Estas entidades firman un convenio de colaboración para promover información veraz y prevenir la desinformación sobre los servicios jurídicos, reforzando así la protección de los ciudadanos frente a prácticas engañosas. El acuerdo busca proteger a los ciudadanos frente a prácticas engañosas, publicidad fraudulenta e intrusismo profesional
Promesas de cancelar todas las deudas, anuncios que garantizan el éxito de una reclamación o profesionales que aparentan ser abogados, pero que no están habilitados para ejercer. En un entorno digital donde cada vez es más difícil distinguir la información rigurosa de los mensajes publicitarios, el Consejo General de la Abogacía Española y la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) han firmado hoy un convenio de colaboración para combatir los bulos y la desinformación relacionados con los servicios jurídicos.
El objetivo de esta alianza es reforzar la protección de los consumidores mediante la promoción de información veraz y el impulso de iniciativas que permitan identificar prácticas engañosas que pueden llevar a los ciudadanos a tomar decisiones con importantes consecuencias para sus derechos.
Para ello, el convenio contempla, entre otras actuaciones, la difusión de campañas de protección de los consumidores, la organización y celebración conjunta de jornadas divulgativas y el desarrollo de acciones de sensibilización orientadas a fomentar una información rigurosa y prevenir la desinformación sobre los servicios jurídicos.
La firma de este convenio da continuidad al trabajo que viene desarrollando Abogacía Española para alertar sobre el incremento de plataformas y operadores que utilizan publicidad engañosa, promesas imposibles de garantizar o mensajes que inducen a error sobre quién presta realmente los servicios jurídicos.
Hay que recordar que recientemente la Abogacía Institucional creó una Comisión para detectar estas malas prácticas. Los miembros del Grupo de trabajo para la protección profesional de la abogacía frente a plataformas digitales del Consejo General de la Abogacía Española advierten de que muchas de estas plataformas —algunas con presencia en todo el territorio nacional—, utilizan datos falsos, legislación derogada o promesas imposibles de cumplir. A ello se suman honorarios poco transparentes o desproporcionados que “denigran la profesión de la abogacía”.
Desde el Grupo se alerta que “han detectado actuaciones desleales que se aprovechan de las personas más vulnerables, especialmente aquellas endeudadas que buscan acogerse a la segunda oportunidad”. Frente a ello, recuerdan acudir siempre a un abogado, ya que “el ejercicio de la abogacía está sujeto a garantías como la formación continua, la responsabilidad profesional y el cumplimiento de un estricto código deontológico”.
La situación ha encendido las alarmas. Abogados denuncian prácticas como la captación de clientes mediante falsedades o la oferta de servicios con condiciones poco claras. En los casos más graves, se habla abiertamente de fraude: estafas, cobros indebidos o suplantación de identidad
Como señala Jesús Pellón, miembro del Grupo, el Código Deontológico de la Abogacía Española establece, entre otras cosas, que la relación entre abogado y cliente debe basarse en la confianza, sin aprovecharse de situaciones de especial vulnerabilidad. También prohíbe prácticas como utilizar a los clientes con fines publicitarios o prometer resultados que no pueden garantizarse. “No toda deuda puede ser exonerada”, subraya.
Video divulgativo relevante
Como ejemplo de ello, se adjunta un video divulgativo elaborado por la institución en el que se recogen las situaciones más habituales y pautas para ayudar a los ciudadanos. En muchos casos, estas prácticas afectan especialmente a personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad, como quienes buscan acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, afrontan un desahucio o necesitan asistencia jurídica en procedimientos de familia.
Entre los mensajes más habituales se encuentran aquellos que prometen resultados garantizados, soluciones inmediatas o la cancelación automática de deudas, así como la utilización de expresiones que pueden hacer creer al consumidor que está siendo asesorado por abogados cuando no siempre es así. A ello se suman prácticas que generan una falsa sensación de urgencia o que ocultan información esencial sobre los servicios contratados.
Más allá de la publicidad engañosa, estas situaciones pueden derivar en problemas mucho más graves, como el intrusismo profesional o la contratación de servicios sin las garantías que ofrece un abogado colegiado, cuya actuación está sometida a un estricto Código Deontológico.
Con este convenio, Abogacía Española y ASESCON reafirman su compromiso con la protección de la ciudadanía y la defensa de un acceso a la Justicia basado en la transparencia, la confianza y la información veraz. Ambas organizaciones desarrollarán acciones conjuntas dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía, promover buenas prácticas y contribuir a que los consumidores dispongan de herramientas que les permitan identificar información fiable y tomar decisiones informadas.
El acceso a la Justicia empieza mucho antes de entrar en un juzgado. Empieza cuando una persona busca orientación, saber a quién acudir y en quién confiar. Si esa primera información está contaminada por bulos, publicidad engañosa o falsas promesas, se resienten sus derechos. De allí la importancia de esta alianza con ASESCON: queremos que los consumidores cuenten con herramientas que les permitan distinguir la información rigurosa de la desinformación”.indica Salvador González, presidente del CGAE
Los consumidores debe estar bien informados
Por su parte Miguel Angel Ruiz, presidente de ASESCON, subrayaba a nuestro medio que “suscribir este acuerdo viene a dar información a los consumidores y ciudadanos en materia de consumo y justicia. Con este convenio se pretende combatir prácticas desleales como la publicidad engañosa o el intrusismo profesional que también esta surgiendo en el ámbito de la abogacía y que afecta a los consumidores. Para ello están previstas campañas de información a los ciudadanos alertándoles de esos riesgos de contactar con falsos profesionales que están detrás de plataformas que no sabemos quién está detrás de ellos”
Como parte de este compromiso, desde el CGAE se recuerda que cualquier ciudadano puede comprobar si un abogado está colegiado a través del Censo disponible en su página web.
Hace unos días, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) suscribían un convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar actuaciones conjuntas destinadas a fortalecer la protección de los derechos de los ciudadanos en materia de vivienda, así como promover una mayor sensibilización social sobre la importancia de la calidad, la seguridad y la sostenibilidad en la edificación.
El acuerdo, firmado por el presidente del CGATE, Alfredo Sanz, y su homónimo en la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz, establece un marco de colaboración entre ambas entidades para impulsar iniciativas de interés común relacionadas con la información, formación y asistencia a consumidores, así como con la difusión del papel que desempeñan los arquitectos técnicos colegiados en la garantía de la calidad edificatoria.
Desde su punto de vista, “que el consumidor esté bien informado es clave porque eso le va a evitar buena parte de muchos de los problemas que después le llegan. Un consumidor puede tardar un segundo en firmar un contrato pero años en salir de él. Tenemos mucho interés de fomentar junto a distintos Gobiernos autonómicos y las administraciones la visión constructiva del consumo y a todas las edades. Los niños que hoy tienen ocho van a tener 18 y serán consumidores adultos y sirven de correa de transmisión hacia sus familias”.
