- Jueces y abogados debaten sobre si la reforma competencial propuesta desde la propia entidad judicial es oportuna para la lucha contra esta lacra
La Audiencia Nacional quiere ampliar sus competencias para asumir investigaciones sobre el narcotráfico como, por ejemplo, la que les costó la vida a dos agentes de la Guardia Civil el pasado viernes en Huelva en una operación contra el tráfico de drogas.
En coincidencia con el 50 aniversario de la creación de la Audiencia Nacional, que se cumple enero del próximo año, la Sala de Gobierno -a iniciativa del presidente de la Audiencia y con propuestas de las Fiscalías de la Audiencia y la Especial Antidroga, así como de magistrados y fiscales- ha presentado una propuesta de reflexión y actualización de sus competencias con el objetivo de reforzar su capacidad de respuesta frente a las nuevas formas de criminalidad.
La propuesta parte de la constatación de que los cambios en la actividad delictiva -cada vez más compleja, transnacional y tecnificada- requieren una respuesta penal más ágil, especializada y coordinada. En este contexto, la Audiencia Nacional se posiciona como un órgano idóneo por su grado de especialización, experiencia y capacidad de cooperación internacional.
En el conocido como “Informe Barbate”, realizado tras el fallecimiento de dos guardias civiles, tal y como ha ocurrido ahora en Huelva, se presentaba una batería de medidas “para evitar que se quiebre el Estado de Derecho en determinadas zonas de España”. De las ocho iniciativas planteadas hace dos años, cuatro no se han aplicado y en otras cuatro se ha avanzado algo, aunque de manera parcial e insuficiente.
En ese sentido, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ( AJFV ) valora positivamente que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional haya planteado ahora una reforma para reforzar sus competencias en la investigación de delitos de narcotráfico de especial gravedad o complejidad. Dicha propuesta apunta en la dirección correcta y coincide con una reclamación que AJFV ya formuló en febrero de 2024.
Esta asociación vuelve a reclamar que esta entidad asuma la competencia para investigar y enjuiciar delitos de narcotráfico cometidos por organizaciones o grupos criminales, e insiste en que la lucha contra el narcotráfico también se libra en los tribunales: en la instrucción de las causas, en la capacidad de seguir el dinero, en la adopción de medidas cautelares, en la protección de quienes investigan y en la posibilidad real de celebrar juicios sin dilaciones indebidas. Debe venir acompañada de medios, planificación y una visión completa del problema.
Es una cuestión relevante
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Jorge Agüero cree que “parece razonable abrir el debate sobre una posible ampliación competencial de la Audiencia Nacional en materia de narcotráfico”
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Para Jorge Agüero, socio director de Fukuro Legal, esta es una cuestión especialmente relevante en el contexto actual del crimen organizado y de la evolución del tráfico de drogas en España. A su juicio, “uno de los principales problemas que existen actualmente deriva de la determinación de la competencia territorial para investigar este tipo de delitos. En muchas ocasiones, las investigaciones se inician en los juzgados del lugar donde se produce una intervención concreta o donde se detecta inicialmente el delito. Sin embargo, el narcotráfico moderno rara vez se limita a una única provincia o comunidad autónoma. Las organizaciones criminales operan de forma estructurada, con redes logísticas y de distribución que abarcan distintos territorios e incluso conexiones internacionales”.
“Precisamente ahí surge la dificultad del criterio de “interprovincialidad”, que actualmente resulta clave para justificar la competencia de la Audiencia Nacional. En términos generales, debe acreditarse que la actividad delictiva afecta a varias provincias, comunidades autónomas o incluso a diferentes países, ya sea por la estructura de la organización, por las rutas de distribución de la droga o por el alcance económico de la actividad. El problema práctico es que demostrar esa dimensión supraterritorial no siempre es sencillo en las fases iniciales de la investigación.”, comenta
Para este experto, esta situación genera importantes dificultades procesales. Mientras se resuelven las cuestiones de competencia entre distintos juzgados, se producen retrasos que afectan directamente a la eficacia de las investigaciones. Además, la actual regulación de los plazos de instrucción, especialmente tras la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, limita considerablemente el margen temporal para investigar. Aunque la instrucción puede prorrogarse, la realidad es que las discusiones competenciales consumen tiempo valioso y, en algunos casos, las defensas aprovechan esas dilaciones para cuestionar diligencias o debilitar la investigación.
.Por otro lado, debe destacarse que la Audiencia Nacional cuenta con un importante grado de especialización. No se trata de un tribunal “especial” en cuanto a la aplicación de normas distintas, ya que aplica el mismo Código Penal y la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal que el resto de órganos judiciales. Sin embargo, sí dispone de fiscales, jueces y unidades policiales altamente especializados en delincuencia organizada, narcotráfico, delitos económicos, blanqueo de capitales o cooperación internacional.. La experiencia acumulada, la coordinación con organismos internacionales y el conocimiento específico de las dinámicas del narcotráfico permiten una persecución del delito mucho más eficaz y homogénea.
Para Jorge Agüero, “por todo ello, parece razonable abrir el debate sobre una posible ampliación competencial de la Audiencia Nacional en materia de narcotráfico, especialmente en aquellos asuntos vinculados al crimen organizado y a estructuras de distribución supraterritoriales. Una mayor centralización podría evitar conflictos competenciales, agilizar investigaciones complejas y reforzar la capacidad del Estado para responder a una criminalidad cada vez más sofisticada y globalizada”.
Hay que centralizar la instrucción
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Marcelino Tamargo aboga por la competencia exclusiva de la Audiencia Nacional en estos temas por diversas razones
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Por su parte, Marcelino Tamargo, socio director de Espacio Legal y abogado especialista en Derecho Penal Económico, su posición es firme: “la centralización de la instrucción de las causas de narcotráfico en la Audiencia Nacional (AN) no es solo una opción organizativa, sino una necesidad estratégica para el Estado de Derecho. En su opinión, desmantelar la competencia de la Audiencia Nacional en favor de los juzgados provinciales sería un regalo para las grandes organizaciones criminales. Solo mediante la concentración de recursos, inteligencia y poder judicial en un órgano especializado podemos aspirar a una respuesta penal que no solo castigue el hecho puntual, sino que desarticule el motor económico de la criminalidad organizada”.
Este experto aboga por la competencia exclusiva de la Audiencia Nacional en estos temas por diversas razones. La primera: Visión Global contra Estructuras Transnacionales: El narcotráfico del siglo XXI opera como una multinacional del crimen. Un alijo incautado en un puerto de Galicia suele ser solo el síntoma de una organización que tiene su base logística en la Costa del Sol, sus abogados en Madrid y sus vehículos financieros en el extranjero. “La Audiencia Nacional permite una instrucción unitaria que "une los puntos", identificando no solo al transportista, sino a la cúpula directiva y a los facilitadores económicos que operan de forma transversal en todo el territorio nacional”, indica
Sobre la segunda cuestión habla de la especialización en el fenómeno del blanqueo (Penal Económico): Como experto en penal económico, “considero este punto el más crítico. La lucha contra el narcotráfico hoy se gana en los libros de contabilidad, no solo en las lanchas: Los Juzgados Centrales de Instrucción cuentan con el apoyo directo de unidades de élite (UDEF, UCO, GRECO) y de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Al mismo tiempo la centralización facilita la ejecución de comisiones rogatorias internacionales y el embargo preventivo de cuentas en paraísos fiscales. Un juzgado de instrucción local, saturado por delitos comunes, carece de los medios y el tiempo para desenredar las complejas capas societarias que las mafias utilizan para blanquear sus beneficios”.
Como tercer elemento este jurista cree que esta centralización es un “Blindaje contra la Presión y Corrupción Local”: “Es una realidad incómoda pero jurídica: la proximidad física del tribunal al lugar del crimen en zonas de alta incidencia de narcotráfico puede generar situaciones de vulnerabilidad. Los magistrados de la Audiencia Nacional en Madrid operan bajo un blindaje institucional y una distancia física que reduce el riesgo de coacciones o influencias indebidas por parte de clanes locales fuertemente arraigados en el territorio. Al mismo tiempo, la infraestructura de la capital ofrece mayores garantías para la gestión de testigos protegidos y peritos, esenciales en estas causas de alta peligrosidad”, indic
Por último, Tamargo haba de Seguridad Jurídica y Unificación de Criterios: ”La dispersión de las causas de narcotráfico entre decenas de Audiencias Provinciales genera una "lotería jurídica". Los criterios sobre intervenciones telefónicas, entradas y registros o la valoración de la prueba de indicios pueden variar sustancialmente. La centralización en la AN garantiza una doctrina coherente y uniforme, lo que reduce la posibilidad de nulidades procesales que den al traste con años de investigación policial”.
Hay que determinar competencias
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Raul Pardo Geijo considera que “la respuesta constitucionalmente más coherente y procesalmente más eficiente pasa por reforzar las Audiencias Provinciales allí donde la presión del narcotráfico lo demande”
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Para Raúl Pardo, socio director de Pardo Geijo Abogados, cree que esta reforma “plantea un problema de determinación competencial de una gravedad técnica considerable. El texto propone atribuir competencia a la Audiencia Nacional «siempre y cuando así lo aconseje la gravedad del hecho y la complejidad de una investigación eficaz». Sin embargo, la indeterminación de estos conceptos jurídicos —gravedad y complejidad— abriría un extensísimo debate jurisprudencial sobre qué umbrales concretos activan dicha competencia. La litigiosidad generada en torno a las cuestiones de competencia y a los conflictos entre órganos jurisdiccionales podría ser extraordinaria, La seguridad jurídica exige criterios objetivos, tasados y predecibles; no cláusulas de apertura sometidas a interpretación casuística”
Otra cuestión que destaca este abogado es que “la medida entrañaría una masificación estructural de la Audiencia Nacional difícilmente sostenible. El propio documento reconoce que las diligencias por narcotráfico crecieron un 32% entre 2023 y 2024, y que el Juzgado Central de Instrucción número 1 ya requiere un magistrado de refuerzo. Ampliar el ámbito competencial sin resolver primero esa sobrecarga no haría sino agravar una situación ya tensionada, comprometiendo la calidad y celeridad de las instrucciones y, en última instancia, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”.
“En tercer lugar, no puede ignorarse el impacto económico y procesal que la reforma supondría para todas las partes. La atracción de causas hacia Madrid implicaría un incremento sustancial de los costes de defensa —desplazamientos, designación de procuradores en una plaza distinta, coordinación con letrados locales—, cargas que recaerían no solo sobre la Administración de Justicia, sino también sobre los propios investigados y acusados. En un sistema que proclama el acceso efectivo a la justicia, este factor no puede ser ignorado” indica
En su opinión, “la respuesta constitucionalmente más coherente y procesalmente más eficiente pasa por reforzar las Audiencias Provinciales allí donde la presión del narcotráfico lo demande. La creación de nuevas secciones especializadas en las Audiencias de las provincias más afectadas permitiría mantener la proximidad territorial de la instrucción —con todas las ventajas que ello conlleva en términos de acceso a fuentes de prueba y conocimiento del entorno criminal—, sin desbordar un órgano central cuya especialización debe reservarse para aquellos asuntos de genuina dimensión supranacional o estructural. Además, existen Audiencias Provinciales con una carga de trabajo razonablemente asumible que disponen de margen real para absorber causas complejas de esta naturaleza
En suma, un penalista como Raul Pardo, cree que "la solución no reside en ampliar las competencias de la Audiencia Nacional, sino en dotar a la jurisdicción ordinaria de los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a un fenómeno criminal que, aunque grave, no requiere en todos los casos de un órgano centralizado para ser eficazmente perseguido”.
Hay que hacerlo bien
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Alvaro Prieto destaca que el “ narcotráfico de tercera generación —violento, transnacional, con capacidad corruptora de funcionarios y agentes— exige, en efecto, una respuesta institucional a la altura”
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A juicio de Alvaro Prieto, abogado penalista con despacho en Murcia, la propuesta remitida por la Audiencia Nacional al Consejo General del Poder Judicial para asumir investigaciones contra redes de narcotráfico, blanqueo, trata de seres humanos, ciberataques a infraestructuras críticas y tráfico de bienes culturales, prescindiendo del clásico criterio de interprovincialidad, merece un análisis sereno “ El narcotráfico de tercera generación —violento, transnacional, con capacidad corruptora de funcionarios y agentes— exige, en efecto, una respuesta institucional a la altura. A su juicio, hay que delimitar con precisión qué causas, bajo qué umbrales y con qué controles pasarán a la Audiencia. La especialización merece la pena; la jurisdicción de excepción encubierta, no”.
Desde su punto de vista la cuestión es si esa respuesta debe canalizarse mediante la expansión competencial de un tribunal cuya naturaleza, conviene recordarlo, sigue siendo la de una jurisdicción especializada con vocación tasada. ”El artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial diseñó la competencia de la Audiencia Nacional sobre dos ejes nítidos: la naturaleza del delito (terrorismo, delitos económicos de gran calado, contra la Corona, falsificación de moneda) y, en el ámbito del narcotráfico, la concurrencia de organización y la afectación a varias provincias. Ese segundo elemento, el llamado criterio de interprovincialidad, fue concebido en una época en la que las redes de tráfico operaban con lógicas todavía territorializadas”, indica
“ Hoy resulta, como acertadamente subraya la Fiscalía Antidroga, un anacronismo. Una alijo de cocaína introducido por la costa onubense puede tener su centro de decisión en los Países Bajos, su financiación en los Emiratos, su blanqueo en una operadora portuguesa y su distribución final en una sola provincia española. Aplicar mecánicamente el viejo criterio no sólo retrasa la llegada de la causa al tribunal técnicamente más preparado: fragmenta investigaciones, multiplica esfuerzos procesales y, en no pocas ocasiones, frustra la persecución”, advierte
Dicho esto, este experto indica conviene dos cautelas.” La primera es de orden técnico. Sustituir un criterio objetivo —la interprovincialidad— por otros más elásticos como la “gravedad del hecho”, la “complejidad de la investigación” o el empleo de “medios especialmente sofisticados o violentos” introduce un margen de apreciación que, sin reglas claras de atribución, puede generar conflictos negativos y positivos de competencia, dilatar la fase de instrucción y abrir flancos a nulidades por la vía del juez predeterminado por la ley del artículo 24.2 de la Constitución. Toda reforma deberá, por tanto, ir acompañada de criterios reglados, verificables y revisables en sede de recurso”. indica
“La segunda es de política criminal. La Audiencia Nacional nació, recordémoslo, como tribunal de excepción ante fenómenos delictivos de excepción. Cada ensanchamiento de su perímetro competencial debe justificarse en una verdadera necesidad técnica, no en la presión mediática del último suceso. La especialización no es, por sí sola, garantía de eficacia: lo es la dotación de medios humanos —el refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 1 que también se solicita lo evidencia—, la cooperación con Eurojust y Europol y el desarrollo cabal de instrumentos como el agente encubierto informático o las entregas vigiladas, respalda Alvaro Prieto.
