Fiscalía instructora: concentración de poder y riesgo estructural

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que, por primera vez en la historia de España, transfiere la dirección de las investigaciones penales desde los jueces de instrucción a los fiscales. El cambio, presentado como una modernización largamente aplazada, plantea, sin embargo, un problema institucional de fondo: la concentración de poder en un órgano que es, por definición, parte en el proceso. La figura del fiscal instructor introduce una peligrosa confusión entre quien investiga, quien acusa y quien, en definitiva, decide si el ciudadano debe ser llevado a juicio.

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