Erika Torregrossa Acuña Presidenta de la Sección de Derechos Humanos del ICAM Ex Secretaria General del Colegio de Abogados Penal Internacional Juan Carlos Gutiérrez Abogado internacional experto en Derechos Humanos. Presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas Cada 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Abogacía en Riesgo, una jornada que interpela directamente a la comunidad jurídica y a la sociedad en su conjunto. No se trata de una efeméride simbólica ni corporativa, sino de un recordatorio contundente: cuando el ejercicio libre e independiente de la abogacía se ve amenazado, el Estado de Derecho comienza a resquebrajarse.
La fecha tiene un profundo significado histórico. Recuerda la Matanza de Atocha de 1977, en la que cinco abogados laboralistas fueron asesinados en Madrid por ejercer su labor profesional en defensa de los derechos de los trabajadores. Aquella tragedia marcó un punto de inflexión en la historia democrática española y dejó una enseñanza que sigue plenamente vigente: proteger a la abogacía es proteger la justicia y la democracia.
En España, la conmemoración del Día de la Abogacía en Riesgo se produce en un contexto de garantías institucionales sólidas. La Constitución, la independencia judicial, los colegios profesionales y los mecanismos de amparo colegial ofrecen herramientas reales para reaccionar frente a amenazas, agresiones, injerencias o presiones indebidas. No obstante, los datos evidencian que el riesgo no es inexistente. El incremento de solicitudes de amparo por acoso, intimidaciones o agresiones, especialmente en asuntos de alta exposición mediática, social o económica, demuestra que el ejercicio de la defensa puede generar tensiones que afectan a la seguridad y dignidad profesional. (informe)
Ahora bien, la diferencia entre España y otros contextos internacionales no es solo de grado, sino de naturaleza. Mientras que en nuestro país existen mecanismos eficaces de protección y reparación, en numerosos Estados la abogacía en riesgo opera en escenarios donde el propio poder público actúa como agente de persecución. En esos contextos, ejercer la defensa jurídica no es solo una profesión, sino un acto de resistencia.
La abogacía internacional en situaciones de conflicto, ya sea en contextos de guerra, regímenes autoritarios o colapso institucional, enfrenta riesgos extremos: detenciones arbitrarias, criminalización del ejercicio profesional, inhabilitaciones, amenazas directas, vigilancia constante, exilio forzado o violencia física. Los abogados que defienden derechos humanos, minorías, opositores políticos o víctimas de violaciones graves del derecho internacional se convierten, con frecuencia, en objetivos deliberados. El OIAD lo refleja bien en su mapa de la Abogacía amenazada
En este escenario, Venezuela constituye uno de los casos más preocupantes de la región. Diversos informes de organismos internacionales y organizaciones jurídicas han documentado un patrón sostenido de criminalización de la abogacía, especialmente contra quienes asumen la defensa de personas privadas de libertad por motivos políticos o denuncian vulneraciones de derechos humanos. Obstáculos al acceso a expedientes, restricciones arbitrarias a la comunicación con clientes, campañas de estigmatización pública, amenazas, detenciones y procesos penales sin garantías configuran un entorno en el que defender se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
La Comisión Internacional de Juristas, así como relatores especiales de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, han alertado reiteradamente sobre la falta de independencia judicial y las presiones directas contra abogados en Venezuela, señalando que estas prácticas vulneran frontalmente los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados adoptados por la ONU en 1990. Casos concretos de abogados detenidos o perseguidos por su labor profesional han puesto de manifiesto que el riesgo no es teórico, sino personal, real y permanente.
Las consecuencias de esta situación trascienden a los profesionales afectados. Cuando la abogacía está en riesgo, se debilita el derecho de defensa, se vacían de contenido las garantías procesales y se erosiona la confianza ciudadana en la justicia. Sin abogados libres e independientes, los tribunales dejan de ser espacios de protección y se convierten en instrumentos de poder.
Frente a esta realidad, la respuesta no puede ser únicamente nacional. La abogacía internacional, los colegios profesionales y las organizaciones jurídicas tienen un papel esencial en la denuncia, la cooperación y la activación de mecanismos internacionales de protección, como las medidas cautelares ante sistemas regionales de derechos humanos, la intervención de relatores especiales o la articulación de redes de apoyo y visibilidad internacional. La solidaridad entre abogados no es un gesto simbólico: es una herramienta de protección efectiva.
La conmemoración del Día de la Abogacía en Riesgo nos obliga, por tanto, a mirar más allá de nuestras fronteras y a reafirmar un compromiso ético y profesional irrenunciable: ningún abogado debería ser perseguido, intimidado o silenciado por cumplir con su deber. Defender a quienes defienden no es una cuestión corporativa, sino una exigencia democrática que afecta al conjunto de la ciudadanía.
Porque cuando la abogacía está en riesgo, la justicia deja de ser un derecho y se convierte en una excepción.