Amparo Barón, adoptante desde 2017 de los burros “Gabi y Brad”, ha iniciado acciones legales para que la titularidad de ambos animales conste a su nombre, tras denunciar un trato “inhumano, cruel y carente de ética” por parte de El Refugio del Burrito (ERB) por la insistencia reiterada en practicar la eutanasia a Gabi, pese a la evolución clínica favorable del animal, que se encuentra bajo tratamiento veterinario especializado.
Según expone la adoptante, durante ocho años su familia ha asumido de forma exclusiva los gastos y cuidados diarios de Gabi (alimentación, manejo, veterinario, mantenimiento y bienestar), mientras que ERB se habría limitado a realizar unas tres o cuatro visitas puntuales de control durante estos años.
“La asociación no ha asumido ninguna responsabilidad directa, pero sí conserva la titularidad de mis animales de por vida, y eso convierte cada urgencia en un problema añadido”, señala.
Un episodio clave: negativa inicial a autorizar cirugía y propuesta de eutanasia sin evaluación previa
El punto de inflexión se produjo en agosto de 2025, cuando el burrito Gabi sufrió un desplazamiento de colon que requería cirugía de cólico urgente para salvar su vida. El veterinario responsable del caso, Pedro Amaya (Hospital Veterinario Costa de la Luz), recomendó operar de inmediato, al considerar que existían posibilidades reales de recuperación.
Sin embargo, según relata Amparo Barón, al comunicar la situación a ERB, como titular del animal, recibió una negativa inmediata a autorizar la cirugía y una indicación directa de eutanasia, sin solicitar pruebas clínicas, sin hablar con el veterinario o sin evaluar al animal. La adoptante añade un elemento especialmente sensible: “La primera conversación con la directora fue incluso en periodo vacacional; la sensación que me transmitió fue de frialdad absoluta, como si la vida de Gabi fuese un trámite”.
El veterinario, por su parte, se negó a practicar la eutanasia al entender que el cólico era operable y que la opción ética y clínica era intervenir quirúrgicamente. Con un retraso considerable, tras horas de insistencia, ERB terminaría autorizando la operación. “Gabi se operó. Y esa operación le salvó la vida”, resume Amparo.
Laminitis y nueva presión para eutanasiar, pese a mejoría
Tras la cirugía, Gabi desarrolló laminitis, un proceso doloroso que exige un abordaje prolongado y muy técnico en uno de sus cascos. El tratamiento actual incluye medidas correctoras, analgesia, curas y dieta, y el veterinario considera —conforme a lo explicado por la adoptante— que el animal evoluciona favorablemente y podría alcanzar buena calidad de vida cuando supere la fase activa.
Pese a ello, Amparo Barón. sostiene que ERB sigue manteniendo a día de hoy, varios meses después, una presión constante sobre ella para eutanasiar al animal.
De una “visita de seguimiento” a un intento de eutanasia “in situ”
La situación se agravó el 20 de noviembre, cuando —según relata la adoptante— ERB contactó con ella por WhatsApp indicando que la intención era “visitar otra vez a Gabriel para ver qué tal sigue”. Sin embargo, aquella “visita de seguimiento” derivó en un episodio muy distinto: tres personas de la entidad ERB se personaron en el domicilio de la adoptante: la presidenta, una veterinaria y el abogado de la entidad, y le comunicaron su intención de “practicarle la eutanasia” allí mismo a Gabi. En ese momento, Amparo, se vio obligada a instarles a que no lo hicieran y les requirió para que abandonaran su domicilio.
“La clave de todo esto es que nunca quisieron que Gabi tuviera una oportunidad real de curarse y vivir. Es incomprensible que una protectora actúe así. Y cuando lo ves mejorar, que te sigan empujando a matarlo te deja tocada”.
Un problema de fondo: adopciones que funcionan como “régimen de permisos”
Desde Aboganimal, despacho especializado en Derecho Animal dirigido por Eloi Sarrió, se subraya que el caso plantea una cuestión estructural: qué ocurre cuando la familia asume todos los cuidados y costes del animal, pero no puede tomar decisiones sanitarias urgentes sobre él porque la asociación retiene indefinidamente su titularidad.
“Esto no va de sentimentalismo: va de seguridad jurídica y de bienestar animal. Los veterinarios necesitan que el titular consienta para realizar ciertos actos clínicos. Si una adopción se convierte en un ‘régimen perpetuo de autorizaciones’, la vida del animal corre peligro. Por otra parte, ERB tiene un modelo extraño: las facturas, el cariño y el trabajo los pone la familia; las decisiones, sin embargo, un tercero”, señalan desde el despacho.
Aboganimal recuerda además que la eutanasia debe responder a criterios veterinarios y humanitarios, y que la normativa de protección animal limita el sacrificio a los supuestos legalmente previstos, es decir, cuando no exista alternativa razonable de tratamiento o mantenimiento de la calidad de vida.
“Adoptar es hacerse cargo, no vivir suplicando autorizaciones”
La adoptante insiste en que su objetivo no es “hacer ruido por hacer ruido”, sino proteger de una vez por todas la vida del animal: “Yo adopté a Gabi hace ocho años. Es familia. No puedo aceptar que, cada vez que enferma, la respuesta automática sea ‘eutanasia’, y encima tenga que rogar el permiso para salvarlo”.
Desde Aboganimal se anuncia que el procedimiento legal que han iniciado busca regularizar la titularidad y evitar que futuras urgencias médicas dependan de decisiones externas, con el objetivo de garantizar el interés y bienestar del animal.
Este caso reabre un debate incómodo pero necesario: si una entidad entrega un animal en adopción, ¿tiene sentido que luego pueda imponer a un adoptante decisiones irreversibles sobre él? Sobre todo, cuando el veterinario aún dice que hay vida por delante.
