Juan Ignacio Navas Marqués
- La Ley 40/2015 regula en su art. 32 la responsabilidad civil del Estado por no asegurar el normal funcionamiento del servicio público
- El art. 1062 de la Constitución consagra el derecho de los particulares a ser indemnizados por los daños sufridos por no disfrutar del normal funcionamiento de los servicios públicos.
- Se calcula en más de 1000 millones de euros el coste directo por el apagón al que hay que sumar el coste reputacional y el incremento del riesgo país.
Alimentos perecederos perdidos, oficinas cerradas, industrias paradas. ¿Quien asume la responsabilidad por lo ocurrido? No es fácil dar una respuesta porque todavía no hay una versión oficial y sólida de lo ocurrido. Teóricamente las aseguradoras deberían de cubrir los daños producidos como el lucro cesante. “El problema es la salvedad de causa mayor; y muchas podrán alegar que no era previsible; al menos para ellas”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.
Sin embargo, el art. 32 de la Ley 15/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público regula la responsabilidad civil del Estado por el normal funcionamiento de los servicios públicos. “Aquí igualmente se excepciona la causa mayor; lo que pasa es que -en nuestra opinión- Red Eléctrica no puede apelar a ninguna causa mayor habida cuenta de las advertencias técnicas previas”, apunta el experto.
Navas señala como ejemplo de dichas advertencias previas que Red Eléctrica descartara en Twitter hace 20 días la posibilidad de apagón. “Si descartó es que se especulaba con la posibilidad; y si se especulaba con la posibilidad es que había indicios o indicadores que podían conducir en esa dirección”, señala el socio-director de Navas & Cusí, quien recuerda que el artículo 106.2 de la Constitución también consagra la responsabilidad del Estado con el normal funcionamiento de los servicios públicos.
Además del descarte en Twitter, la misma presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, descartó también rotundamente el riesgo de apagón en un programa de televisión del pasado mes de noviembre. “No cabe apelar a causa mayor porque la posibilidad de apagón se venía barajando desde hacía tiempo; no fue una sorpresa para los técnicos de la infraestructura”, concluye Navas.
El experto señala que según algunos cálculos el coste del apagón podría superar los 1000 millones de euros. “Pero a ese coste hay que sumar el coste reputacional y el riesgo país; si el gobierno quiere minimizar el impacto debería indemnizar de inmediato y afrontar la inestabilidad de la red para evitar futuras contingencias”, concluye el socio-director de navascusi.com
