JUC


Con motivo del Día Europeo de la Mediación, el mediador laboral Juan Medina, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Mediación (AMM) y miembro de ASNALA, invita a las empresas a revisar cómo gestionan sus conflictos internos y a observar el papel creciente que la mediación está adquiriendo en el ámbito empresarial europeo.

En España, buena parte de la conflictividad laboral se resuelve lejos de los tribunales. Según la Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación del Ministerio de Trabajo, en 2023 se tramitaron más de 436.000 conciliaciones individuales, con 150.629 acuerdos (34,5% del total). Estos datos confirman que miles de disputas laborales encuentran solución por vías de diálogo antes de judicializarse, reduciendo tensiones y evitando la incertidumbre asociada al pleito.

La mediación colectiva también muestra resultados significativos. En 2023, la Fundación Instituto de Relaciones Laborales y Mediación (IRMA) registró 740 expedientes, con acuerdos en el 35,83%, que beneficiaron a 832.605 personas trabajadoras y 48.868 empresas. Las huelgas desconvocadas evitaron la pérdida de 1.398.160 jornadas de trabajo y el equivalente a 227,8 millones de euros en horas no trabajadas, lo que refleja el impacto económico de la mediación en términos de continuidad operativa y gobernanza laboral.

“Estas cifras evidencian que la mediación no es una nota a pie de página, sino una pieza silenciosa del mercado laboral”, señala Medina. “Las empresas no suelen quebrar por una sentencia, pero sí se deterioran por conflictos mal gestionados: despidos, reclamaciones salariales, rupturas entre socios o negociaciones bloqueadas”.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha anticipado además, en los avances publicados correspondientes a 2025 para la Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC), que la utilización de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos laborales se consolida como tendencia sostenida. Los avances difundidos hasta septiembre de 2025 confirman volúmenes de utilización próximos a los registrados en 2023 y 2024, lo que sugiere que el recurso a vías alternativas de solución de controversias formará parte estable del ecosistema laboral.

El contexto normativo empuja en la misma dirección. La Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, refuerza los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) y fomenta la búsqueda de acuerdos antes de iniciar determinados procesos judiciales, especialmente en el ámbito civil y mercantil. En paralelo, el Consejo de Europa impulsa desde 1998 la consolidación de sistemas de mediación como vía de descongestión judicial y de fortalecimiento del Estado de Derecho, situando a la mediación como parte estructural de la justicia del siglo XXI.

España es, además, un país de pequeñas y medianas empresas y de empresa familiar, donde los conflictos internos rara vez figuran en los balances, pero condicionan decisiones esenciales: invertir, contratar, retener talento o trazar sucesiones empresariales. Desde esa perspectiva, la mediación no es solo una herramienta jurídica, sino una infraestructura de continuidad empresarial.

Con motivo del Día Europeo de la Mediación, Medina plantea tres preguntas clave para las organizaciones:

1. ¿Existe un protocolo interno de gestión de conflictos más allá del convenio o el Estatuto de los Trabajadores?

2. ¿Se ofrecen vías de diálogo previas al litigio para evitar bloqueos innecesarios?

3. ¿Se calcula el coste económico y reputacional de los conflictos que terminan judicializándose?

“Hablar de mediación no es hablar de buenismo, sino de gestión profesional del conflicto”, concluye Medina. “Si tratamos todos los desacuerdos como pleitos, seguiremos saturando la justicia y debilitando empresas. Las democracias avanzadas no conciben la justicia como un lugar al que acudir siempre, sino como un lugar al que acudir cuando ya no hay acuerdo. El equilibrio moderno está en resolver lo que puede resolverse y litigar solo lo imprescindible”.

Europa no camina hacia la mediación: ya está en ella. España está completando ese tránsito. Las empresas que integren esta lógica no solo evitarán litigios, sino que sostendrán proyectos, preservarán relaciones y protegerán el tejido productivo del país.