El 30 aniversario del Pacto de Toledo muestra la continuidad y estabilidad de los grandes consensos en Seguridad Social. Durante tres décadas desde 1995, y con revisiones de contenidos cada 8 años (2003, 2011 y 2020), continúa firme el perímetro común que delimita las políticas de protección pública social consensuadas por unanimidad o amplias mayorías democráticas parlamentarias.
En el contexto histórico del bipartidismo con el eje central del acuerdo mayoritario entre PSOE y PP (1995, 2003, 2011), y en el más reciente, de una mayor fragmentación parlamentaria, también, con la suma de otros grupos parlamentarios como refleja el vigente pacto de Toledo (2020). El consenso político es así la seña de identidad del sistema público de Seguridad Social de las últimas tres décadas.
Desde un inicio, el Pacto de Toledo es una apuesta política común por un sistema público de reparto y solidaridad intergeneracional donde la población activa financia a través de cotizaciones, de empresas y trabajadores, junto con impuestos, las pensiones públicas de la población pasiva en las distintas contingencias protegidas por la Ley, entre las que destaca especialmente la jubilación en sus distintas tipologías. Esta apuesta por un sistema de reparto, que exige tasas equilibradas entre activos y pasivos es la premisa de la que parten, desde entonces, todas las políticas de Seguridad Social, descartando modelos alternativos de capitalización.
El amplio y duradero consenso político está en este punto de partida, con directrices acordadas que permiten luego modulaciones y matices en estas políticas, en cada etapa de Gobierno, siempre que no traspasen los límites preestablecidos. Queda fuera así de la contienda electoral la sustantividad del sistema de Seguridad Social, lo que desplaza el debate a las distintas alternativas políticas concretas, bajo el parámetro de recomendaciones acordadas entre amplias mayorías democráticas.
El Pacto de Toledo, en las cuatro versiones de estas tres décadas, apuesta igualmente por la herramienta del diálogo social, entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, como el canal adecuado de las reformas, lo que puede luego facilitar, si existe acuerdo social, el consenso entre las mayorías parlamentarias políticas.
Cabe recordar que el origen del pacto de Toledo, en 1995, partía ya de una sólida construcción del sistema público de Seguridad Social, en desarrollo del art. 41 de la Constitución española de 1978, con un nivel contributivo, asociado a las reglas legales de cotización que determinan las condiciones y el cálculo de las prestaciones sociales y pensiones públicas, y otro nivel no contributivo, para quien no alcanza las correspondientes condiciones en las carreras de cotización profesional. La separación de fuentes de financiación del nivel contributivo, desde el eje de las cuotas aportadas por empresas y trabajadores, y no contributivo, con impuestos generales y las distintas aportaciones presupuestarias, fue, desde un inicio, otra seña de identidad del Pacto de Toledo, junto con la necesidad de articular un fondo de reserva.
La evolución de estos 30 años ha originado consensos más matizados que, sin cuestionar el doble nivel y de fuente de financiación, han subrayado el papel de las transferencias del Estado, mediante los presupuestos, como garantía de pago de las prestaciones y pensiones también contributivas. Se combinan, hoy en día, los principios de suficiencia de las pensiones y sostenibilidad económica del sistema, con mayor flexibilidad y equilibrios, lo que determina las distintas reformas en Seguridad Social dentro del perímetro común consensuado.
Resulta paradigmática la presencia de la revalorización de las pensiones de jubilación conforme al IPC entre las recomendaciones consensuadas de los Pactos de Toledo, también el vigente de 2020, lo que exige una especial dedicación política en reforzar la sostenibilidad económica del sistema. Durante tres décadas se han consolidado, como expresión máxima de la solidaridad y distribución de renta, pensiones públicas mínimas y máximas, bajo este gran acuerdo político, correspondiendo a cada reforma tocar las piezas del sistema bajo estos parámetros siempre consensuados.
El Pacto de Toledo, en el momento de su fundación y de sus distintas renovaciones, a lo largo de estos 30 años, ha acordado diagnósticos, sobre datos objetivos, y ha ejercido de palanca para las grandes reformas de adecuación del sistema a la realidad social y económica, con menor o mayor ambición en función de las políticas dentro del perímetro común. Sus informes son la referencia parlamentaria para detectar los problemas del sistema, hoy muy marcados, como lo señala la versión vigente de 2020, por el envejecimiento de la población, la baja natalidad y posibles desequilibrios entre activos y pasivos, lo que pone en tensión el asumido sistema de reparto y la solidaridad intergeneracional.
Destacan así objetivos consensuados como la prolongación de la vida activa, la compatibilidad entre pensiones y trabajo retribuido, la mejora de la conciliación familiar y laboral y la necesidad de la inmigración como factor esencial de sostenibilidad del sistema, dentro de un mercado de trabajo que debe funcionar adecuadamente y con altas tasas de empleo
Tanto la reforma paramétrica con contención de gasto de Seguridad Social de 2011, gradual en la aplicación de nuevas condiciones de jubilación, como las últimas de este ciclo político 2022-2023, más concentradas en el aumento de ingresos, se mueven dentro de estos diagnósticos y recomendaciones, con modulaciones dentro del perímetro común. Así seguirá siendo en un futuro, donde los logros de equilibrios entre sostenibilidad y suficiencia de las pensiones, propiciarán otras reformas, igual o más ambiciosas, bajo el paraguas de los consensos.
La celebración de los 30 años del Pacto de Toledo de Seguridad Social reivindica el valor de los puntos de encuentro entre grandes mayorías políticas, con ideologías y enfoques diferentes, junto con la herramienta del diálogo social, en la búsqueda de un interés general. Este aniversario, en el contexto de una alta polarización política, subraya la utilidad de los consensos, del buen trabajo técnico, y de la estabilidad que proporcionan los grandes pactos entre diferentes en una sociedad democrática. Ojalá continúe vivo el Pacto de Toledo y ojalá se exporte su formato a otras políticas de interés general necesitadas de grandes consensos.
