Ante el preocupante retroceso del Estado de derecho en buena parte del mundo iberoamericano, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha impulsado la Declaración de Madrid, un documento de proyección internacional que aspira a potenciar el papel de abogacía iberoamericana frente al deterioro institucional, la erosión de la seguridad jurídica y la desprotección de los derechos fundamentales en la región.
El texto, presentado en el cierre de la Cumbre Internacional del ICAM sobre los desafíos jurídicos del espacio iberoamericano, recoge las reflexiones e inquietudes abordadas durante las sesiones celebradas este jueves y viernes en la Casa de América. Una iniciativa destinada también a respaldar desde Madrid a la abogacía y a los poderes públicos iberoamericanos en la tarea de adaptar y flexibilizar el marco normativo vigente, como vía necesaria para impulsar la competitividad y garantizar una mejora efectiva de los derechos humanos.
La Declaración de Madrid parte de una premisa: la necesidad urgente de construir una visión iberoamericana compartida, que fortalezca los lazos jurídicos, democráticos y culturales entre países unidos por una historia común y enfrentados hoy a desafíos similares. Frente al aislamiento institucional y el debilitamiento del multilateralismo, el texto hace un llamamiento a reforzar la cooperación transnacional como respuesta estratégica ante las amenazas globales al Estado de derecho.
Desde esta perspectiva, el documento reivindica la seguridad jurídica como base del progreso económico, la cohesión social y la legitimidad democrática. Frente al retroceso generalizado de las garantías institucionales en la región, el Colegio de la Abogacía de Madrid advierte de las consecuencias políticas, sociales y económicas de debilitar los pilares jurídicos del sistema democrático.
El texto subraya que sin certidumbre legal no hay condiciones para la inversión ni capacidad de construir modelos de desarrollo sostenibles. La corrupción institucionalizada, la manipulación de los contrapoderes o la politización de la justicia erosionan la confianza ciudadana y condenan a millones de personas a situaciones de exclusión estructural. Por ello, la Declaración reclama la plena independencia judicial, el fortalecimiento de los mecanismos de control institucional y la adopción de medidas eficaces contra la corrupción como condiciones indispensables para revertir esta tendencia.
La abogacía, protagonista
El papel de la abogacía como agente activo en la defensa de los valores democráticos es el hilo conductor de la declaración institucional impulsada por el colegio madrileño. Lejos de asumir un rol meramente técnico o pasivo, el texto llama a los profesionales del Derecho a ejercer una función protagonista en los procesos de transformación institucional, litigando estratégicamente, impulsando reformas legales, promoviendo el acceso efectivo a la justicia y ejerciendo una vigilancia activa sobre el poder público.
Ante los grandes desafíos que acechan transversalmente a los estados iberoamericanos, como el crimen organizado, el avance de la inteligencia artificial, la emergencia climática o las migraciones masivas, la Declaración aboga por articular una respuesta regional coordinada. La abogacía, subraya el documento, debe liderar la formulación de nuevos marcos normativos en materia de justicia climática, derechos digitales y regulación tecnológica, promoviendo un multilateralismo moderno, funcional y centrado en la protección de derechos.
En ese camino, la formación jurídica de calidad y la deontología profesional son herramientas fundamentales para ejercer el Derecho en un entorno cambiante, global y digital. Por ello, la Declaración respalda de forma expresa la necesidad de reforzar los programas de formación continua y la excelencia académica como claves para consolidar un liderazgo jurídico en el ámbito iberoamericano. Iniciativas como ICAM Universidad reflejan ese compromiso institucional con el fortalecimiento del pensamiento crítico y el desarrollo profesional.
Integración jurídica regional
El texto también pone el foco en el acceso a la justicia como derecho estructural y condición para la realización efectiva de los demás derechos. Reclama, en este sentido, reformas estructurales en los sistemas judiciales, el fortalecimiento de la defensa pública y el impulso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, con el objetivo de superar las barreras económicas, burocráticas o territoriales que siguen impidiendo a amplios sectores sociales acceder de forma equitativa a la tutela judicial.
En última instancia, la Declaración llama a consolidar una agenda compartida de integración jurídica iberoamericana, basada en la armonización normativa, la cooperación académica y el fortalecimiento de redes de arbitraje y mediación.
Desde Madrid, los representantes de la abogacía madrileña se comprometen a trasladar estas reivindicaciones a los diferentes foros multilaterales que acogerá la capital española en los próximos meses con el objetivo de construir una agenda jurídica común.
Con la vista puesta en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y en el 50º aniversario de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), el decano del ICAM, Eugenio Ribón, apela a la responsabilidad compartida de la abogacía para “ensanchar el perímetro de las libertades” y asumir un papel activo frente a la erosión institucional. “Las instituciones democráticas no caen de golpe, se deshilachan en silencio”, recordó evocando las palabras de Edmundo González en la Cumbre, “y el deber de los colegios de la abogacía no es otro que alzar la voz cuando se debilitan los contrapesos y se menoscaba el cumplimiento del ordenamiento jurídico”.
Por su parte, la diputada responsable del área internacional del ICAM y principal impulsora de la Cumbre, Teresa Mínguez, apuesta por una comunidad jurídica iberoamericana verdaderamente cohesionada y activa, en la que la abogacía europea está llamada a desempeñar un papel fundamental de impulso y acompañamiento. “La cooperación entre nuestras abogacías no es solo posible, sino urgente y necesaria”. La Declaración de Madrid, como principal legado de la Cumbre, es solo el punto de partida.
A su juicio, el papel de la abogacía madrileña pasa también por impulsar y apoyar a la abogacía iberoamericana y a las instituciones y gobiernos de la región en la tarea de trasladar y flexibilizar el marco normativo actual, como vía para mejorar la competitividad y avanzar en los derechos humanos. “Si no se produce una mejora del Estado de derecho y de las condiciones de vida no habrá progreso posible. La economía y la competitividad necesitan, como base, un marco institucional sólido y justo”.
La Declaración de Madrid se presenta en un contexto de deterioro institucional en América Latina, como recoge el informe del ICAM presentado en el día de ayer sobre la situación del Estado de Derecho en la región.
Declaración de Madrid
Cumbre Internacional ICAM 2025: Iberoamérica
Madrid, 6 de junio de 2025
Reunidos en Madrid, del 4 al 6 de junio de 2025, en el marco de la Cumbre Internacional ICAM 2025, los participantes adoptamos esta Declaración como una herramienta viva, con propuestas tangibles, que será difundida entre instituciones nacionales e internacionales como hoja de ruta compartida en defensa del Estado de derecho y la cooperación jurídica iberoamericana.
1. Promovemos una visión iberoamericana compartida y estratégica
Iberoamérica no es solo una realidad geográfica, sino una comunidad jurídica, institucional y cultural con más de 700 millones de personas unidas por una historia común y un futuro compartido. En el contexto actual, el multilateralismo iberoamericano y la cooperación transnacional son más necesarios que nunca.
2. Defendemos el Estado de derecho y la seguridad jurídica como motores de estabilidad y progreso
Sin seguridad jurídica no hay desarrollo sostenible ni confianza democrática. Fortalecer el Estado de derecho es un imperativo económico, político y ético. Según el World Justice Project 2024, el 78 % de los países iberoamericanos han retrocedido en sus niveles de Estado de derecho desde 2016, lo que impacta en la inversión, la cohesión social y la legitimidad democrática.
3. Denunciamos el deterioro institucional y sus efectos sociales y económicos
Donde no hay certidumbre legal, no hay inversión. La corrupción expulsa el talento y la cooptación institucional debilita la democracia. Reclamamos independencia judicial plena, contrapesos institucionales efectivos y medidas anticorrupción. La erosión del Estado de derecho condena a millones a la pobreza estructural.
4. La abogacía no es espectadora, es protagonista de las transformaciones
La profesión jurídica debe asumir un rol activo como garante de la legalidad, promotora de justicia social y defensora de los principios democráticos. Esto implica ejercer litigación estratégica, promover reformas, asegurar acceso a la justicia y vigilar el poder público.
5. Apostamos por una respuesta regional coordinada a los grandes desafíos globales
Los retos como el crimen organizado, la inteligencia artificial, el cambio climático o las migraciones masivas requieren cooperación regional efectiva. La abogacía debe liderar marcos normativos sobre justicia climática, derechos digitales y regulación tecnológica. Debemos articular un multilateralismo iberoamericano moderno y operativo.
6. Reforzamos la apuesta por una educación jurídica de excelencia
La formación continua, la ética profesional y el pensamiento crítico son pilares de una abogacía preparada para un mundo global, digital y complejo. Iniciativas como ICAM Universidad representan una inversión en liderazgo jurídico iberoamericano.
7. Reivindicamos el acceso a la justicia como derecho estructural
Combatir la lentitud procesal, los costos desproporcionados y las barreras estructurales es esencial para garantizar derechos. Esto exige reformas judiciales profundas, sistemas de defensa pública robustos y mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
8. Consolidamos una agenda común de integración jurídica iberoamericana
Desde la armonización normativa hasta la cooperación académica, promovemos un espacio jurídico regional eficaz. El arbitraje y la mediación son herramientas clave para una justicia transnacional y especializada. Reforzaremos redes como SEGIB, COMJIB, UIBA y foros arbitrales.
9. Llamamos a la acción: de los principios a las políticas
Esta Declaración debe traducirse en propuestas normativas, compromisos institucionales y seguimiento continuo. Nos comprometemos a presentar estas conclusiones en las Cumbres Iberoamericanas, foros multilaterales y plataformas profesionales.
10. Nos comprometemos a seguir construyendo una agenda compartida
Esta Cumbre es el inicio de una nueva etapa. Caminamos hacia el 50º aniversario de la UIBA y la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Reforzaremos todos los mecanismos de cooperación jurídica, desde la formación hasta la diplomacia legal.
“El destino de nuestros países no está escrito en los mármoles de la fatalidad histórica. Está, cada día, en nuestras manos.”
“No hay desarrollo sin libertad. No hay bienestar sin instituciones fuertes. No hay democracia sin justicia.”
Por una Iberoamérica libre, justa y democrática.
Por una abogacía comprometida con su tiempo.
Por el Estado de derecho como fundamento de nuestro futuro.