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En la primavera de 2023, la familia Ortega recibió una notificación inesperada: su terreno rústico, situado a las afueras de Sevilla, sería expropiado por el Ayuntamiento para construir una nueva carretera de acceso a una urbanización en expansión.

El documento, enviado por vía administrativa, les informaba del inicio del expediente de expropiación forzosa. Junto a él, se detallaba una valoración económica del terreno, con un justiprecio de apenas 23.000 euros por una finca de más de 2.000 metros cuadrados.

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