El nuevo rostro del delito cuando la IA se vuelve cómplice en Latinoamérica
Luis Enrique Gutiérrez Oliva, abogado penalista con siete años de litigio exitoso. Socio gerente del Estudio Gutiérrez Oliva SAC y conferencista internacional.
Imagínate por un momento que recibes un audio de WhatsApp. Es tu hermano, su voz, exactamente su tono angustiado, pidiéndote que transfieras dinero porque tuvo un accidente. No lo dudas, es él. Horas después lo llamas y te responde tranquilo, en su casa, sin saber nada de ningún audio. Alguien, desde una celda o desde una computadora cualquiera, clonó su voz con inteligencia artificial. Esto no es un guion de ciencia ficción. En Bolivia, en 2025, el grupo criminal Clan San Roque hizo exactamente eso con la voz del exministro de Educación Omar Veliz Ramos, y se embolsaron más de 720.000 dólares.
Quienes litigamos en derecho penal digital estamos asistiendo a una mutación silenciosa pero profunda del delito. Ya no se trata únicamente de un hacker tras una pantalla. Hoy, en Latinoamérica, los códigos penales se enfrentan a un enemigo que ni siquiera tiene rostro, los algoritmos de inteligencia artificial capaces de clonar voces, generar identidades falsas y ejecutar fraudes sin intervención humana directa.
Los números son contundentes. Según un informe de GMS Seguridad, solo durante el primer semestre de 2025 se registraron 66.000 incidentes de seguridad digital en la región, y la mayoría de ellos fueron potenciados por inteligencia artificial generativa. Hablamos de phishing hiperrealista, deepfakes y malware polimórfico que se reescribe a sí mismo para evadir controles. No es una exageración decir que Latinoamérica se ha convertido en el nuevo epicentro de esta innovación criminal, superando incluso a Estados Unidos en ritmo de ataques, tal como revelan los reportes de Sumsub y Kaspersky.
Pero lo más inquietante para el derecho penal es otro dato, que la investigación de Unit 42, equipo de inteligencia de amenazas de Palo Alto Networks, demuestra que ya existen agentes autónomos de IA capaces de ejecutar todas las fases de un ataque de ransomware en solo 25 minutos. Sin una persona dando órdenes. Eso significa que nuestras categorías tradicionales de autoría, participación y dosis de intervención se quedan cortas. ¿Quién es el autor material cuando el sistema aprende de sus errores, se adapta al entorno y borra sus propios rastros digitales?
Casos concretos ya están en los expedientes judiciales. Además del ejemplo boliviano, en agosto de 2025 la policía de Río de Janeiro desmanteló una estafa contra Uber que involucraba casi 2.000 viajes fraudulentos. Los criminales usaron imágenes generadas por IA para crear perfiles ficticios de conductores y pasajeros. Durante esos “viajes fantasma”, los perfiles se eliminaban antes del pago, obligando a la plataforma a reembolsar a los falsos conductores. La tecnología ya no es el futuro; es el presente de la causa penal.
Ante este panorama, algunos países han reaccionado. Perú actualizó su Código Penal en abril de 2025 para incluir los delitos que involucran el uso de tecnologías basadas en IA. Sin embargo, Argentina, Chile, Colombia y Brasil aún están en proceso de elaborar sus propuestas legislativas. Y aquí surge el problema estructural que cualquier abogado litigante puede anticipar, que no basta con tipificar el uso malicioso de IA como agravante si después no tenemos capacidad técnica para investigarlo. Como bien apunta Juan Manuel Aguilar Antonio, profesor investigador de la UNAM, las instituciones suelen estar fragmentadas en policía, fiscalías y agencias financieras, no trabajan de manera coordinada, y la brecha tecnológica entre el Estado y los grupos criminales es cada vez más amplia.
A ello se suma el modelo de “crimen como servicio”. Plataformas como WormGPT, FraudGPT o Xanthorox AI, accesibles en la dark web, permiten a cualquier persona con recursos mínimos alquilar herramientas de fraude, ransomware o generación de identidades falsas. Según un informe de la plataforma israelí Kela, este mercado creció un 200% en solo 12 meses. Y organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Primer Comando de la Capital ya externalizan sus operaciones digitales, utilizando IA para planificar rutas de tráfico, clonar voces o lanzar campañas de phishing financiero.
Frente a ello, ha surgido una respuesta compartida entre Estados Unidos y la región. La Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia de 2025, apoyada por Perú y Brasil, establece un marco para el intercambio de pruebas electrónicas en tiempo real. Y la Academia Internacional para la Aplicación de la Ley (ILEA) en San Salvador, con instructores del FBI y el Servicio Secreto, capacita a los agentes latinoamericanos en cadena de custodia digital e investigaciones de ciberextorsión.
Pero como advierte el propio Aguilar Antonio, no basta con leyes o academias. Necesitamos una estrategia integral, es decir actualizar los códigos penales, cerrar la brecha tecnológica, invertir en ciberinteligencia y, sobre todo, formar a jueces y fiscales en esta nueva criminalidad. Porque si el delito ya no requiere interacción humana, el derecho penal tampoco puede seguir pensando en el delincuente como alguien con un rostro y un domicilio.