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En el día a día se producen multitud de situaciones en las que una persona entrega dinero, bienes o presta servicios confiando en lo que otra le promete: inversiones rápidas “garantizadas”, alquileres por internet, ventas entre particulares, negocios con conocidos, etc. Cuando esa confianza se obtiene mediante un engaño calculado para provocar un perjuicio económico, ya no estamos ante un simple incumplimiento civil, sino ante un delito de estafa perseguido por el Código Penal.

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