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La Directiva 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios permite que una empresa de cualquier Estado miembro desplace trabajadores a otro Estado miembro para una misión concreta, manteniendo sus cotizaciones sociales y su contrato de trabajo en el Estado donde reside habitualmente.

Cabe precisar las actividades que pueden ser objeto de desplazamiento temporal de trabajadores a Francia:

  • Ejecución de una prestación de servicios (subcontratación): toda actividad industrial, comercial, artesanal, liberal o agrícola realizada en el marco de un contrato concluido con un prestatario. 
  • Movilidad intragrupo: puesta a disposición de personal entre empresas del mismo grupo, de forma no lucrativa, para una misión o una formación. 
  • Puesta a disposición de asalariados de trabajo temporal, cuando la ETT desplaza a Francia asalariados a una empresa utilitaria, para misiones puntuales. 
  • Operación por cuenta propia: cuando una empresa establecida en el extranjero, propietaria de un establecimiento en Francia, desplaza temporalmente a sus asalariados para misiones puntuales. 

La polémica ha estado servida en Francia durante años, donde desde muchos sectores se considera competencia desleal y dumping social el hecho de poder desplazar trabajadores desde países con cotizaciones sociales más baratas que las francesas.

Los controles laborales de la inspección francesa son por tanto recurrentes y exhaustivos, y cualquier empresa que desplace trabajadores al territorio galo tiene que ser muy rigurosa en el cumplimiento de sus obligaciones legales, entre las que se encuentran las siguientes:

  • Obligación de establecer una declaración previa de desplazamiento en la plataforma SIPSI;
  • Obligación de nombrar un representante en territorio francés, que pueda mediar con la inspección en caso de control;
  • Obligación de obtener una tarjeta “BTP” para cada uno de los trabajadores del sector de la construcción;
  • Obligación de estar establecido regularmente en otro país de la Unión Europea distinto a Francia y no ejercer aquí una actividad habitual, estable y continua;
  • Obligación de que los trabajadores desplazados no sean contratados exclusivamente para trabajar en territorio francés;
  • Obligación de respetar las disposiciones legales y a las estipulaciones de los convenios aplicables a los trabajadores empleados por las empresas de la misma rama de actividad en Francia, en materia de legislación laboral en determinados ámbitos (remuneración mínima, jornada laboral, horas extra, reembolso de gastos profesionales en materia de transporte, de comidas y de alojamiento,…)
  • Obligación de no desplazar trabajadores por un tiempo superior a 12 meses.

Otro problema recurrente con el que se encuentran las empresas que desplazan trabajadores (sobre todo en el sector agrícola y de la construcción) es que los trabajadores no comunitarios con permisos de residencia válidos en el país europeo donde residen habitualmente no pueden ser desplazados a Francia más de 3 meses (sentencia del Consejo de Estado Conseil  d’Etat, 30 janvier 2019, n°415818)  , debiendo solicitar un permiso de residencia para cualquier desplazamiento de duración superior.

Las sanciones en caso de incumpliendo pueden ir desde multas administrativas de 4.000 euros como máximo por cada trabajador desplazado (8.000 euros por trabajador en caso de reiteración en un plazo de dos años) hasta sanciones penales por delitos de tráfico de mano de obra extranjera, delito de trabajo clandestino,…

Es por tanto indispensable la previsión y el cumplimiento estricto de la normativa en estos supuestos cada día más necesarios debido a la creciente globalización.

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