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Los sistemas de Inteligencia Artificial generativa –como ChatGPT u otras plataformas similares– se han convertido en una herramienta cotidiana para estudiar, trabajar, redactar documentos o resolver dudas. Pero el mismo instrumento que sirve para preparar un examen o escribir un informe también puede utilizarse para planear una estafa, redactar amenazas, buscar formas de hackear una cuenta o incluso para diseñar un fraude empresarial complejo.

En ese momento surge la duda clave: si pides a una IA que te ayude a cometer un delito, ¿qué responsabilidad penal tienes tú?, ¿se puede “culpar” a la máquina?, ¿o responderán el usuario, la empresa que la ofrece, el programador… o todos a la vez? Entender estos límites es esencial para cualquier persona que utilice estas tecnologías, y aún más si eres empresario, directivo o profesional que toma decisiones con impacto jurídico.

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