La Asociación Española de Abogados de Consumo (AEAC) ha emitido un duro comunicado en el que acusa a la Junta de Jueces de Primera Instancia de Valladolid de “extralimitarse gravemente” al aprobar un acuerdo que fija de forma anticipada y uniforme los honorarios de los abogados en litigios masivos de consumo. La organización considera que esta decisión supone “un ataque frontal” a la profesión y, sobre todo, “una amenaza directa al acceso a la justicia de miles de consumidores”.
El presidente de la AEAC, Pablo Artiñano, firma el texto en el que se califica el acuerdo como “nulo de pleno derecho” y se acusa a los jueces de “usurpar funciones” que corresponden exclusivamente al Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) en el marco de la tasación de costas.
La asociación señala a la banca como origen de la litigiosidad
En su comunicado, la AEAC recuerda que la avalancha de procedimientos judiciales en materia de consumo no es responsabilidad de los abogados ni de los ciudadanos, sino de “las prácticas abusivas de bancos y entidades financieras”. Entre ellas menciona cláusulas abusivas, tarjetas revolving con intereses usurarios, microcréditos con condiciones “leoninas” y comisiones consideradas ilegales por los tribunales.
Según la asociación, el acuerdo judicial de Valladolid envía un mensaje “peligroso”: que las entidades financieras pueden seguir vulnerando derechos “con tranquilidad”, mientras se dificulta económicamente la labor de los abogados que representan a los consumidores.
Críticas jurídicas: “una tarifa plana ilegal”
La AEAC sostiene que los jueces carecen de competencia para fijar honorarios de forma abstracta y previa a los procedimientos. Recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la tasación de costas se realiza caso por caso, una vez concluido el proceso, y que solo tras una impugnación puede intervenir un juez, siempre con informe del Colegio de Abogados.
El acuerdo, según la asociación, crea “una tarifa plana ilegal” que prejuzga miles de procedimientos futuros sin valorar su complejidad ni el trabajo real que requieren. Además, denuncia que se ampara de forma improcedente en el artículo 170 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite unificar criterios, pero no regular precios ni limitar honorarios profesionales.
“Intervencionismo” y riesgo para la libre competencia
La AEAC advierte de que la abogacía es una profesión liberal y que la remuneración se basa en la libertad de pactos entre abogado y cliente. Considera que el acuerdo supone un “ejercicio de intervencionismo” contrario a la libre competencia y a la economía de mercado.
La asociación compara la situación con otros sectores profesionales: “¿Se atrevería alguien a fijar los honorarios de médicos, arquitectos o ingenieros de esta manera?”, plantea el comunicado.
Honorarios insuficientes y peligro para la defensa del consumidor
El acuerdo fija cantidades como 400 euros por una nulidad de microcrédito o 800 euros por una tarjeta revolving, cifras que la AEAC considera “irrisorias” y totalmente incompatibles con la dedicación que exige un procedimiento de este tipo.
La asociación sostiene que, si los abogados no pueden ser retribuidos dignamente, muchos dejarán de asumir estos casos, lo que provocará que los consumidores queden sin defensa efectiva y que las entidades financieras continúen aplicando prácticas abusivas sin oposición judicial.
Un riesgo para el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva
El comunicado subraya que el artículo 24 de la Constitución garantiza el acceso a la justicia, pero que ese derecho requiere la existencia de profesionales capacitados y adecuadamente remunerados. La AEAC considera que el acuerdo de Valladolid crea “una barrera de facto” que desincentiva la defensa de los consumidores y favorece a las entidades financieras.
“Es una victoria para la banca y una derrota para el Estado de Derecho”, afirma Artiñano.
La AEAC anuncia acciones legales
La asociación anuncia que estudiará todas las vías jurídicas para impugnar el acuerdo y exige al Consejo General del Poder Judicial que intervenga para anularlo. También reclama que se recuerde a los jueces de Valladolid “los límites de su potestad jurisdiccional”.
El comunicado concluye con un mensaje contundente: “El malo de esta película no es el abogado ni el consumidor. El malo es el banco que vulnera la ley. Y contra esa vulneración seguiremos luchando”.