Secretariado del Sindicato de Trabajadores y Trabajadores por el empleo público de Aragon ( STEPA ) Tras más de dos décadas de abuso en el empleo público, la promesa de solución ha terminado dejando un resultado aún más injusto: víctimas con trayectorias equivalentes pero destinos opuestos. Mientras algunas personas han logrado estabilidad, otras —con años e incluso décadas sosteniendo servicios estructurales— han sido excluidas, cesadas o empujadas a una precariedad sin reparación. Ante este escenario, STEPA lanza un mensaje nítido: sin equidad no hay solución posible, y sólo una ley de punto y final puede cerrar de forma justa una de las mayores anomalías laborales del sector público.
Durante 26 años, España ha convivido con una realidad incómoda: el empleo público se ha sostenido, en una parte sustancial, sobre relaciones temporales prolongadas que no respondían a necesidades coyunturales, sino a necesidades permanentes. El resultado es un colectivo masivo de personas que han trabajado durante años bajo incertidumbre, con derechos debilitados y una inestabilidad que no es accidental: es estructural.
En los últimos años se nos prometió “estabilización”. Pero hoy, desde STEPA, afirmamos que lo ocurrido —en demasiados casos— no ha sido una reparación del abuso, sino un lavado de cara del problema. Y lo más grave: ha producido resultados abiertamente desiguales entre quienes han sufrido el mismo abuso.
Porque si dos personas han sostenido durante años el mismo servicio público, con la misma precariedad impuesta por la Administración, no es aceptable que una obtenga plaza fija mediante un proceso de estabilización mal diseñado —al que obligaba la Ley 20/2021— mientras otra sea cesada o quede fuera sin ningún tipo de compensación. Ese desenlace no es una anécdota ni un fallo menor, es una quiebra del principio más básico que debe regir cualquier solución democrática: la equidad, a la que se debe llegar si las administraciones públicas actúan con responsabilidad, objetividad e imparcialidad.
La trampa de las “falsas estabilizaciones”: desigualdad entre víctimas
Se ha intentado vender que con procesos de estabilización se cerraba el problema. Sin embargo, cuando esos procesos no se diseñan como medidas realmente reparadoras, el resultado puede ser devastador: se estabilizan algunas personas que no eran víctimas y se abandona a muchas otras que sí lo son. Esa es la fotografía de muchos ámbitos del sector público: personas sin abuso accediendo a estabilidad, mientras víctimas de abuso prolongado quedan excluidas, continúan en precariedad o son directamente expulsadas sin reparación. No sirve la excusa de haber estabilizado a más de 300.000 plazas, tal y como se comprometió España con Europa, si muchas de ellas se ocupan por personas que no se encontraban en abuso, la reparación del abuso que marca Europa es a las personas, no a las plazas.
Esto no solo es injusto: es políticamente insostenible. Y tiene un efecto corrosivo sobre lo público. Porque un servicio público fuerte no se construye precarizando a quienes lo sostienen. Tampoco se construye enfrentando a trabajadores entre sí, obligando a “competir” por una reparación que debería ser un derecho.
Desde STEPA lo decimos sin rodeos: estabilizar plazas no es lo mismo que reparar abuso. Reparar significa restituir derechos vulnerados y corregir el daño causado. Y ese daño no puede repararse con una ruleta de resultados.
La clave es la equidad: soluciones iguales para situaciones iguales
La equidad no es un lema: es una exigencia concreta. Una solución equitativa implica que situaciones sustancialmente equivalentes no pueden terminar en consecuencias radicalmente distintas. Por eso, cualquier respuesta real debe incorporar un principio sencillo y verificable: toda víctima de abuso debe ser reparada, y esa reparación debe ser efectiva, disuasoria y proporcional.
Aquí aparece un punto decisivo que STEPA pone sobre la mesa como línea roja: no puede haber un “cierre” del problema que deje a víctimas atrás. Si tras 26 años de abuso, por la no transposición de la Directiva 1999/70, la salida es que unas personas quedan protegidas y otras quedan sacrificadas, no estamos ante una solución; estamos ante una desigualdad institucionalizada.
El colectivo de interinos sigue en la lucha esperando que el Gobierno español estabilice al millón de interinos en fraude de ley Fotos Secretariado Stepa
Abuso agravado: cuando el daño es mayor, la reparación debe ser mayor
Además, no todas las situaciones de abuso han sido iguales. Y eso importa. No es lo mismo sufrir abuso durante tres años que durante quince. No es lo mismo seguir trabajando que haber sido cesado. No es lo mismo haber obtenido estabilidad por otras vías que haber quedado fuera de cualquier mecanismo.
Por eso STEPA exige que se reconozca el concepto de abuso agravado y que tenga consecuencias jurídicas. En particular, cuando la relación temporal se prolonga especialmente (por ejemplo, más de cinco años), cuando se produce el cese pese a existir reconocimiento previo del abuso, o cuando se ha impedido a la víctima acceder a mecanismos que debían protegerla (por ejemplo con la inadmisión de recursos e imposición de costas en algunos tribunales), el daño es cualitativamente superior y la reparación no puede ser meramente simbólica.
La equidad exige aquí una regla clara: a mayor abuso, mayor reparación. Lo contrario no es neutralidad: es injusticia.
Las líneas rojas de STEPA: equidad, reparación y garantías reales
STEPA fija sus líneas rojas como el mínimo democrático exigible para una solución real:
- Ninguna víctima debe quedar sin reparación, tanto si continúa en servicio como si ya ha sido cesada, en los términos que correspondan.
- Ley de punto y final: una norma que cierre definitivamente el problema con transposición real, reparación clara y garantías de no repetición.
- Equidad y proporcionalidad: evitar resultados arbitrarios y reconocer el abuso agravado.
- Paralización de ceses mientras no exista un marco legal justo, para impedir daños irreversibles sobre las víctimas.
- Sanciones reales y disuasorias a las Administraciones responsables, porque sin consecuencias el abuso se reproduce.
Estas líneas rojas no son maximalismo. Son el mínimo para que el Derecho y la Justicia no se conviertan en un sorteo.
Ley de punto y final: sin ella, solo habrá parches y nuevas víctimas
España necesita una ley de punto y final porque lo que no se regula con claridad acaba resolviéndose con desigualdad. Una ley así debe garantizar —sin ambigüedades— quién es víctima, cómo se repara, con qué plazos, y qué consecuencias hay para la Administración que incumple. Y debe hacerlo con un criterio objetivo, verificable y resistente a “trucos” administrativos.
La ley de punto y final es, además, la única forma de evitar que el peso de la reparación recaiga en el individuo obligándolo a litigar, soportar incertidumbre y asumir riesgos desproporcionados. La reparación de un abuso estructural no puede depender de la capacidad económica, del tiempo o del desgaste personal de cada afectado.
Separación de poderes: cada poder, a su deber
STEPA hace un llamamiento nítido a la separación de poderes, porque aquí cada poder tiene una responsabilidad ineludible:
El legislativo debe legislar. No puede esconderse tras reformas parciales ni detrás de soluciones de emergencia que no reparan. Si el abuso es estructural, la respuesta debe ser normativa, clara y definitiva: ley de punto y final con equidad garantizada.
El judicial debe aplicar el Derecho de la Unión y respetar el principio de primacía. Y aquí hay un anclaje legal interno que no admite excusas: el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
Esto no es una cuestión retórica, sino una obligación legal. Cuando esa doctrina no se aplica conforme al estándar europeo, no estamos ante “criterios distintos”; estamos ante una desviación incompatible con el marco jurídico que obliga a jueces y tribunales.
Los sindicatos mayoritarios, que son los que se sientan en las mesas de negociación, deben estar a la altura, si no no nos representan. Si se negocia el futuro de miles de personas no puede hacerse, como hasta ahora, de espaldas al colectivo más vulnerable. STEPA exige que cualquier negociación se haga bajo las líneas rojas del colectivo, es decir: sin sacrificar víctimas, sin legitimar desigualdades y sin firmar salidas que dejan a personas atrás.
Sin sanción no hay solución: el abuso no puede seguir saliendo gratis
Durante demasiado tiempo el abuso ha sido rentable, sin consecuencias reales para quien lo comete: se cubren puestos estructurales con vínculos frágiles y no se piensa en un servicio público de calidad. Eso debe terminar. Sin un régimen sancionador efectivo —con plazos imperativos, consecuencias automáticas y responsabilidad real— cualquier reforma será papel mojado. Porque si incumplir sale gratis, el sistema entiende que puede volver a hacerlo.
Conclusión: equidad o nada
STEPA lo dice con la máxima claridad: o la solución es equitativa, o no es la solución. No se puede cerrar una injusticia histórica creando nuevas injusticias. No se puede reparar un abuso estructural dejando víctimas atrás. No se puede dignificar lo público con precariedad ni con reparaciones aleatorias.
La ley de punto y final no es una opción ideológica: es la vía necesaria para restaurar la equidad, reparar a todas las víctimas —incluidas las de abuso agravado— y garantizar que el empleo público no vuelva a construirse sobre la vulneración de derechos.
Y esa decisión, hoy, tiene nombre: responsabilidad institucional.