4 dic (EFE).- Distintas medidas aplicadas en España para dotarse de una justicia adaptada a los menores son puestas como ejemplo en el informe anual de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), publicado este lunes.

El informe ofrece una visión general de la legislación de la UE y la evolución reciente en el acceso a la justicia a través de recursos judiciales y no judiciales.

En el apartado dedicado a la justicia adaptada a los menores, destaca a España por haber "puesto en marcha medidas de detección precoz para identificar la violencia contra los niños, incluida una obligación reforzada para quienes estén en contacto con menores de denunciar sospechas de abuso".

El informe señala que los Estados miembros tienen cada vez más en cuenta las necesidades de los niños a la hora de organizar servicios de apoyo a las víctimas.

Y explica que en España "en los procesos penales por violencia contra un niño o adolescente, el niño debe ser remitido a una Oficina de Atención a las Víctimas".

También habla de una iniciativa para reforzar la justicia adaptada a la infancia mediante la cooperación y coordinación entre diferentes servicios en las regiones de España, con el objetivo de redactar recomendaciones y desarrollar una estrategia y un plan de acción.

El informe anual sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea publicado hoy por la Comisión Europea es complementario del informe anual sobre el Estado de derecho.

En particular, se centra en la protección jurídica efectiva y el acceso a la justicia.

Las políticas descritas en el informe van desde los esfuerzos para digitalizar el sistema de justicia, hasta para proteger a las víctimas de delitos o discriminación, reforzar los derechos de los consumidores y proteger los derechos de los sospechosos o acusados en los procesos penales.

Incluye también áreas como la protección del medio ambiente y los derechos de los consumidores.

La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, subrayó en un comunicado que los ciudadanos "deben beneficiarse de un acceso igualitario a la justicia y de una protección jurídica efectiva" e instó a los Estados miembros "a garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales sobre el terreno".