- Estos datos revelan el fracaso de un sistema de protección social insuficiente, que sigue apoyándose excesivamente en deducciones fiscales regresivas, no ofrece prestaciones directas en efectivo con capacidad redistributiva real, como sí hay en otros países europeos.
La pobreza infantil es uno de los principales retos distributivos de la economía española. Pese a la recuperación del mercado de trabajo tras la Gran Recesión, su incidencia se mantiene persistentemente elevada: más de uno de cada cuatro menores vive por debajo del umbral de pobreza (ingresos por debajo del 60% de la renta mediana) y uno de cada tres se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE, que añade privación material severa y baja intensidad de empleo en el hogar).
España ocupa el primer puesto de la Unión Europea en pobreza infantil. No es un dato coyuntural: es un rasgo estructural del modelo de protección social español que se mantiene con independencia del ciclo económico. Así lo confirma el estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA, “Hijos, Ciclo Vital y Pobreza en España: 2008-2025”, que analiza la evolución de la pobreza en España y señala que los hogares con menores enfrentan mayores dificultades económicas que el promedio de la población».
Precisamente uno de los mensajes más incómodos del estudio es que la pobreza infantil en España es persistente y no se corrige sola con el crecimiento económico. En 2025, con el mercado laboral en niveles récord de afiliación, el 19,5% de la población total, unos 9,48 millones de personas, seguía en riesgo de pobreza relativa. Mientras que la tasa de pobreza de los menores de 18 años se mantiene sistemáticamente entre 8 y 10 puntos por encima de la media poblacional desde 2008.
Según detalla el estudio, la raíz de esta problemática no descansa en una inactividad laboral de los progenitores. Por el contrario, la baja intensidad de empleo es mayor en los hogares sin hijos (10,7%) que en aquellos que tienen descendencia a su cargo (6,6%). La verdadera causa reside en los costes específicos que conlleva la crianza en el país.
Al comparar hogares similares en renta, empleo y características sociodemográficas, «la presencia de hijos menores se asocia con un aumento de 1,15 puntos porcentuales en la probabilidad de sufrir carencia material y social severa».
Esta situación plantea una pregunta central: ¿la mayor pobreza de los hogares con hijos refleja el coste económico de la crianza o responde, sobre todo, a las características socioeconómicas de las familias que tienen hijos?
El trabajo elaborado por los economistas José Ignacio Conde-Ruiz y Maria Alejandra Garay Aguirre, utiliza los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) para analizar la evolución de la pobreza en España, estudiar las privaciones que afectan específicamente a la infancia y estimar hasta qué punto la presencia de menores se asocia con una mayor probabilidad de sufrir carencia material y social severa una vez consideradas las características de los hogares.
Hogares vulnerables
Su principal conclusión es que no existe una penalización homogénea asociada a la presencia de menores. La vulnerabilidad depende decisivamente de la interacción entre los ingresos, la etapa del ciclo vital y la estructura familiar.
Los resultados muestran que en 2025 el 28,3% de los menores de 18 años vivía en hogares por debajo del umbral de pobreza, lo que equivale a aproximadamente 2,07 millones de niños, niñas y adolescentes, frente al 19,5% del conjunto de la población. La tasa AROPE infantil, que identifica a quienes se encuentran en riesgo de pobreza monetaria, sufren carencia material y social severa o viven en hogares con baja intensidad laboral, alcanzó el 33,8%.
La comparación europea confirma la gravedad del problema. En 2024, España registró la tasa AROPE infantil más alta de los 27 países de la Unión Europea, con un 29,2%, frente al 19,3% de la media comunitaria.
La vulnerabilidad se concentra especialmente en determinadas estructuras familiares. Los hogares monoparentales presentan una tasa AROPE del 50,3%, una tasa de pobreza monetaria del 41,2% y niveles de carencia material y social severa próximos al 19,4%. Esta última supera el 18% en todas las etapas del ciclo vital y alcanza el 26,2% cuando la persona de referencia del hogar tiene menos de 30 años.
El análisis econométrico muestra que, incluso al comparar hogares similares en renta, empleo y características sociodemográficas, la presencia de menores se asocia, en promedio, con una probabilidad de sufrir carencia material y social severa 1,15 puntos porcentuales mayor.
Desde una organización sindical como USO se subraya que los datos del estudio de FEDEA denuncian lo que esta propia entidad viene diciendo , tener hijos es un factor de empobrecimiento, y no se está protegiendo suficientemente a las familias trabajadoras que más lo necesitan.
Es, por tanto, el fracaso de un sistema de protección social insuficiente, que sigue apoyándose excesivamente en deducciones fiscales regresivas, no ofrece prestaciones directas en efectivo con capacidad redistributiva real, como sí hay en otros países europeos, y no acompaña adecuadamente a los jóvenes trabajadores que deciden formar una familia, precisamente cuando sus salarios y su estabilidad laboral son más precarios.
Desigualdad generacional
Esta diferencia media oculta antes citada, sin embargo, una fuerte desigualdad generacional. En los hogares cuya persona de referencia tiene menos de 30 años, la presencia de hijos menores se asocia con un aumento de 7,26 puntos porcentuales en la probabilidad de sufrir carencia material y social severa. La diferencia se reduce a 0,71 puntos entre los hogares de 30 a 44 años y a 1,16 puntos entre los de 45 años o más. La asociación es, por tanto, entre seis y diez veces mayor entre los hogares jóvenes.
Un ejercicio adicional de descomposición muestra que los hogares con menores presentan una brecha bruta de carencia material y social severa de 2,59 puntos porcentuales respecto a los hogares sin menores. El 42,6% de esa diferencia se explica por características observables como la renta, el empleo, la educación o la edad, mientras que el 57,4% permanece sin explicar. Este componente residual no debe interpretarse como un efecto causal de tener hijos, pero resulta compatible con la existencia de costes, necesidades y restricciones específicas de la crianza que no quedan plenamente recogidos en los datos.
Los resultados muestran, en definitiva, que la elevada pobreza infantil observada en España no puede explicarse únicamente por el hecho de tener hijos. La crianza genera una vulnerabilidad especialmente intensa cuando coincide con una baja acumulación de ahorro, trayectorias laborales todavía poco consolidadas o la ausencia de un segundo adulto en el hogar.
El estudio concluye que las políticas universales de apoyo a la infancia, aunque necesarias, deben complementarse con instrumentos específicamente dirigidos a los hogares jóvenes y monoparentales, combinando protección de ingresos, apoyo a la conciliación y medidas orientadas a reducir la transmisión intergeneracional de la desigualdad
Ante esto, los investigadores sugieren reformular las políticas públicas, criticando que el sistema español descanse excesivamente en deducciones fiscales de carácter regresivo que benefician a las rentas medias y altas.
El informe concluye que, para romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad, es urgente implementar prestaciones directas en efectivo e «instrumentos más focalizados en aquellos hogares donde la crianza coincide con una mayor fragilidad estructural, como ocurre en las primeras etapas del ciclo vital o en las familias monoparentales».
