- La Justicia española empieza a flexibilizar el tope de 20.000 € previsto por ley, permitiendo que autónomos y particulares libren deudas mucho mayores con la Administración. Una tendencia que puede suponer un antes y un después en la Ley de Segunda Oportunidad.
En los últimos meses, distintos juzgados mercantiles y el propio Tribunal Supremo han comenzado a romper el blindaje que protegía al crédito público, permitiendo a los deudores de buena fe cancelar íntegramente sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social, incluso cuando superan los límites legales de 10.000 € por organismo.
El mensaje judicial es claro: una segunda oportunidad debe ser completa o no será tal.
Entre los fallos más destacados se encuentra la Sentencia del Tribunal Supremo 450/2025, que ha declarado inaplicable la exclusión del crédito público prevista en el Texto Refundido de la Ley Concursal, al entender que vulnera los principios de igualdad y proporcionalidad exigidos por la Directiva europea sobre insolvencias. En paralelo, juzgados de Madrid, Alicante y Valencia han empezado a dictar autos en los que se perdonan deudas superiores a los 100.000 € con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, invocando el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea.
Uno de los casos más sonados fue el del Juzgado de lo Mercantil nº 19 de Madrid, que permitió a un autónomo exonerar más de 150.000 € de deuda pública, calificando el límite legal de “insuficiente y carente de justificación real”. El magistrado destacó que mantener ese techo “impide el verdadero renacer económico que la norma persigue”.
“Un cambio que puede devolver la esperanza a miles de familias endeudadas”
Para Almudena Argüelles, directora del departamento jurídico de Unive Abogados, este cambio de tendencia “marca un punto de inflexión en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España”:
“Durante años, miles de autónomos y familias se han visto asfixiados por deudas con Hacienda o la Seguridad Social que no podían afrontar. Muchos no actuaron con mala fe, simplemente se vieron sobrepasados por crisis, sanciones o cierres forzosos. Que los jueces estén empezando a perdonar importes superiores al límite legal supone devolverles la dignidad y, sobre todo, una auténtica segunda oportunidad”.
La directora subraya que estos casos no se limitan al ámbito empresarial:
“En Unive Abogados hemos acompañado a amas de casa casadas en régimen de gananciales, que quedaron afectadas por deudas contraídas por su cónyuge; trabajadores en paro sobrevenido que recurrieron a créditos de consumo; o familias atrapadas en tarjetas revolving con intereses abusivos. Son historias reales que demuestran que cualquiera puede verse en una espiral de deuda sin haber hecho nada mal. La justicia está empezando a mirar a la persona, no solo a la norma.”
La exoneración de deuda pública por encima de los 20.000 € ya no es un hecho aislado. Cada vez más tribunales interpretan que la protección del deudor honesto debe prevalecer sobre el interés recaudatorio del Estado, alineando el sistema español con los estándares europeos.
En palabras de Argüelles,
“No se trata de premiar al que no paga, sino de dar una salida a quien lo ha intentado todo y no puede más. La segunda oportunidad no puede tener excepciones cuando lo que está en juego es la vida económica de miles de personas.”
