Fundamento y criterios para la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas

El artículo 24.2 de la Constitución Española establece que: «todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia».

En ese mismo sentido, el artículo 6 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales señala que: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable …»