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Si te has encontrado con la desagradable situación de que tu vivienda ha sido ocupada es importante saber cómo actuar desde el primer momento. El artículo 18.2 de la Constitución Española recoge que cualquier domicilio es inviolable.

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que en la mayoría de los casos es necesario interponer una denuncia en el Juzgado de guardia, acudir a un abogado y poner la situación en conocimiento de un experto desde el principio es muy recomendable y podremos solicitar como medida cautelar que se proceda al inmediato desalojo de la vivienda, de esta forma no tendremos que esperar a la finalización del procedimiento para que la desocupen. Hay que saber que podemos estamos hablando de un plazo de un año para el desalojo de la vivienda si no se adopta la medida cautelar.

En cualquier caso, si eres víctima de una okupación tienes que saber que existen dos vías: la normativa civil y la vía penal.

Hay que tener en cuenta que estas vías marcan una diferencia en el procedimiento según la ocupación sea en una vivienda habitual o en una segunda residencia.

En el caso de la normativa civil, esta protege el derecho de propiedad, posesión y otros derechos reales y personales, no propiamente el derecho de vivienda. El Código Penal castiga como delito leve el delito de usurpación de bienes inmuebles con una simple multa, cuya cuantía va en función de los ingresos que tiene la persona, y al final, como casi todos son insolventes el importe de multa es mínimo. Sin embargo, en el caso de la vía penal se habla de una actuación constitutiva de delito de allanamiento de morada del inmueble, y por lo tanto tiene una pena más elevada.

Además, tienes que tener presente que al reconocerse la vivienda como inviolable, nadie incluida la policía puede entrar en él sin una orden judicial. Sin embargo, en caso de flagrante delito la policía si puede acceder al domicilio, con lo cual si tenemos certeza de que los hechos acaban de ocurrir en ese caso la policía si tiene permitido el acceso al inmueble, y puede desalojar a los ocupantes sin que sea necesario contar con una orden judicial.

Hay que tener mucho cuidado con tomarse la justicia por nuestra cuenta y pensar en la contratación de empresas para echar a los okupas de la vivienda, o hacer un cambio de cerradura, porque entonces seremos nosotros los que, a pesar de ser propietarios del inmueble, podremos vernos envueltos en un procedimiento penal en nuestra contra.

    




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