Las dificultades que la actual situación parlamentaria produce en el devenir de los asuntos públicos se refleja en distintos escenarios de la política pública, pero en lo que ahora a nosotros nos importa en un variopinto conjunto de situaciones que tienen su traducción en una menor certidumbre y seguridad jurídica. Hay más, pero una de ellas, la que abordaremos aquí, es la famosa tasa de reposición de efectivos. Un caballo de troya anual para los responsables de las distintas Administraciones públicas a la hora de enfrentar la planificación de los recursos humanos y las políticas de selección a seguir durante el siguiente ejercicio presupuestario.
Y es que en situaciones de prórroga presupuestaria como la que vivimos no solo se trata de adaptarse a las previsiones que impone, vía legislación presupuestaria, la Administración General del Estado, sino también de determinar si las mismas subsisten en esos supuestos, a saber: hasta qué punto las determinaciones contenidas en el artículo 20 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 continúan teniendo vigencia para 2026.
Es cierto que esta situación de incertidumbre no es la primera vez que ocurre, si bien en esta ocasión la duración de la prórroga presupuestaria, tras los anuncios realizados por distintas fuerzas políticas, parece que alcanzará también el próximo ejercicio presupuestario, lo que sí resulta ser una novedad si ponemos el acento en la duración de esta situación de interinidad. Y la pregunta lógica, estando como estamos en el mes de noviembre no puede ser otra que la que nos hacíamos al comienzo de estas líneas. Una pregunta muy oportuna ahora que muchas Administraciones públicas (CCAA, municipios, diputaciones provinciales, universidades, etc.) se encuentran inmersas en el proceso de aprobación de sus presupuestos para el próximo año. Máxime cuando las circunstancias que inspiraron la legislación presupuestaria para 2023 empiezan a ser notoriamente distintas a las que enfrentaremos en 2026 con una temporalidad fuera de control, a pesar de los procesos de estabilización, y muy lejos de reducir la misma sobre todo si se mantienen las restricciones que esa tasa, por muy flexible que sea, impone.
