Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, ha entregado memoria oficial al Rey Felipe VI, mismo que demuestra que solo se han admitido 153 recursos de amparo, de los casi 10 000 que se presentaron en 2024. Esta cifra solo corresponde al 2 %, aun cuando se ha implementado un plan de choque, que supone más rapidez y, por ende, más admisiones que el año anterior. Según Miguel Javaloyes, socio fundador de Javaloyes Legal, “las estadísticas confirman que existe una gran demanda de justicia, pero también que el recurso de amparo se ha convertido en una vía casi inaccesible para el ciudadano común”.
Con esto, cabe preguntar: ¿es el recurso de amparo una herramienta que ha garantizado la accesibilidad al sistema?
Tribunal informa bajas admisiones de recurso de amparo
En 2024, se rompió un récord en el ingreso total de 9871 asuntos al Tribunal Constitucional: dentro del 99,2 % de estos recursos de amparo, tan solo 153 fueron admitidos. Cualquiera podría pensar que este es un progreso, frente a los 87 recursos admitidos en 2023. Sin embargo, esto solo implicó una mejora del 0,5 %.
A pesar de los datos presentados, el mismo Tribunal, en defensa del plan de choque, ha informado que se han reducido los tiempos de tramitación, lo que ha permitido que se pueda crear más doctrina constitucional.
Si bien se han hecho varios intentos por mejorar el sistema, el recurso de amparo sigue siendo casi inaccesible para el ciudadano común. Esto sucede porque se sigue dejando fuera casos de vulneraciones flagrantes de derechos, mientras que se da más apertura a recursos políticos o autonómicos, lo que supone un sistema más restrictivo con los ciudadanos.
Aunado a esto, se ha notado una falta de motivación en las inadmisiones, al presentarse autos de apenas dos líneas, lo que, por supuesto, genera frustración en la comunidad jurídica. No obstante, es necesario agotar la vía del Tribunal Constitucional para poder optar por interponer un recurso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Lamentablemente, este tampoco es generoso con la población, pues puede llegar a tener tasas aún más bajas en sus admisiones, lo que prácticamente convierte al Tribunal Constitucional en la última instancia judicial.
Parece que este tipo de injusticias son globales, pues el Tribunal Supremo de Estados Unidos admite tan solo 1 % de los recursos de amparo que se interponen al año. Mientras tanto, España ha recibido varias denuncias sobre el desequilibrio que existe en cuanto a la selección de asuntos que ingresan a su sistema.
Es necesario señalar las limitaciones que tienen los Tribunales de Garantías, que con tan solo 12 magistrados están manejando un increíble volumen de asuntos. De allí que se solicite la ampliación de los sistemas constitucionales en materia de recurso de amparo. Y parece ser que la misma problemática se presenta tanto en el Tribunal Supremo norteamericano como en el TEDH de Estrasburgo.
Impacto de asuntos políticos en los recursos de amparo
La evidente falta de admisiones lleva a la interpretación de que la situación no es más que un cheque en blanco para el gobierno actual en la promulgación de decretos y leyes de impacto político. Tal situación demuestra que hay distintas varas de medir cuando se va a determinar la admisión de trámites. Por eso, cada vez más voces se alzan en pro de una revisión de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Sin duda, lograr que un recurso de amparo sea admitido, tanto por el Tribunal Constitucional como el Supremo, es un reto para los abogados administrativos en ejercicio. Aunque estos entes judiciales están creados para garantizar los derechos fundamentales, las acciones demuestran un carácter excluyente, convirtiéndose, más bien, en un muro infranqueable para los ciudadanos.
Por eso, se exige que se clarifiquen los límites del recurso, haya una mayor motivación por parte de las entidades judiciales y se refuerce las mismas como garantes de la legalidad ordinaria.
Obstáculos para los ciudadanos que interponen un recurso de amparo
Si el recurso de amparo es una protección para los derechos ciudadanos, ¿por qué está causando un desenfoque en la reparación de violaciones? Después de la promulgación de la Ley Orgánica 6/2007, se introdujo al sistema un requisito que pondría en tela de juicio la admisión del recurso. A este respecto, en jurisprudencia del Tribunal Constitucional 155/2009, se determinó que no basta con demostrar que se ha vulnerado un derecho, sino también que se debe aportar la relevancia jurídica para la doctrina constitucional.
Por supuesto, no solo se trata de una violación del derecho, sino también de obstáculos para el ciudadano al suponer un procedimiento más costoso y complejo, lleno de formularios estrictos y plazos cortos. Además, se debe rellenar un formulario online de 25 folios, lo que hace aún más difícil comenzar el proceso de recurso de amparo.
No se debe olvidar mencionar que el tiempo de espera para recibir una resolución supera con facilidad el año, aunque algunas mejoras en la fase de admisión han reducido este tiempo a nueve o incluso cuatro meses. Aunque, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece en realidad que el plazo de admisión de un recurso es de tan solo 30 días después de la presentación de este ante el órgano competente. No obstante, en cuanto a los aspectos de fondo y lo referente a la resolución, no es relevante el cambio que se ha logrado hasta los momentos.
Luchar por los derechos fundamentales nunca había sido tan difícil
Ahora bien, es cierto que el recurso de amparo no tiene carácter obligatorio ni mucho menos es impuesto por la Constitución, ya que hay otras vías para corregir infracciones constitucionales. No obstante, es impactante como el Tribunal Constitucional está tomando decisiones que son de jurisdicción ordinaria. Y más aún, que la resolución de dichas cuestiones de inconstitucionalidad se maneja bajo criterios políticos, lo que, sin duda, es peligroso.
Según Miguel Javaloyesl, hay una gran demanda de justicia, misma que se contempla en la Memoria Constitucional. En tanto, la cantidad de recursos de amparo que se han presentado, han ido en aumento en los últimos años. Además, afirmó que esto no solo ocurre en esta área, sino también en otros recursos de igual complejidad como el de casación. Esto a razón de que cada vez más ciudadanos están convencidos de tener la razón y, por ende, están dispuestos a luchar hasta el final por sus derechos.
En este punto del camino es cuando un abogado será un aliado clave para lograr la justicia. Aun así, si se analizan los datos que se presentaron en Memoria Oficial, la cantidad de recursos inadmitidos por razón de inexistencia de esta trascendencia supera el 50 %.
Mientras tanto, un 20 % han sido inadmitidas por no presentar una justificación adecuada. De tal manera que los expertos muchas veces tienen que informar si el recurso será viable o bien, reconocer que será casi imposible lograr su ascensión, así, se evitarán muchas frustraciones y pérdidas económicas en vano.
Para Javaloyes, “luchar por los derechos fundamentales nunca había sido tan difícil: el ciudadano se enfrenta no solo a la violación de su derecho, sino también a un procedimiento diseñado para desanimarlo”.