Viena, 11 jun (EFECOM).- La crisis del encarecimiento de pisos y casas y la escasez de alojamientos asequibles es uno de los principales desafíos que enfrenta la Unión Europea (UE), que pide a los Estados miembros que combatan los desahucios y apliquen políticas desde la perspectiva de la vivienda como un derecho fundamental.
"El aumento de los precios de la vivienda y la falta de opciones de vivienda social y asequible han desencadenado una crisis de la vivienda en la UE", resume la situación la Agencia de derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea, en su informe anual.
En ese documento se indica que el precio de la vivienda se disparó un 53,4 % y el del alquiler casi un 17 % entre los años 2015 y 2024, y señala que, si bien no hay datos comparables entre los 27 países miembros de la UE, el 'sinhogarismo está en aumento'.
Entre los datos que la FRA está el de casi 1,3 millones personas sin hogar en 2025 en la UE o el de unos 400.000 niños que el año anterior vivían en la calle, en albergues nocturnos o en alojamientos temporales.
"Los jóvenes y los grupos vulnerables se enfrentan a dificultades que socavan su acceso al derecho básico a una vivienda adecuada, y muchos siguen desprotegidos frente al desahucio y el sinhogarismo", afirma en el informe Sirpa Rautio, la directora de la FRA.
Rautio, además, señala en declaraciones a EFE de hay una dimensión política más amplia y menciona que en el debate se ha colado la idea de que el problema de debe en parte a que "los inmigrantes se quedan con los pisos".
En ese sentido, considera que la frustración y la infelicidad que genera la falta de vivienda puede ser una amenaza para la democracia.
"Si la gente siente que no se les apoya, pierden la confianza en el Estado y en las instituciones", explica en declaraciones a EFE.
Así, aunque reconoce que la vivienda siempre ha sido una mercancía pide que se contrarreste con alojamientos sin ánimo de lucro.
Respecto al papel de los grandes tenedores de vivienda, como los fondos de inversión o algunos bancos, la directora de la FRA afirma que también están sujetos a la sostenibilidad corporativa y que "debería haber cierta responsabilidad".
La FRA recoge una definición de la exclusión residencial y del sinhogarismo en seis categorías, que van desde la situación extrema de vivir a la intemperie a quienes residen con familiares y amigos de forma temporal por falta de recursos.
La FRA señala que si bien las competencias de vivienda dependen principalmente de los Estados miembros, la legislación comunitaria también incluye obligaciones, algunas de ellas en la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
Además, recuerda que los 27 miembros de la UE han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que la vivienda es uno de los componentes del "derecho a una adecuada calidad de vida".
Ese pacto, recuerda la FRA, prohíbe los desalojos forzosos, incluso en casos de atrasos en el pago del alquiler o de las hipotecas.
En su análisis, la Agencia indica que aunque el 66 % de los residentes en la UE son dueños de la vivienda en la que residen, menos de la mitad de quienes viven bajo el umbral de la pobreza son propietarios.
Especialmente los jóvenes y los más vulnerables afrontan dificultades para acceder al derecho de una vivienda adecuada y muchos siguen desprotegidos frente al desahucio y el sinhogarismo, afirma Rautio en el informe.
En su análisis de la crisis de la vivienda la FRA indica que en varios países no hay planes para evitar los desahucios o ayudar a quienes los sufren, y que los procedimientos y garantías, muchas veces dependiente de los municipios, varían mucho entre unos países y otros.
España es uno de los países donde se reforzaron las salvaguardas contra los desahucios en el año 2025. En este país la situación de vulnerabilidad de los inquilinos puede activar la suspensión del desalojo y responsabilizar a las autoridades de buscar una residencia alternativa, por ejemplo.