- La combinación de la sentencia del TJUE, el procedimiento de infracción abierto desde 2014 y los compromisos asumidos en el Plan de Recuperación sitúan al Gobierno ante una creciente presión para responder a las exigencias de la Comisión Europea.
España entra en la recta final para responder a las exigencias de Bruselas sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público. El Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea ampliar hasta marzo de 2027 el plazo para adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 1999/70/CE y evitar que el procedimiento de infracción abierto contra España desde 2014 concluya con una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La presión sobre el Ejecutivo trasciende ya el ámbito estrictamente jurídico. La reducción de la temporalidad constituye uno de los compromisos asumidos por España dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo cumplimiento continúa siendo objeto de seguimiento por parte de la Comisión Europea para autorizar los desembolsos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De hecho, en julio de 2025 la Comisión Europea suspendió 626,6 millones de euros del quinto desembolso al concluir que el hito relativo a la reducción de la temporalidad en el empleo público, que había sido considerado cumplido en el primer pago del Plan, ya no podía seguir considerándose satisfactoriamente cumplido.
A esa presión se añade la sentencia del TJUE de 14 de abril de 2026, que volvió a cuestionar la eficacia de las medidas adoptadas por España para prevenir y sancionar el uso abusivo de la contratación de duración determinada en las Administraciones Públicas.
Todo ello se produce en un contexto especialmente exigente, ya que el marco regulador del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establece que todos los hitos y objetivos deberán haberse completado, como máximo, el 31 de agosto de 2026, sin que las medidas adoptadas con posterioridad puedan tenerse en cuenta para evaluar positivamente las solicitudes de pago. Estas deberán presentarse antes del 30 de septiembre de 2026. Precisamente dentro de ese escenario temporal, el Gobierno ha solicitado ampliar hasta marzo de 2027 el plazo para adoptar nuevas medidas frente a la temporalidad.
Para Unive Abogados, la coincidencia de todos estos factores sitúa a miles de empleados públicos temporales en un momento especialmente relevante desde el punto de vista jurídico.
"La cuestión ya no es si España debe responder a las exigencias de la Unión Europea. Esa obligación existe desde hace años. La verdadera incógnita es cuál será esa respuesta normativa y cuándo llegará. Nunca antes habían coincidido una sentencia del TJUE, un procedimiento de infracción abierto desde hace más de una década, la presión derivada del Plan de Recuperación y un calendario tan exigente para responder a las exigencias de la Comisión Europea."
Desde el despacho consideran que ese contexto configura un escenario en el que conocer cuanto antes la situación jurídica de cada empleado público adquiere una especial relevancia.
"Actualmente no existe una reforma aprobada ni un proyecto normativo definitivo que permita anticipar cuál será la respuesta legislativa. Precisamente por ello, quienes consideren haber sufrido un abuso de la temporalidad deberían conocer cuanto antes su situación jurídica conforme a la normativa y la jurisprudencia hoy vigentes. Esperar a que el escenario cambie puede implicar que determinadas reclamaciones deban plantearse bajo un marco jurídico diferente."
Cada situación deberá analizarse de forma individualizada, atendiendo a las circunstancias concretas de la relación de empleo, la normativa aplicable y la evolución de la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Precisamente porque el alcance de una eventual reforma no puede anticiparse en este momento, conocer la posición jurídica actual cobra una especial relevancia para la defensa de los derechos de los empleados públicos afectados.
