El año que comienza se abre con retos decisivos de los graduados sociales ante su compromiso con el interés general, la legalidad y la correcta aplicación de las normas en el campo laboral y de RRHH para mejorar el servicio que prestan a empresas, personas trabajadoras y a la propia Administración.
En palabras de Joaquín Merchán Bermejo, Presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, “es justo reconocer los avances logrados el pasado año, entre los que destaca, por primera vez en la historia de la profesión, la creación de una mesa de trabajo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración. Fruto de este espacio de diálogo y cooperación se están alcanzando avances relevantes, como es el compromiso asumido por la Ministra Elma Saiz para llevar a cabo, de forma inmediata, la ampliación del plazo para comunicar las bajas laborales de tres a seis días naturales a la Tesorería General de la Seguridad Social, una demanda histórica del colectivo. Asimismo, estamos logrando avances con la TGSS basada en una cooperación coordinada, con responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a nuestra profesión, principios que consideramos innegociables y que hemos puesto encima de la mesa”.
Sin embargo, el reconocimiento de este avance no debe ocultar que quedan cuestiones estructurales pendientes que requieren una respuesta legislativa decidida. Otra de las principales demandas de los graduados sociales es mejorar la gestión de nuestra actividad con la Tesorería General de la Seguridad Social. Venimos reclamando un trato más personalizado, que tenga en cuenta la complejidad de los casos y la responsabilidad que asumimos como colaboradores necesarios del sistema. "La relación con la TGSS no puede reducirse a intercambios automatizados sin interlocución humana cuando esta es imprescindible", matiza Joaquín Merchán.
A esta petición se suma la necesidad urgente de simplificar la burocracia. La acumulación de trámites, requisitos formales y procedimientos redundantes no solo consume recursos, sino que incrementa el riesgo de errores y genera inseguridad jurídica. Los profesionales del Derecho Laboral reclaman normas más claras, procesos más ágiles y una revisión profunda de aquellos procedimientos que, lejos de aportar control o transparencia, dificultan la correcta gestión de derechos y obligaciones.
Otro aspecto de gran trascendencia es la desconexión digital. Resulta contradictorio que, mientras se promueve el bienestar laboral y la conciliación, la Administración continúe enviando notificaciones electrónicas fuera del horario laboral. Esta práctica traslada una presión indebida a los profesionales, que se ven obligados a una vigilancia permanente para evitar perjuicios a sus clientes. Es primordial que se establezcan límites claros al envío de notificaciones administrativas, garantizando el derecho a la desconexión digital y un marco de actuación razonable.
El presidente del Consejo General de Graduados Sociales afirma que "la digitalización de las administraciones públicas merece una reflexión específica. Los graduados sociales no estamos en contra de la transformación digital, al contrario, hemos sido aliados activos en su implantación. Pero digitalizar no es solo sustituir el papel por una pantalla. Es necesario invertir en sistemas interoperables, intuitivos y estables, con canales de soporte eficaces y con la participación de los profesionales en su diseño y mejora. Una mala digitalización genera más problemas de los que pretende resolver y acaba erosionando la confianza en las instituciones".
Otra reivindicación fundamental para este colectivo es la posibilidad de interponer el recurso de casación. Su formación jurídica, su experiencia y función en el orden jurisdiccional social justifican plenamente este reconocimiento. No se trata de un privilegio corporativo, sino de una medida coherente con la realidad del sistema y con la igualdad de situaciones procesales.
La habilitación para acceder al recurso de casación permitiría poner fin a una evidente incoherencia procesal que actualmente afecta a los graduados sociales al impedirles culminar la defensa técnica de los asuntos que han tramitado desde su inicio. De este modo, se cerraría de manera plena el recorrido procesal de nuestros estudios, garantizando su intervención en todas las instancias y reforzando la seguridad jurídica del sistema.
"Somos profesionales de proximidad, conocedores del tejido productivo y comprometidos con el cumplimiento de la ley. Escuchar nuestras propuestas es apostar por una Administración más eficiente y humana, un sistema más justo y una sociedad más cohesionada. Esa es la agenda que ponemos sobre la mesa, con responsabilidad, lealtad institucional y vocación de servicio público", concluye Joaquín Merchán.