Virginia Domingo de la Fuente
Marlaska tilda de “sensación de inseguridad subjetiva” las quejas de los ceutíes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su visita a Ceuta, se ha referido a una de las principales preocupaciones que están expresando los vecinos de la ciudad: la inseguridad y la alteración de su vida cotidiana tras los acontecimientos de las últimas semanas. Hablar de “sensación de inseguridad subjetiva” puede ser técnicamente correcto desde la criminología, pero resulta, cuando menos, poco empático cuando se utiliza como respuesta ante una ciudadanía que manifiesta miedo, preocupación y sensación de abandono. Porque que la inseguridad sea subjetiva no significa que sea imaginaria ni que sus efectos no sean reales. El miedo, la pérdida de tranquilidad y la percepción de que el entorno ha dejado de ser seguro también son daños que deben ser escuchados y atendidos. Y precisamente aquí es donde la justicia restaurativa tiene mucho que enseñarnos: escuchar el daño no significa dar la razón a quien lo expresa, sino reconocer que su experiencia y sus necesidades importan. Pero ¿qué ocurre cuando, además, los datos objetivos comienzan a mostrar que detrás de esa percepción existe una realidad que también merece ser analizada?
INSEGURIDAD SUBJETIVA VERSUS REALIDAD OBJETIVA
La reciente comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Ciudad Autónoma de Ceuta ha colocado sobre el tablero político un debate criminológico tan clásico como espinoso. Al abordar la situación de malestar creciente de los ceutís, la inseguridad de las calles y la imposibilidad de tener una vida normal , el titular de Interior recurrió a un concepto estrictamente técnico: la inseguridad subjetiva. Defendió el ministro que, frente al impacto emocional de lo vivido, los balances estadísticos previos de criminalidad de su departamento situaban a la ciudad autónoma notablemente por debajo de la media nacional. Esto demuestra que existe una grieta fundamental en la arquitectura del orden público: la incapacidad del dato cuantitativo para sanar la percepción colectiva de peligro. Pero también demuestra que se ha utilizado solo para generar polémica porque los datos cuantitativos judiciales de Ceuta y también policiales demuestran todo lo contrario.
Primero habría que determinar que es la inseguridad subjetiva, y esta puede entenderse como una brecha entre los datos oficiales de criminalidad y el miedo o vulnerabilidad que siente la ciudadanía. De esta manera con esta expresión el ministro quiso argumentar que la alarma social y las quejas de los ceutís responden a un sentimiento de inseguridad por lo vivido asegurando que las cifrase estadísticas previas mostraban una delincuencia a la baja.
Mas allá de conceptos jurídicos se debe explicar la importancia del sentimiento de seguridad. La seguridad es considerada una de las necesidades básicas por excelencia, siendo esencial para el bienestar y desarrollo de la persona(Maslow, 1954/1987; Schwartz, 2001). Se posiciona en la categoría de necesidades psicológicas. (Y como explicaré más adelante es la principal reivindicación tanto de las víctimas como de otras personas que ha sufrido daños, y los que facilitamos procesos restaurativos sabemos que es una necesidad esencial también desde el punto de vista restaurativo. Por todo esto, el percibir seguridad en la vivienda, el barrio, la ciudad y la sociedad en su conjunto es un requisito fundamental para el bienestar de las personas
Asimismo, como quiso argumentar el ministro, no existe necesariamente una correspondencia entre las tasas de criminalidad y la percepción subjetiva de inseguridad de los ciudadanos. En esta percepción influyen, por supuesto, otros factores, como los medios de comunicación y, especialmente, las redes sociales, donde los vídeos virales de altercados o los grupos vecinales de alerta pueden contribuir a sobredimensionar determinados sucesos. La exposición constante a acontecimientos violentos puede llevarnos a estimar que la probabilidad de ser víctima es mayor de lo que realmente reflejan las estadísticas. Pero hay otros factores que, en el contexto actual, merecen especial atención: la desconfianza institucional y la polarización política. Cuando los ciudadanos perciben que las instituciones no responden adecuadamente a lo que están viviendo, especialmente en el ámbito político, aumenta el miedo, el malestar y la sensación de abandono. Y todo ello afecta directamente a su calidad de vida. No debemos olvidar, además, que los poderes públicos tienen el deber de proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos. El artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública. Por ello, me pregunto si estamos realmente ante una mera percepción subjetiva o ante una respuesta institucional que está siendo insuficiente para atender las necesidades de los ceutíes. En el caso de Ceuta, además, existen datos objetivos que obligan, cuando menos, a analizar lo que está sucediendo con mayor profundidad. El refuerzo judicial acordado por el Consejo General del Poder Judicial y el incremento del 75 % en la actividad penal de los juzgados evidencian que se ha producido un aumento muy significativo de los asuntos que están llegando a la Justicia. A ello se suman el incremento de determinados delitos, como las agresiones sexuales, y los episodios de violencia que se han producido en las últimas semanas. Todo ello dificulta sostener que estamos únicamente ante una percepción subjetiva de inseguridad.
Pero Ceuta presenta además una particularidad que no puede reducirse a una estadística. Cuando una persona se asoma a su ventana y contempla una ciudad profundamente transformada, cuando durante la noche escucha peleas o cuando en sus desplazamientos cotidianos encuentra una presencia extraordinaria de policías y militares, su percepción de inseguridad no nace necesariamente de una imaginación alimentada por las redes sociales, sino también de lo que está viendo y viviendo directamente. Y aquí es donde resulta especialmente llamativo que, en un momento en el que tanto hablamos de justicia restaurativa, las respuestas institucionales se alejen precisamente de uno de sus principios esenciales: escuchar y reconocer las necesidades de las personas afectadas. Y es que incluso cuando una percepción no coincide exactamente con los datos objetivos, ignorarla o descalificarla no la hace desaparecer. A veces, simplemente, hace que el ciudadano deje de confiar en quien debería escucharle.
LA JUSTICIA RESTAURATIVA ESCUCHA LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS Y VALIDA SUS DAÑOS
Frente a una justicia tradicional que tiende a centrarse en los hechos objetivamente acreditados, los daños tangibles y la respuesta punitiva, la justicia restaurativa pone también el foco en cómo ha afectado lo sucedido a las personas y qué necesitan para recuperar su bienestar. El daño no siempre es físico ni puede medirse en una estadística. Los daños emocionales, sociales y comunitarios pueden ser incluso los más difíciles de reconocer y reparar.
Por eso, determinados discursos pueden tener un efecto perverso: cuando a una persona que manifiesta miedo o inseguridad se le responde simplemente que todo es una percepción subjetiva, puede sentir que se está cuestionando su propia experiencia. Como si le estuvieran diciendo: “todo está en vuestra imaginación”. Y esto puede contribuir a invisibilizar unas necesidades que son reales. Quienes facilitamos procesos restaurativos sabemos que, después de sufrir un daño, una de las necesidades fundamentales es recuperar el sentimiento de seguridad, sentir que lo ocurrido no volverá a suceder y encontrar vías para reparar sus consecuencias. Ignorar estas necesidades puede generar, incluso sin pretenderlo, una nueva forma de victimización. Pero incluso si los datos objetivos no corroborasen plenamente la percepción de inseguridad, existirían formas de atenderla sin deslegitimar los sentimientos de quienes la experimentan. Precisamente esto es lo que debería aportar la justicia restaurativa: espacios para escuchar, comprender y atender las necesidades de las personas y de las comunidades.
Como señalaba en mi anterior artículo, “Justicia restaurativa: de los programas a la vida cotidiana”, no deberíamos limitar la justicia restaurativa a determinados delitos o a aquellos casos en los que institucionalmente se decide aplicarla. La justicia restaurativa puede y debe tener también una dimensión comunitaria. Una justicia que escucha, atiende, repara y transforma. En Ceuta, además de las necesarias medidas políticas, policiales y judiciales para recuperar la normalidad, podrían generarse espacios restaurativos que permitieran a los ciudadanos expresar lo que están viviendo, identificar sus necesidades y recuperar progresivamente la confianza y el sentimiento de seguridad. Y esto resulta especialmente urgente en un contexto de creciente polarización. La crispación política termina trasladándose a la ciudadanía y puede convertirse en un peligroso caldo de cultivo para el conflicto y, finalmente, para la violencia. ¿Qué ocurrirá si una comunidad que se siente ignorada termina reaccionando violentamente? ¿Quién habrá contribuido a crear ese escenario? La responsabilidad institucional también implica prevenir que el daño se agrave. Por eso, todos los responsables políticos, con independencia de su color político, deberían asumir una responsabilidad común: no alimentar la crispación, no utilizar el miedo de los ciudadanos como herramienta de confrontación y, sobre todo, escuchar antes de juzgar sus sentimientos. Y es que escuchar no significa dar la razón. Significa reconocer al otro, comprender su daño y preguntarse qué podemos hacer para repararlo y evitar que vuelva a producirse. Y eso también es justicia restaurativa.
CONCLUSIONES: ESCUCHAR A LA CIUDADANÍA TAMBIÉN ES UNA FORMA DE HACER JUSTICIA
La situación de Ceuta nos obliga a reflexionar sobre algo que trasciende el debate político inmediato: la seguridad no puede medirse únicamente en cifras de criminalidad. Los datos objetivos son imprescindibles para conocer la realidad y adoptar decisiones adecuadas, pero no pueden utilizarse para deslegitimar el sufrimiento o las necesidades de quienes sienten que su entorno ha dejado de ser seguro. Desde una perspectiva jurídica, los poderes públicos tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad, proteger a la ciudadanía y adoptar las medidas necesarias para prevenir los riesgos y reparar, en la medida de lo posible, los daños producidos. El artículo 43 de nuestra Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública, pero el mandato constitucional de protección de las personas no puede interpretarse de manera exclusivamente estadística. Gobernar también implica cuidar, prevenir y responder ante situaciones que afectan al bienestar de la ciudadanía.
Por eso, reducir las reivindicaciones de los ciudadanos a una mera “sensación de inseguridad subjetiva” puede resultar jurídicamente insuficiente y, sobre todo, humanamente desafortunado. Incluso cuando las estadísticas no reflejaran un incremento de la delincuencia, el miedo, la pérdida de confianza, la alteración de la vida cotidiana y la percepción de abandono institucional constituyen realidades que los poderes públicos deben escuchar y atender. Pero hay algo más. La justicia restaurativa nos enseña que, cuando se produce un daño, no basta con determinar qué ocurrió y aplicar una respuesta jurídica. Es necesario preguntarse también: ¿quién ha resultado afectado?, ¿qué necesita?, ¿qué daño se ha producido?, ¿qué puede hacerse para repararlo y qué debemos cambiar para evitar que vuelva a suceder? Estas preguntas deberían formar parte también de la respuesta institucional ante situaciones de crisis social. Escuchar a una comunidad no significa darle siempre la razón. Validar sus sentimientos no significa validar todas sus interpretaciones, ni justificar conductas violentas o discriminatorias. Significa reconocer que las personas tienen derecho a expresar su miedo, su frustración y su sensación de abandono sin ser inmediatamente descalificadas. Y esto es especialmente importante en un contexto de creciente polarización. La responsabilidad de los representantes públicos no termina cuando finaliza una intervención parlamentaria o una rueda de prensa. También alcanza a las palabras que utilizan para dirigirse a una ciudadanía que se encuentra preocupada, asustada o profundamente afectada. Todos los responsables políticos, independientemente de su ideología o del lugar que ocupen en el Gobierno o en la oposición, deberían asumir que determinados discursos pueden contribuir a rebajar la tensión o, por el contrario, a incrementarla. La política no debería convertir el sufrimiento de una comunidad en un instrumento de confrontación. Ni negar el problema para evitar asumir responsabilidades, ni utilizar el miedo de los ciudadanos para alimentar la confrontación política constituye una respuesta adecuada. Ambas posiciones pueden terminar perjudicando precisamente a quienes dicen defender.
Y aquí la justicia restaurativa tiene mucho que aportar. No como sustitución de las necesarias medidas policiales, judiciales o políticas, ni como una solución mágica ante una situación extraordinariamente compleja, sino como un complemento capaz de generar espacios de escucha, diálogo y reparación comunitaria. Espacios en los que los ciudadanos puedan expresar qué han vivido, qué daños han sufrido, qué necesitan para recuperar la confianza y qué esperan de las instituciones. Y es que una comunidad no recupera la seguridad únicamente cuando disminuyen los delitos. También necesita recuperar la confianza, la sensación de pertenencia, la capacidad de relacionarse sin miedo y la certeza de que sus instituciones escuchan cuando algo duele. Ceuta necesita respuestas. Algunas serán policiales, otras judiciales, otras sociales y otras políticas. Pero todas deberían partir de un mismo principio: nadie debería sentirse ignorado cuando manifiesta que está sufriendo.
La justicia restaurativa nos recuerda que escuchar no significa estar de acuerdo; significa reconocer al otro como persona afectada y digna de ser escuchada. Y quizá esta sea una de las grandes lecciones que deberíamos extraer de lo que está sucediendo: antes de que el miedo se transforme en odio, antes de que la frustración se transforme en violencia y antes de que una comunidad pierda definitivamente la confianza en sus instituciones, hay que escucharla. Reparar no consiste únicamente en responder cuando el daño ya se ha producido. También consiste en asumir responsabilidades, reducir las causas que generan sufrimiento y trabajar para que ese daño no vuelva a repetirse. Y esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Es una cuestión de responsabilidad institucional, de convivencia y, en definitiva, de democracia.
