Por Patricia Frade Ortea. Analista y desarrolladora de negocio TIC. Vocal de Relaciones institucionales de la Comisión joven de ENATIC
La oferta legaltech se multiplica más rápido de lo que despachos, empresas y profesionales pueden evaluarla. Cada semana llega un nuevo asistente que investiga, redacta, resume o clasifica. Pero cuando el asunto llega ante un Tribunal, la pregunta se convierte en qué solución sostiene con seguridad, trazabilidad y garantías procesales, cada actuación profesional ante la Administración de Justicia.
No se trata de elegir una IA “para abogados” en abstracto, sino una tecnología que encaje en todo el recorrido de un asunto: análisis, escritos, gestión documental, presentación, audiencia previa, juicio y archivo. En ese itinerario conviven cuatro capas que no deben confundirse: las infraestructuras públicas de Justicia, la gestión interna del despacho, la IA jurídica de investigación, análisis documental, redacción, y la gobernanza del dato. La calidad de una herramienta no depende solo de lo bien que responde o ágil sea, sino de cómo se integra en ese ecosistema.
Una arquitectura que no se puede sustituir
El profesional no elige ni configura las plataformas públicas aportadas por la Administración de Justicia. LexNET sigue siendo la plataforma para presentar escritos, trasladar copias y recibir notificaciones judiciales entre órganos judiciales y profesionales.
A su alrededor operan determinados sistemas de gestión procesal, sedes judiciales electrónicas, Carpeta Justicia —con apoderamientos apud acta, señalamientos, citas y, donde exista despliegue, acceso al expediente electrónico vía Atenea Iris—, Acceda-Justicia, SIRAJ 2, Evid entre otras
Todo ello evidencia la complejidad de la interconexión tecnológica entre aplicaciones, sistemas y servicios que no siempre presentan el mismo nivel de integración, despliegue o madurez digital según el territorio. Esta desigualdad territorial condiciona la experiencia del profesional y revela que la transformación digital de la Justicia avanza todavía a ritmos distintos.
Ninguna IA privada debe pretender sustituir esta infraestructura; su función es distinta: preparar mejor el trabajo que después se incorporará al circuito procesal, con documentos coherentes, versiones controladas, evidencias y cumplimientos verificables.
El criterio no es la demo, es el encaje
Antes de elegir una IA determinada, hay que identificar qué tarea acelera realmente la herramienta —investigación, borradores, control de plazos, gestión de expedientes, prueba documental— y comprobar si esa ganancia se pierde después, cuando hay que reconstruir a mano metadatos, anexos o formatos para la presentación. Ese último tramo concentra el mayor riesgo. No basta con que la IA genere una buena demanda: importa que esa demanda llegue al expediente con orden y capacidad de revisión.
Interoperabilidad verificable, no una etiqueta comercial
El RD-ley 6/2023 exige que los sistemas de la Administración de Justicia sean interoperables, con previsiones específicas para los Consejos Generales y Colegios Profesionales. Esto no obliga a que toda herramienta tecnológica privada se conecte directamente con LexNET, pero sí a evaluar si genera documentos, versiones e índices que faciliten una incorporación fiable al circuito público. Preguntas verificables: ¿exporta sin bloqueo tecnológico?, ¿conserva el histórico de versiones?, ¿acredita quién revisó o validó un documento?, ¿reduce la duplicación entre sistemas? Una IA útil no crea un circuito paralelo: hace más eficiente y verificable la relación con la Administración de Justicia, no la sustituye.
La vista telemática exige algo más que transcribir
La videoconferencia judicial no es una videollamada ordinaria: exige garantías de identificación, integridad del acto y condiciones de participación. Antes de incorporar una IA de apoyo en las videoconferencias conviene comprobar si trabaja con documentos compartidos bajo control, versiones identificables, registro de incidencias y revisión humana constante. La IA puede ordenar cronologías o preparar esquemas de intervención, pero nunca debe diluir la confidencialidad, la espontaneidad de una declaración o la dirección humana del acto.
Herramientas útiles, no equivalentes en el sector legal
GenIA-L, Vincent AI, Sof-IA de Tirant Prime, Aranzadi Allegra, Prudencia.ai son referencias visibles en el mercado español, sin agotar el catálogo disponible. Cada una aporta consulta, redacción y análisis con matices propios, pero ninguna debería elegirse por una lista de funcionalidades. La decisión exige pruebas con expedientes anonimizados —demanda, recurso, contestación— midiendo precisión jurídica, calidad de fuentes, tiempo real de revisión humana, seguridad y facilidad de exportación. La herramienta más vistosa no siempre es la más útil: en litigación gana la que reduce trabajo repetitivo sin aumentar el riesgo de error.
La gobernanza, no la funcionalidad, protege el proceso
Cumplir el RGPD no es suficiente. Hay que saber si los documentos entrenan al modelo, dónde se alojan los datos, qué subencargados intervienen y qué ocurre al finalizar el contrato. Una herramienta que no permite saber quién accedió o qué versión fue validada puede ahorrar tiempo al principio y generar inseguridad cuando el asunto exija auditoría.
El riesgo no depende de la etiqueta “IA”
El RIA califica de alto riesgo los sistemas destinados a asistir a una autoridad judicial en la interpretación de hechos y Derecho. Pero que un abogado o un departamento jurídico use IA no convierte automáticamente la herramienta en un sistema de alto riesgo: la frontera es funcional, según la finalidad y su incidencia real en una decisión, no tecnológica. Y la decisión judicial nunca puede quedar desplazada por el automatismo.
Lo que importa realmente
El futuro no pertenece a la IA que redacta más rápido, sino a la que respeta la infraestructura pública, reduce duplicidades, protege el dato, conserva evidencia y facilita la revisión humana. En Justicia, la mejor IA es la que permite explicar, cuando llegue el momento, cómo se trabajó, con qué información, qué cumplimiento y bajo qué garantías.
