Virginia Domingo de la Fuente
INTRODUCCIÓN
No me gustan las redes sociales y, sin embargo, sigo en ellas. Lo que más me preocupa es cómo han polarizado a las personas y fomentado la violencia. Pareciera que la protección que brinda el anonimato o la distancia tecnológica permite hacer comentarios violentos, xenófobos, llenos de odio y sin respeto por quienes opinan diferente.
Este clima de agresividad trasciende lo virtual: hay quienes siguen a figuras públicas únicamente para insultarlas cada vez que publican algo. Se les llama haters, como si fuese algo normal, pero me preocupa profundamente que dediquen tiempo a lastimar a otros por mero placer. Obviamente, no nos cae bien todo el mundo, pero no insultamos a alguien cara a cara por simple disgusto; detrás de una pantalla, muchos se sienten libres para hacerlo.
Un caso particularmente doloroso es el de una de las madres que perdieron a su hija por suicidio y se ha expresado públicamente. Los comentarios que he visto son crueles: cuestionan su dolor, su apariencia o incluso su legitimidad como víctima. Parece que, si eres víctima, debes ajustarte a un guion: llorar y mostrar aflicción de una manera determinada, o de lo contrario no “eres una buena víctima”.
Esta violencia no es solo digital; refleja valores que no estamos transmitiendo a niños y jóvenes. No debería sorprendernos que el acoso escolar aumente, si los adultos normalizamos la agresión y la falta de empatía.
VOLVER A LO ESENCIAL: LA JUSTICIA RESTAURATIVA QUE NACE DE LAS PERSONAS
Estamos atravesando un auténtico boom de la justicia restaurativa, tanto que algunas administraciones “engordan” los años que llevan implementándola. Un ejemplo reciente es una Comunidad Autónoma que afirma llevar 20 años trabajando en justicia restaurativa, cuando en realidad, como comunidad autónoma, llevan bastante menos… pero, claro, ¿quién le va a discutir a un político? Lo más preocupante es la mercantilización de esta justicia: foros europeos dan visibilidad principalmente a las administraciones que los financian, ignorando a las muchas personas que trabajan desde la sociedad civil. Esto genera un monopolio absurdo, que poco tiene que ver con los valores de la justicia restaurativa y mucho con intereses de poder y dinero.
Frente a esto, debemos retomar la esencia de la justicia restaurativa. Su origen no está solo en el ámbito penal ni en la reparación de daños, sino en las prácticas comunitarias de pueblos originarios, centradas en fortalecer los lazos sociales y recuperar la dignidad de todas las partes involucradas.
Si queremos efectos verdaderamente restaurativos, debemos multiplicar intervenciones en escuelas, familias y comunidades, generando espacios para construir, fortalecer y reparar comunidad.
La justicia restaurativa no solo aplica cuando hay un daño concreto, sino también para fortalecer comunidades afectadas por violencia, desigualdades o exclusión. Las prácticas restaurativas en colegios y familias deben fomentar diálogo, conexión, respeto, empatía y responsabilidad. Pueden servir para abordar acoso escolar, violencia de género, discriminación, escuchar necesidades y miedos, o simplemente para que cada persona cuente su historia y se sienta aceptada. Su valor reside en la importancia de las relaciones, en aprender a vivir juntos y en reconocer que todos los miembros de una comunidad son valiosos y responsables de su bienestar común.
Para mí, el futuro de la justicia restaurativa está en generar espacios restaurativos en varios niveles que no solo reparen, sino que eduquen y prevengan daños, con especial atención a las familias. Debemos apostar por intervenciones preventivas, que construyan habilidades sociales, fomenten la resolución pacífica de conflictos y enseñen valores que muchos adultos han olvidado: empatía, respeto, responsabilidad y solidaridad. La justicia restaurativa, aplicada de esta manera, trasciende lo jurídico y se convierte en filosofía de vida, recordándonos que nuestras acciones repercuten en los demás y en nosotros mismos.
Una implementación limitada al ámbito penal y administrativo no producirá efectos duraderos si seguimos viviendo en un mundo donde predomina la cultura punitiva, la violencia digital y la impunidad que permite el anonimato. Las redes sociales, lejos de ser un espacio de encuentro, se han convertido en plataformas donde la agresión, la burla y la xenofobia se normalizan. Esto refleja que la justicia restaurativa debe empezar por nosotros mismos, por nuestras relaciones cotidianas, por cómo enseñamos a los niños y jóvenes a relacionarse con los demás y a asumir la responsabilidad de sus actos.
PROGRAMAS Y ESPACIOS RESTAURATIVOS QUE DEN VOZ A LA COMUNIDAD
Los delitos no solo afectan a quienes los sufren directamente. Cada hecho impacta también en el entorno: genera miedo, altera rutinas, debilita la confianza y deja la sensación de que “algo se ha roto”. Sin embargo, cuando el caso llega a los juzgados, la comunidad desaparece de la escena. Solo intervienen la persona ofensora y la víctima directa como testigo. La experiencia de quienes viven en ese entorno —sus preocupaciones, su dolor, sus expectativas— queda fuera de toda consideración.
Por eso no es extraño que exista un sentimiento extendido de que “no hay justicia”. La gente siente que el sistema no escucha lo que vivieron, que no reconoce el impacto del delito en su vida diaria, ni permite expresar qué necesitarían para recuperar la tranquilidad o sentirse nuevamente seguros.
La justicia restaurativa ofrece una respuesta a esta brecha, creando espacios donde la comunidad puede recuperar la voz que históricamente se le ha negado. Estos espacios no solo permiten comprender mejor el daño provocado, sino que también abren la puerta a nuevas formas de reparación y fortalecimiento comunitario.
En muchos casos, la comunidad es víctima indirecta. Puede haber presenciado los hechos, convivido con sus consecuencias o sufrido el deterioro del clima social. Para estas situaciones, se pueden desarrollar programas que permitan:
- expresar públicamente el impacto del delito,
- recibir reconocimiento sobre lo vivido,
- participar en acciones simbólicas de reparación que devuelvan el sentido de dignidad y pertenencia.
Por ejemplo, espacios comunitarios donde las personas explican cómo un hecho delictivo cambió su día a día: niños con miedo de salir, comerciantes que pierden clientela, vecinos que ya no confían entre sí. El simple hecho de ser escuchados y reconocidos genera alivio y no se si repara pero muestra respeto por el daño emocional sufrido.
Más allá de la reparación, otros programas restaurativos permiten a la comunidad reflexionar sobre su propio entorno. En estos espacios, la pregunta central no es qué ocurrió, sino qué necesitamos para sentirnos más seguros, qué podemos mejorar y, sobre todo, qué podemos aportar cada uno de nosotros.
En estos espacios restaurativos, las personas identifican problemas concretos y diseñan soluciones desde una perspectiva de corresponsabilidad: iluminación de zonas inseguras, acompañamiento vecinal, actividades para jóvenes en riesgo, acuerdos de convivencia, entre otras. La comunidad pasa de ser un actor pasivo y victima indirecta —que simplemente recibe las consecuencias del delito— a convertirse en protagonista de la prevención y la mejora del entorno.
Una de las mayores virtudes de la justicia restaurativa es que no solo enseña derechos, sino que también fortalece la idea de responsabilidad compartida. Participar en estos espacios transforma la mirada: la comunidad entiende que su rol no es únicamente reclamar justicia, sino también construirla.
De esta forma, se fomenta la convivencia, se reduce la sensación de vulnerabilidad y se genera un mayor compromiso con el bienestar colectivo.
Otra posibilidad es realizar programas comunitarios que complementen lo trabajado en contextos penales. Cuando una persona ofensora participa en un proceso restaurativo individual, el impacto puede ampliarse enormemente si la comunidad también participa en una segunda fase orientada a multiplicar los beneficios:
- se comparte lo aprendido,
- se reconstruyen vínculos deteriorados,
- se generan acuerdos colectivos que evitan la repetición de los hechos.
Este tipo de programas permiten que el trabajo realizado con la persona ofensora no quede aislado, sino que se integre de forma significativa en su entorno social.
En definitiva, las intervenciones restaurativas comunitarias permiten que la comunidad recupere su voz, sane heridas colectivas, participe activamente en la construcción de seguridad y se convierta en un agente clave de transformación social. Cuando se escucha a la comunidad, no solo se repara el daño: se fortalece la convivencia y se construyen entornos más justos, solidarios y resilientes.
CONCLUSIONES
La justicia restaurativa es mucho más que un paradigma jurídico; es un compromiso con la vida en comunidad y con la dignidad de cada persona. Para que cumpla su verdadero propósito, es fundamental recuperar su esencia, centrándonos en restaurar, fortalecer y prevenir daños en contextos cotidianos. Debemos dar voz a quienes trabajan desde la sociedad civil y promover espacios que eduquen y generen comunidad, más allá de los intereses institucionales o económicos. La educación en valores restaurativos —empatía, respeto, responsabilidad y solidaridad— es esencial, porque solo desde ahí se puede construir una verdadera cultura restaurativa.
Reconocer que nuestras acciones afectan a los demás y a nosotros mismos, y asumir nuestra responsabilidad, es clave para que la justicia restaurativa deje de ser solo un concepto jurídico y se convierta en una filosofía de vida que transforme nuestras relaciones y nuestra sociedad.
