Como abogada especializada en insolvencia y en la Ley de Segunda Oportunidad, tras más de 1.000 familias y emprendedores acompañados hacia un nuevo comienzo, he leído con atención la entrevista publicada recientemente por Law&Trends al magistrado Álvaro Lobato.
Las afirmaciones que contiene merecen una reflexión rigurosa, no solo por su impacto social, sino porque influyen directamente en cómo se percibe y se aplica un mecanismo que, aunque imperfecto, ha permitido que miles de personas recuperen su estabilidad vital y productiva.
Pero es importante que, desde la práctica diaria, quienes vemos de cerca la realidad de los deudores podamos aportar una visión complementaria.
La Segunda Oportunidad no es un “fraude gigantesco”: es una red de seguridad social necesaria
Calificar la Segunda Oportunidad como un fraude revela una mirada profundamente alejada de la realidad social y económica de las personas que acuden a este mecanismo.
El fraude, cuando existe, se persigue; la mala fe se sanciona; las resoluciones que deniegan exoneraciones están ahí y se aplican. Pero convertir el abuso en regla general es desconocer cómo funciona el sistema.
Quien pasa por el procedimiento no lo hace por gusto.
Nadie se levanta una mañana deseando declararse insolvente, exponiendo su vida económica y personal a revisión judicial, ni soportando llamadas, embargos y años de angustia.
Quien llega, llega porque la vida se ha torcido:
un negocio que se desploma, la pérdida de ingresos,
una enfermedad, un divorcio,
o una concatenación de microcréditos con intereses imposibles.
Hablar de fraude generalizado sin haber caminado antes por los zapatos de un pequeño empresario arruinado, sin haber visto cómo su proyecto, su ahorro y su futuro se desmoronan, es, cuanto menos, una visión incompleta.
El ejemplo de “si ganas 1.000 € y te endeudas en 100.000 eres temerario” falla donde más importa
Ese ejemplo se repite en la entrevista, pero omite un elemento esencial: si una persona sin capacidad real de pago accede a 100.000 euros, el problema no está solo en quien lo pide, sino en quien lo concede.
Un prestamista profesional tiene deberes normativos: evaluar solvencia,
identificar riesgos,
no alimentar espirales de endeudamiento que sabe que acabarán mal.
Durante años, en España se prestó sin control y sin responsabilidad, con tarjetas revolving al 25%, micropréstamos usurarios y créditos encadenados. Decir ahora que el deudor debe cargar con toda la culpa es olvidar la otra mitad del sistema.
Como decía mi padre:
“Los bancos son esos señores que te quitan el paraguas cuando llueve y te lo ofrecen cuando hace sol.”
Y esto, por duro que suene, lo hemos vivido todos: boom inmobiliario, hipotecas que se daban como caramelos, préstamos para coches, reformas o viajes... y cuando llegó la tormenta, tuvo que rescatarles el mismo pueblo que ahora es quien soporta esas deudas.
Limitar la Segunda Oportunidad solo a empresarios: un error que agravaría el problema
Plantear que la Segunda Oportunidad solo debería amparar a empresarios o autónomos es desconocer la estructura de nuestro endeudamiento real.
Si eso se legislara:
miles de ciudadanos tendrían que darse de alta como autónomos únicamente para poder acceder a la exoneración, un absurdo jurídico y económico que desnaturalizaría totalmente la norma.
La insolvencia del consumidor existe, y es estructural: sueldos bajos, alquileres altos, acceso tóxico al crédito…
No reconocerlo no soluciona nada; solo multiplica la exclusión.
La deuda pública: sí a su protección reforzada, no a convertirla en un muro infranqueable
Coincido en que el crédito público debe tener una protección reforzada. Pero la superprotección absoluta conduce a bloquear el mecanismo. Si un deudor jamás puede liberarse de su deuda pública, la Segunda Oportunidad se queda coja y deja de cumplir su finalidad: permitir que una persona vuelva a ser productiva.
Apostar por un equilibrio razonable no significa debilitar al Estado: significa fortalecernos todos.
¿Transferir el control a los bancos o supervisores financieros? Sería el final del sistema
En la entrevista se sugiere que el control debería pasar a una entidad como el Banco de España.
Eso equivaldría, en la práctica, a poner a los acreedores más poderosos a vigilar la puerta de entrada a un mecanismo que limita sus propios derechos.
Sería, sin rodeos, el final de la Segunda Oportunidad. El proceso debe seguir en sede judicial: con garantías, con contradicción, con independencia y con control real de la buena fe.
Experiencia real: más de 1.000 familias y empresarios que han renacido
Cuando uno acompaña a tantas personas en este camino, el discurso del “fraude masivo” simplemente no encaja con la verdad.
He visto a familias enteras respirar después de años de angustia. He visto a empresarios volver a emprender.
He visto a padres recuperar sus nóminas, su dignidad y su vida.
La Segunda Oportunidad no es una puerta de escape para irresponsables. Es un mecanismo de rescate para personas honestas que se han hundido.
Crítica constructiva: mejorar, sí; demonizar, nunca
¿Debe mejorarse la ley? Por supuesto:
más claridad,
más criterios unificados,
más control del crédito irresponsable, más medios para los juzgados.
Pero construir un discurso que presenta al deudor como enemigo del sistema solo genera miedo, estigma y rechazo social.
El Derecho concursal, bien aplicado, no destruye confianza: la reconstruye. Y un país que permite renacer a quien ha fracasado es un país más fuerte, más innovador y más justo.
Conclusión
- La Segunda Oportunidad no es un privilegio.
- No es una trampa.
- No es una puerta para la picaresca.
Es una herramienta civilizada, avalada por Europa, para que nadie quede condenado de por vida por una deuda impagable.
Criticar sus excesos es legítimo.
Pero deslegitimarla desde prejuicios o desde una visión parcial es injusto para quienes más la necesitan.
Y, sobre todo, injusto para una sociedad que no puede permitirse seguir dejando a miles de personas fuera del sistema económico.
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