Virginia Domingo de la Fuente
INTRODUCCIÓN
La violencia de género sigue siendo una de las grandes lacras de nuestra sociedad y algunos casos nos obligan a preguntarnos si estamos haciendo todo lo necesario para proteger a las víctimas.
Uno de los últimos, el de una guardia civil asesinada presuntamente por su expareja, también guardia civil, me ha dejado especialmente consternada. La agente había pedido mantener su dispositivo telemático de protección y, según personas cercanas, había acudido a un centro de salud por un cuadro de ansiedad y llevaba meses viviendo con miedo ante la reacción de su expareja. Sin embargo, el tribunal de instancia de Llanes consideró que no existía una situación objetiva de riesgo que justificara mantenerlo.
Posteriormente, el hombre fue expulsado de la Guardia Civil, apartado del servicio y privado de su arma reglamentaria. A pesar de ello, habría conseguido hacerse con otra pistola y terminó asesinando a su expareja.
No cuestiono la necesidad de las medidas de protección ni de herramientas como VioGén. Pero este caso nos recuerda que no es suficiente con evaluar el riesgo, proteger a la víctima y castigar al agresor. Los sistemas tecnológicos son herramientas necesarias, pero detrás de cada valoración hay una persona, con sus miedos, circunstancias y emociones, y un agresor cuya conducta no siempre puede predecirse. Por eso necesitamos ampliar nuestra mirada. Proteger a las víctimas debe significar también prevenir, escuchar, acompañar, sanar, empoderar e intervenir sobre quienes ejercen la violencia. Y es precisamente aquí donde debemos preguntarnos qué puede aportar la Justicia Restaurativa.
LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EXIGE UNA RESPUESTA INTEGRAL Y MULTIDIMENSIONAL
No pongo en duda la necesidad de VioGén ni la utilidad de contar con herramientas tecnológicas que ayuden a proteger a las víctimas. Sin embargo, sí creo que debemos cambiar la lente con la que miramos la violencia de género. La realidad nos demuestra que, pese a las medidas existentes, seguimos enfrentándonos a casos que nos obligan a preguntarnos si estamos haciendo todo lo necesario. Y si algo no está funcionando como esperamos, debemos tener la valentía de revisar nuestro enfoque. VioGén constituye, sin duda, una herramienta importante. Creado en 2007 por el Ministerio del Interior, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género permite integrar información procedente de distintos ámbitos y evaluar el riesgo de la víctima.
A partir de la información recopilada, establece diferentes niveles —no apreciado, bajo, medio, alto y extremo— a los que se vinculan determinadas medidas de protección. Además, el riesgo puede ser reevaluado cuando aparecen nuevas circunstancias.
Todo ello es necesario y positivo. El problema aparece cuando olvidamos que detrás de cualquier valoración existe una persona y que las personas no somos máquinas predecibles. Por muy sofisticada que sea una herramienta tecnológica, difícilmente podrá anticipar todas las reacciones de un ser humano. Las conductas violentas pueden estar condicionadas por emociones, creencias, relaciones de poder o determinados acontecimientos que actúan como detonantes. Una persona puede haber mostrado hasta ese momento comportamientos que permitan valorar el riesgo como bajo y, sin embargo, reaccionar de manera imprevisible ante una determinada situación.
Por eso, no deberíamos enfrentar tecnología y protección humana. Necesitamos ambas. Pero debemos ser conscientes de los límites de cada una. Evaluar el riesgo es imprescindible; prevenir la violencia requiere mucho más. Y aquí es donde creo que debemos revisar también qué entendemos por prevención. Se destinan importantes esfuerzos a campañas de sensibilización, a informar sobre la necesidad de denunciar y a organizar talleres sobre violencia de género. Todo ello puede ser útil, pero no podemos pensar que informar equivale necesariamente a prevenir.
Una campaña puede explicar que la violencia de género existe. Un taller puede transmitir determinados conocimientos. Pero si realmente queremos prevenir futuras conductas violentas, necesitamos ir un paso más allá: necesitamos que las personas puedan reflexionar sobre sus propias creencias, cuestionar los patrones que sustentan la violencia y examinar críticamente aquellas ideas que pueden terminar legitimando comportamientos violentos. Esto resulta especialmente importante cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Si queremos evitar que determinadas conductas se reproduzcan en el futuro, no basta con decirles qué está bien y qué está mal. Necesitamos crear espacios seguros de diálogo y reflexión, acompañados por profesionales capaces de facilitar esos procesos sin limitarse a imponer conceptos o valores. Y es precisamente aquí donde puede encontrar un espacio la Justicia Restaurativa.
Con demasiada frecuencia seguimos identificándola exclusivamente con el encuentro entre víctima y persona ofensora, como si su finalidad fuera conseguir que ambas se sienten frente a frente y, de alguna manera, terminen perdonándose. Pero esta es una visión extraordinariamente reducida de lo que puede ser la Justicia Restaurativa.
Si entendemos que también puede servir para construir y fortalecer comunidad, podemos pensar en espacios restaurativos de primer nivel destinados a generar oportunidades de diálogo, reflexión y concienciación frente a la violencia de género. Espacios en los que la comunidad pueda cuestionar determinadas creencias y valores y construir colectivamente una posición clara de rechazo frente a cualquier forma de violencia.No se trataría simplemente de impartir otro taller ni de transmitir un conjunto de conocimientos. Se trataría de acompañar procesos de reflexión en los que sean las propias personas participantes quienes puedan examinar sus ideas, cuestionarlas y, llegado el caso, transformarlas.
Pero para que esto sea realmente Justicia Restaurativa necesitamos profesionales que comprendan su esencia. La Justicia Restaurativa debe adaptarse a las personas y no las personas a un modelo rígido de Justicia Restaurativa. Esto no significa improvisación. Significa trabajar con objetivos claros y permitir que quienes facilitan los procesos adapten las metodologías a las necesidades concretas de las personas y del contexto.
También debemos mirar hacia las propias víctimas. Cuando hablamos de violencia de género, ponemos muchos recursos en la protección y en la prevención, pero no siempre prestamos la misma atención a los procesos de recuperación y empoderamiento de quienes han sufrido la violencia.
La asistencia psicológica y social es fundamental y no puede sustituirse. Pero también existen otras posibilidades. Los programas individuales de Justicia Restaurativa pueden ofrecer espacios de escucha, reconocimiento y acompañamiento que contribuyan al proceso de recuperación de determinadas víctimas.
Un ejemplo es Ave Fénix, de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa, orientado precisamente al acompañamiento y recuperación de víctimas de violencia sexual y de género. La existencia de este tipo de programas debería hacernos reflexionar sobre nuestras prioridades. Las campañas informativas son necesarias, pero también deberían ocupar un lugar central aquellos programas capaces de acompañar a las víctimas, ayudarlas a recuperar su voz y contribuir a su empoderamiento. Porque proteger no debería significar únicamente evitar que una víctima vuelva a ser agredida. Proteger también significa ayudarla a recuperar aquello que la violencia pudo arrebatarle: seguridad, confianza, autonomía y capacidad para reconstruir su propia vida.
INTERVENCIÓN CON ENFOQUE RESTAURATIVO CON MALTRATADORES
Existe otro problema que, a mi juicio, debemos abordar: en nuestra preocupación por proteger a las víctimas, centramos gran parte de la respuesta en castigar a quienes ejercen la violencia, pero no siempre prestamos la misma atención a qué podemos hacer para evitar que vuelvan a hacerlo y, sobre todo, para impedir que otras mujeres puedan convertirse en sus próximas víctimas.
Las penas y las medidas de protección son necesarias. Nadie debería cuestionarlo. Pero pensar que el endurecimiento de las consecuencias jurídicas es suficiente para disuadir de la violencia supone simplificar un fenómeno extraordinariamente complejo. El caso con el que comenzaba este artículo es un buen ejemplo de ello: se retiró el arma al agresor, fue apartado del servicio y finalmente expulsado de la Guardia Civil. Ninguna de estas medidas evitó el desenlace. Esto no significa que fueran medidas equivocadas, sino que las medidas punitivas y de protección, por sí solas, no pueden constituir toda la respuesta frente a la violencia de género.
También existen programas dirigidos a quienes ejercen violencia. Sin embargo, debemos preguntarnos si todos ellos están consiguiendo el objetivo que debería ser prioritario: que estas personas comprendan el daño que han causado, cuestionen las creencias que sustentan sus conductas y, finalmente, desistan de ejercer violencia.
No basta con explicar a una persona qué está bien y qué está mal. Si queremos provocar un cambio real, necesitamos procesos de intervención que permitan trabajar sobre sus propias creencias, emociones y formas de relacionarse. Necesitamos que puedan preguntarse por qué han actuado como lo han hecho y qué consecuencias han tenido sus comportamientos sobre otras personas.
Y es precisamente aquí donde pueden tener cabida determinados programas de Justicia Restaurativa dirigidos exclusivamente a personas ofensores, sin que su finalidad sea necesariamente el encuentro con la víctima. El objetivo fundamental de estos programas sería favorecer el desistimiento de la violencia mediante procesos de responsabilización. Se trataría de que la persona ofensora pudiera comprender el impacto de sus acciones, reconocer el daño causado, cuestionar las creencias que han contribuido a justificar su comportamiento y desarrollar la voluntad de no volver a ejercer violencia. La reparación, cuando sea posible y adecuada, constituiría también una consecuencia de ese proceso de responsabilización.
Para ello pueden utilizarse diferentes metodologías restaurativas, como los círculos, siempre desde una intervención profesional y adaptada a las características de las personas participantes.
El papel de quien facilita el proceso es fundamental: mediante preguntas, escucha activa y otras herramientas restaurativas, no se trata de imponer a la persona ofensora qué debe pensar o cómo debe cambiar, sino de generar las condiciones para que sea ella misma quien comience a cuestionar sus ideas sobre el machismo, las relaciones de poder, las mujeres y sus propios comportamientos.
Y esta diferencia es esencial: en un proceso restaurativo no se pretende decirle al ofensor que debe cambiar; se pretende que llegue a comprender por sí mismo por qué necesita hacerlo. Por supuesto, la Justicia Restaurativa no es una panacea. No todas las personas estarán dispuestas a cuestionarse, asumir responsabilidad o iniciar un proceso de cambio. Pero precisamente porque ninguna respuesta está consiguiendo por sí sola erradicar la violencia, deberíamos estar dispuestos a explorar nuevas posibilidades. No se trata de sustituir las penas ni las medidas de protección, sino de añadir una intervención que pueda actuar allí donde la respuesta exclusivamente punitiva no llega.
Y existe todavía una posibilidad más, mucho más delicada y que solo podría plantearse cuando concurran las condiciones de seguridad, voluntariedad y preparación necesarias: utilizar metodologías restaurativas que permitan preparar a la víctima y a la persona ofensora para uno o varios encuentros.
Aquí es especialmente importante no confundir Justicia Restaurativa y mediación. Nuestra legislación prohíbe la mediación y la conciliación en determinados supuestos de violencia de género, y esta prohibición responde, entre otras razones, al evidente desequilibrio de poder que puede existir entre las partes. Pero precisamente por eso debemos evitar identificar automáticamente cualquier proceso restaurativo con una mediación.
La Justicia Restaurativa no pretende negociar entre iguales ni alcanzar un acuerdo sobre el conflicto. Puede trabajar con personas que parten de posiciones profundamente desiguales y, cuando resulta adecuado y seguro, orientarse precisamente a dar voz a la víctima, favorecer su empoderamiento y conseguir que la persona ofensora asuma la responsabilidad por el daño causado.
Eso sí: un eventual encuentro nunca puede convertirse en una obligación para la víctima ni plantearse como una fórmula automática. Debe existir una evaluación rigurosa, preparación individual, garantías de seguridad y una verdadera voluntad de participar. Y, sobre todo, debemos aceptar que en muchos casos ese encuentro no será posible ni conveniente.En definitiva, podemos hacer más. Mucho más. Y quizá el problema sea que seguimos destinando una parte importante de nuestros esfuerzos a decir que la violencia de género existe, a pedir que se denuncie y a transmitir mensajes de sensibilización, cuando necesitamos también programas que trabajen con las personas, acompañen a las víctimas y ayuden a transformar las conductas de quienes ejercen la violencia.
Si realmente queremos prevenir nuevas víctimas, quizá ha llegado el momento de dejar de preguntarnos únicamente cómo podemos castigar mejor y empezar a preguntarnos también qué podemos hacer para que quien ha ejercido violencia no vuelva a ejercerla.
CONCLUSIONES
La violencia de género exige que revisemos la forma en que estamos afrontando su prevención y la protección de quienes la sufren. El caso que sirve de punto de partida para esta reflexión pone de manifiesto una realidad incómoda: disponer de medidas de protección, herramientas tecnológicas de evaluación del riesgo y respuestas penales frente al agresor no garantiza, por sí solo, que la víctima esté realmente protegida. La tecnología puede ayudar a identificar situaciones de riesgo y a adoptar medidas, pero no puede sustituir la valoración humana ni anticipar todas las reacciones y decisiones de una persona.
Esto no significa cuestionar la utilidad de sistemas como VioGén ni la necesidad de las medidas policiales y judiciales. Significa reconocer que la protección de las víctimas debe abordarse desde una perspectiva integral y multidimensional. Proteger no es únicamente evitar una nueva agresión; también implica acompañar, escuchar, reparar, empoderar y ofrecer espacios que permitan a las víctimas avanzar en sus procesos de recuperación.
Del mismo modo, la prevención no puede quedar reducida a campañas informativas o a talleres en los que simplemente se transmiten determinados conocimientos y valores. Si queremos prevenir realmente la violencia de género, necesitamos generar espacios en los que las personas puedan cuestionar sus propias creencias, examinar los patrones culturales y sociales que sustentan la violencia y desarrollar una conciencia auténtica sobre el daño que esta provoca. La prevención debería aspirar a transformar, no solamente a informar.
En este ámbito, la Justicia Restaurativa puede aportar mucho más de lo que habitualmente se piensa. Su utilización no debe limitarse al encuentro entre víctima y persona ofensora. También puede desarrollar una importante función preventiva y comunitaria mediante espacios restaurativos destinados a construir relaciones, fortalecer la comunidad y generar una conciencia colectiva contraria a cualquier forma de violencia. Entendida de esta manera, la Justicia Restaurativa puede contribuir a prevenir futuras conductas violentas antes de que estas lleguen a producirse.
También resulta necesario ampliar la mirada respecto de la intervención con los maltratadores. Castigar es necesario cuando se ha cometido un delito, pero castigo y transformación no son conceptos equivalentes.
Una respuesta exclusivamente punitiva puede resultar insuficiente para impedir que determinadas personas vuelvan a ejercer violencia.
Por ello, junto a las consecuencias jurídicas de sus actos, debemos explorar intervenciones capaces de favorecer una verdadera responsabilización, de manera que sean los propios ofensores quienes lleguen a comprender el daño causado y cuestionen las creencias que sustentan sus conductas.
Precisamente ahí pueden encontrar un espacio determinados programas restaurativos dirigidos exclusivamente a personas ofensores, sin que exista necesariamente un encuentro con la víctima. Su finalidad no sería suavizar la respuesta frente al delito ni sustituir la pena, sino trabajar sobre la responsabilización, la comprensión del daño y el desistimiento de la violencia. No se trata de decir a la persona qué debe pensar o cómo debe cambiar, sino de generar procesos en los que puedan comenzar a cuestionarse y asumir por sí mismos la necesidad de hacerlo.
Finalmente, tampoco debemos caer en el error contrario y convertir la Justicia Restaurativa en una nueva solución universal. No todos los casos reúnen las condiciones necesarias para un proceso restaurativo y, especialmente en contextos de violencia de género, la seguridad, la voluntariedad y el empoderamiento de la víctima deben constituir condiciones esenciales. Pero precisamente por ello es necesario diferenciar la Justicia Restaurativa de la mediación y no descartarla automáticamente por la existencia de un desequilibrio de poder. La Justicia Restaurativa no exige que las personas lleguen al proceso en igualdad; puede precisamente trabajar para que la víctima recupere voz, capacidad de decisión y protagonismo.En definitiva, si las respuestas que hemos utilizado hasta ahora no están consiguiendo erradicar la violencia de género, quizá ha llegado el momento de preguntarnos si necesitamos hacer algo diferente. No se trata de abandonar la protección policial, las medidas judiciales, las sanciones o las campañas de prevención, sino de dejar de considerarlas suficientes. Necesitamos sumar nuevas respuestas y, sobre todo, poner en el centro aquello que con demasiada frecuencia queda relegado: las personas, sus necesidades, los procesos de recuperación, la responsabilización de quienes ejercen la violencia y la transformación de la comunidad que permite que determinados comportamientos continúen reproduciéndose.
La Justicia Restaurativa, correctamente entendida y aplicada por profesionales formados, no es la solución a todos los problemas, pero puede constituir una pieza más de esa respuesta integral. Porque frente a una violencia que es compleja, humana y profundamente relacional, quizá también necesitemos una respuesta que sea capaz no solo de castigar y proteger, sino también de escuchar, responsabilizar, reparar, sanar y transformar.
