El abogado navarro José Luis Beaumont Aristu, uno de los principales impulsores de la causa judicial en defensa de los trabajadores interinos en España, ha lanzado una contundente advertencia sobre las posibles consecuencias del próximo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En declaraciones recogidas por el Diario de Noticias de Navarra, Beaumont afirma que “el TJUE puede dinamitar la figura del indefinido no fijo y eso va a ser un problema muy gordo”.
El letrado, que ha seguido de cerca los procesos judiciales que han llevado al TJUE a cuestionar el cumplimiento de las normas europeas por parte del Estado español, considera que el dictamen del Abogado General del Tribunal de Luxemburgo marca un punto de inflexión. “Creo que cuando se dicte la sentencia del Tribunal, si en sus razonamientos pero, sobre todo, en sus conclusiones, coincide con su Abogado General, el Supremo y, con él, el Estado, van a tener un enorme problema encima de la mesa”, señala Beaumont.
El núcleo del debate jurídico gira en torno a la figura del trabajador indefinido no fijo, que ha sido utilizada durante décadas por los tribunales españoles como solución para los empleados públicos sometidos a contratos temporales abusivos. Sin embargo, el Abogado General ha cuestionado esta práctica, considerando que no constituye una sanción efectiva frente al abuso. “Declarar a un trabajador víctima de abuso temporal en sus contratos como trabajador indefinido no fijo no sirve para sancionar el abuso, porque eso no es otra cosa sino declarar judicialmente que el trabajador abusado siga en situación de interinidad y, lo que es lo mismo, de prolongación del abuso”, explica el abogado.
Beaumont insiste en que la única medida eficaz y disuasoria conforme al derecho europeo es el reconocimiento de la fijeza laboral. “Si las normas españolas no prevén ninguna sanción de las exigidas por las normas europeas, y si ésta es una condición (incumplida) para que no sea obligatorio reconocer la fijeza laboral a los trabajadores víctimas del abuso, la única sanción efectiva y disuasoria y, en tales casos, ya obligatoria, es efectivamente reconocer esa fijeza laboral a las personas trabajadoras abusadas”, afirma.
El abogado también critica la actitud de parte de la judicatura española, a la que acusa de no aplicar correctamente el derecho europeo. “Siguen sin entender que son jueces también de derecho europeo, y su obligación, aunque nadie se lo pidiera, es respetarlo y aplicarlo”, sostiene. Además, apunta a una resistencia personal por parte de algunos magistrados: “Piensan: si yo he tenido que aprobar una oposición para ser juez/a, ¿por qué tengo que reconocer u otorgar la fijeza laboral a quien no ha aprobado ninguna oposición?”.
Beaumont aclara que no se trata de otorgar la condición de funcionario, sino de reconocer la fijeza laboral como sanción al abuso contractual. “Aquí nadie está pidiendo que se reconozca la condición de funcionario a quien ha sufrido el abuso, sino solo y únicamente que se le reconozca la fijeza laboral”, explica. Y concluye con una reflexión sobre la jerarquía normativa: “Las normas europeas están por encima de las normas internas. De no ser así, fácil es advertir que nada sería más peligroso para el futuro de la Unión”.
Este posicionamiento jurídico, respaldado por una creciente corriente de abogados especializados en derecho laboral y comunitario, podría desencadenar una oleada de demandas en todo el país si el TJUE confirma el criterio del Abogado General. La sentencia definitiva se espera en los próximos meses y podría obligar al Estado español a revisar profundamente su modelo de contratación pública.