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Fuente imagen: Wikimedia

Acabo de leer un excelente artículo de Amancio Plaza en Lawandtrends, en el que plantea una pregunta fundamental a los investigadores de las Facultades de Derecho, ¿para quién investigas? 

Después de sentar la premisa que en las áreas sociales, y particularmente en Derecho, se investiga mucho y muy bien (afirmación que hago mía por completo), pasa a dar respuesta a la pregunta planteada al principio y al problema que esconden los interrogantes: la conexión entre la Academia y la Sociedad.

Como investigador jurídico agradezco a Amancio la publicación, porque con ella saca a la luz uno de las grandes dogmas académicos que nos fue grabado a todos los investigadores con un hierro candente, y ante el que no cabía discusión alguna, estando mal vista incluso la más mínima duda: “tus obras deben alcanzar la máxima calidad para que sean publicadas por editoriales de prestigio y así podrás alcanzar las evaluaciones positivas imprescindibles para ascender en tu carrera académica”. He de decir, que esta máxima, oída una y otra vez acompañada de “ejemplarizantes referencias”, me llegó a perturbar el sueño en numerosas ocasiones, en las que llegué a convencerme de mi escasa inteligencia, mi baja calidad investigadora y mis nulas posibilidades de alcanzar algún día la cumbre académica, que, sin embargo, iba a estar copada por fulanitos o por menganitas.

Este caos mental universitario chocaba, por otra parte, con mi realidad profesional del ejercicio de la Abogacía. Durante varios lustros y cientos de casos, mi experiencia me indicaba, sin duda alguna, que cada uno de esos casos había tenido siempre una investigación jurídica detrás, y que en ninguna de las sentencias que los terminaron, incluso en las desestimatorias, se me había reprochado falta de conocimientos, de trabajo, de capacidad o de competencia; y que, además, cada caso había tenido consecuencias para personas que eran parte de una sociedad, por lo que, el que esa sociedad conociera qué había pasado, resultaba no sólo necesario sino que era un deber que teníamos todos los operadores jurídicos. Y esa comunicación, evidentemente, tenía que realizarse a través de los medios que permitieran el conocimiento por todos, desde un periódico hasta una revista o un libro.

Durante años me debatí entre los dos mundos que he descrito. En la Academia, mis comentarios sobre los asuntos profesionales ni siquiera eran leídos. En la vida real, tenía que bucear en estanterías durante largas horas, buscando artículos y estudios publicados por las revistas de prestigio (y llenas de polvo), para ver si alguno de ellos podía aportarme alguna solución a los problemas que debía solucionar. Un permanente “vivo sin vivir en mí”.

Tengo que reconocer que el paso de los años tranquilizó mi espíritu y que esa doble vida se me hizo llevadera. Hasta que un día, Amancio me solicitó mis comentarios para publicar en nuevos proyectos que preparaba en la Editorial Aranzadi. Así conocí y colaboré tanto en Jurisprudencia Tributaria Aranzadi como más tarde en Aranzadi Quincena Fiscal. Parecía que la Academia podía quedar satisfecha (era una editorial de prestigio), y mi experiencia alcanzar cierta publicidad.

La alegría, como sucede en la casa del pobre, duró muy poco. Y fue la ANECA la que cortó mis pequeñas alas de investigador universitario, haciendo chocar su concepto de prestigio con mis ilusiones: mi solicitud de acreditación fue denegada porque “debía incrementar las publicaciones en revistas y editoriales de reconocido impacto científico en la especialidad”.

Ante las alegaciones presentadas en el correspondiente recurso, respecto a que todas mis publicaciones estaban en revistas de impacto situadas en el primer lugar y cumpliendo 33 criterios Latindex, se contesta entre otras cosas que la inclusión de trabajos en la sección de “opinión profesional” (derivados de la práctica profesional), “…no pueden valorarse como meritorios resultados … porque son publicaciones de divulgación e información que no siguen la metodología requerida en la actividad investigadora”, (ante lo cual me quedé largo tiempo pensativo, recordando las muchas horas de investigación y estudio que habían requerido todos los casos). (Por otra parte, ¿tendría algo que ver el que sólo hubiera entre todos los evaluadores un jurista, un catedrático, que, según su curriculum, nunca había ejercido el Derecho?).

En ese momento, recordé cuantas veces había pensado al llegar a la Facultad, que estaba entrando en un mundo distinto a aquél del que venía: el de la calle, el de la gente. Y también, cuantas veces me había preguntado por qué no podía trasladar mis experiencias reales al mundo académico a través de comentarios o artículos breves y directos, “cortos y al grano”, de tal forma que, a través de esas publicaciones de reconocido impacto, tanto los docentes universitarios como otros profesionales de la Abogacía pudiesen conocer otras experiencias. Y al mirar de nuevo la resolución ministerial lo comprendí: porque la vida real “… no sigue la metodología requerida en la actividad investigadora”. (Y también comprendí porqué muchos compañeros no se suscribían a esas publicaciones de impacto).

Estamos en la era de las comunicaciones, del conocimiento sin fronteras. Vivimos en un mundo complejo, difícil, repleto de normas que nos invaden sin permitirnos siquiera entender mínimamente su significado. Necesitamos información consistente, teórica y práctica, que nos solucione la gran cantidad de interrogantes que nos surgen cada día, y tenemos que poder diferenciar, de la muchísima información que existe, la que es fiable.

Es el momento de pensar en que debemos acudir a los trabajos, comentarios, artículos, investigaciones…, realizados por personas competentes, conocedoras de cada materia. Y qué mejor sitio que a la Facultad de Derecho, donde están los mejores de cada rama. Sin embargo, nos encontramos con que la era de internet le es casi desconocida y que sigue con sus publicaciones de impacto y con sus requisitos de “actividad investigadora”, que acabarán cubiertas de polvo en cualquier estantería de cualquier biblioteca sin usuarios.

Sin embargo, yo confío en las nuevas generaciones, en que sean capaces de establecer que la “actividad investigadora” es cualquiera que obtenga resultados jurídicos destinados a un fin después de un análisis técnico, realizado por una persona conocedora del Derecho. Y que logren igualmente, que sus conocimientos lleguen a la gente, y que sean valorados con independencia del medio por el que se publiquen, porque lo verdaderamente importante es su contenido no su continente. Como bien dice Amancio Plaza, “… la Facultad de  Derecho investiga para la Sociedad…, y la sociedad debe tener acceso a ese conocimiento”.

Y termino adhiriéndome a la petición que hace en su artículo a todos los “actores relevantes en la Academia”, porque yo también estoy convencido que “… tu aportación debe tener vida más allá de la biblioteca”. ¡Anímate a publicar en Lawandtrends! (Y prometo que no es coba).




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