Algunos informes convierten ansiedad, llanto e insomnio en una conclusión probatoria casi automática, con más solemnidad que análisis.
El daño psicológico se ha convertido en algunos procedimientos en una especie de sacramento procesal. El relato puede tener problemas, contradicciones, zonas confusas o directamente agujeros temporales importantes, pero entonces aparece el informe psicosocial y de pronto la sala respira más tranquila.
“Presenta afectación emocional compatible.”
Ya estaría. Ciencia hecha.
Luego uno abre ciertos informes y encuentra auténticas piezas de artesanía burocrática. Tres síntomas generales, dos frases sobre ansiedad, una referencia rápida al insomnio y el inevitable párrafo donde se afirma que la explorada “mostró llanto y angustia durante la entrevista”. El llanto sigue impresionando muchísimo en determinadas dependencias públicas. Conserva algo de prueba medieval. Si hay lágrimas, parece que el procedimiento entero adquiere una textura más verdadera.
Lo interesante es que muchos de esos informes podrían intercambiarse entre procedimientos distintos sin que nadie notara demasiado la diferencia. Cambias el nombre, dos circunstancias periféricas y continúas funcionando exactamente igual.
“Indicadores compatibles.”
“Discurso coherente.”
“Impacto emocional significativo.”
El lenguaje institucional español ha desarrollado una capacidad admirable para sonar técnico mientras evita concretar casi nada.
En algunos Institutos de Medicina Legal existe además una especie de liturgia propia. Exploraciones rápidas, saturación salvaje, profesionales agotados y una presión ambiental constante para producir conclusiones clínicamente aparentes con materiales muy pobres. Después esas conclusiones llegan a sala revestidas de autoridad pericial porque van impresas con membrete oficial y un lenguaje suficientemente solemne.
La solemnidad ayuda muchísimo en justicia. Más de lo que debería.
Recuerdo una exploración donde la valoración completa de causalidad psicológica descansaba esencialmente sobre que la denunciante dormía mal, lloraba al recordar los hechos y había iniciado tratamiento ansiolítico.
Media España cumpliría criterios periciales en noviembre.
Y sin embargo aquello acabó entrando en juicio como si se hubiese realizado una reconstrucción neuropsicológica de precisión quirúrgica.
Los equipos psicosociales municipales tienen otro problema añadido: muchas veces trabajan desde lógica asistencial disfrazada de lógica pericial. Son cosas distintas aunque institucionalmente se mezclen continuamente. El profesional asistencial necesita validar, contener, generar alianza. El perito necesita sospechar un poco, incomodarse, explorar contradicciones y tolerar escenarios donde quizá nadie esté diciendo toda la verdad del todo.
Eso en determinados servicios públicos produce bastante alergia moral.
Entonces aparecen informes donde cualquier malestar posterior queda absorbido automáticamente por la hipótesis victimal inicial. Rupturas familiares, procedimientos judiciales eternos, conflictos económicos, aislamiento social, exposición pública, años de ansiedad anticipatoria… todo empaquetado elegantemente como “daño derivado de los hechos”.
La causalidad psicológica acaba pareciendo una línea recta dibujada por un funcionario cansado un martes a las ocho de la mañana.
Y luego están los tests. El momento mágico.
Algunos profesionales administran escalas psicométricas con una fe casi religiosa. Inventarios pasados en veinte minutos y convertidos después en conclusiones gigantescas sobre trauma, credibilidad o afectación clínica. A veces uno tiene la sensación de que si mañana el MMPI respondiera solo “estoy fatal” en todas las preguntas, ciertos informes no cambiarían demasiado.
La psicometría da mucha tranquilidad institucional porque introduce números. Los números siempre parecen más científicos aunque estén interpretados de manera mediocre.
Después llega el juicio oral y ocurre algo fascinante: cuanto más ambiguo y pobre es el informe, más categórico suele comparecer el técnico. Eso es bastante frecuente. La inseguridad metodológica se compensa con tono firme, vocabulario compacto y mucha seguridad facial.
Funciona sorprendentemente bien.
Hay jueces que escuchan “trastorno adaptativo ansioso-depresivo” con la misma reverencia con la que un campesino medieval escucharía latín eclesiástico. Nadie pregunta demasiado qué significa exactamente, cuánto explica realmente o cuántas causas alternativas podrían producir el mismo cuadro.
Porque además ese es otro detalle incómodo: el daño psicológico raramente identifica el origen concreto de nada. Identifica sufrimiento. Y el sufrimiento humano tiene causalidades bastante menos limpias que los autos judiciales.
Pero el procedimiento penal necesita orden narrativo. Necesita convertir malestar complejo en estructura probatoria inteligible. Y para eso ciertos informes públicos son perfectos: suficientemente técnicos para impresionar, suficientemente vagos para resistir contradicción seria.
Todo muy compatible. Como siempre.
