En un estudio pionero del ICAM sobre el impacto de la Justicia digital, la abogacía alerta de que las deficiencias del sistema pueden crear nuevas barreras para el ejercicio del derecho de defensa. El informe , promovido por la revista del ICAM, OTROSÍ, se completa con un dossier jurídico publicado en la revista dedicado a la Justicia Digital y sus garantías procesales.
La transformación digital de la Justicia no está respondiendo todavía a las necesidades de los profesionales ni ofreciendo las garantías necesarias para el adecuado ejercicio del derecho de defensa. Así se desprende del primer gran estudio promovido por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid para conocer el impacto real de la Justicia digital sobre el trabajo cotidiano de la abogacía.
“Los resultados muestran una posición clara: la profesión no rechaza la modernización tecnológica de la Justicia, pero cuestiona profundamente la forma en que se está diseñando e implantando”, según explicó Eugenio Ribón, decano del ICAM, en la presentación de este informe que es parte de la revista OTROSI, de este trimestre.
El “I Estudio ICAM sobre Justicia Digital” nace como una iniciativa de OTROSÍ y se integra en la estrategia que la revista del ICAM ha consolidado en los últimos años: identificar los cambios que están transformando la Justicia y el ejercicio profesional, analizarlos con datos y conocimiento jurídico especializado y convertir ese análisis en una herramienta de influencia colegial.
Según explica la Diputada Roberta Poza, presidenta del Consejo Editor, “OTROSÍ aspira así a ser algo más que una publicación informativa: un espacio desde el que la abogacía pueda anticiparse a los cambios, detectar riesgos para las garantías procesales y aportar propuestas concretas.”
El Estudio se completa con un dossier jurídico de análisis publicado en la revista dedicado a la Justicia Digital y sus garantías procesales con la valoración de especialistas como los magistrados Eloy Velasco o Joaquín Delgado, entre otros, y coordinado por Antonio Abellán, responsable de formación del Turno de Oficio del ICAM.
Según comentó, Ribón los resultados de la encuesta, en la que han participado 1.373 colegiados/as, reflejan una posición crítica. El 46,9 % de los participantes se declara insatisfecho o muy insatisfecho con el funcionamiento actual de la Justicia digital, frente al 22,3 % que expresa una valoración positiva. La puntuación media se sitúa en 2,6 sobre 5.
Uno de los resultados más concluyentes del estudio es la demanda de participación profesional. El 95,4 % considera que la abogacía debería intervenir más activamente en el diseño, evaluación y mejora de las herramientas de Justicia digital. Para el 76,9 %, esa participación debe ser prioritaria.
“La abogacía madrileña no rechaza la transformación digital. Lo que rechaza es una digitalización concebida e implantada sin escuchar suficientemente a quienes utilizan diariamente los sistemas y tienen encomendada la defensa de los ciudadanos. La tecnología solo es un avance cuando mejora el servicio público y refuerza las garantías”, afirma Eugenio Ribón, Decano del ICAM.
Problemas con el expediente judicial
En el estudio se indicó que el Expediente Judicial Electrónico concentra algunas de las principales críticas de los profesionales. Aunque el 50,6 % considera que constituye un avance, solo el 13,8 % lo valora como un progreso claro. El 36,9 % lo define como un avance acompañado de problemas importantes y un 22 % sostiene que ha dificultado la instrucción de los asuntos.
Las dificultades de acceso son especialmente relevantes. El 59,4 % afirma que encuentra con frecuencia o muy frecuentemente problemas para acceder al expediente de forma completa, ordenada y con la debida antelación. Otro 29,4 % los experimenta algunas veces. En total, cerca de nueve de cada diez profesionales han encontrado este tipo de dificultades, al menos ocasionalmente.
“Un expediente incompleto, una grabación inaccesible o un documento que no puede localizarse no son simples incidencias informáticas. Pueden impedir que un abogado conozca a tiempo toda la información necesaria para preparar una defensa. Detrás de cada fallo tecnológico puede haber un ciudadano cuyas garantías procesales se vean comprometidas”, subraya Javier Mata, Diputado responsable de Defensa de la Abogacía del ICAM.
Preguntados por las mejoras que deberían abordarse con mayor urgencia, los profesionales sitúan en primer lugar el acceso completo al expediente, elegido por el 73,3 %.
A continuación aparecen la interoperabilidad entre plataformas y territorios, con un 49,4 %; la correcta ordenación e indexación del expediente, con un 45,6 %; y la atención y soporte ante incidencias, con un 41,9 %.
También se reclaman mejoras en la estabilidad técnica de los sistemas, la seguridad y confidencialidad, la formación de la abogacía, la participación profesional en el diseño de las herramientas digitales, la regulación de la inteligencia artificial y la claridad de las normas de uso.
Para el Decano del ICAM, “estos resultados demuestran que la modernización no puede limitarse a trasladar los procedimientos del papel a una plataforma. Para garantizar el derecho de defensa de ciudadanos y empresas, el expediente debe ser íntegro, comprensible, actualizado, accesible desde el momento de la personación y ofrecer a la defensa las mismas posibilidades de consulta que tienen los demás operadores jurídicos”.
El Turno de Oficio sufre la digitalización de la justicia
Por su parte, el Diputado Juan Manuel Mayllo, responsable del Turno de Oficio, pone el acento en el impacto en la Justicia Gratuita: “Estas dificultades resultan especialmente graves en el Turno de Oficio, donde los profesionales trabajan con plazos muy ajustados, intervienen con frecuencia en situaciones urgentes y atienden a personas en condiciones de especial vulnerabilidad. Si el expediente está incompleto, la grabación no es accesible o la plataforma falla, no solo se perjudica al abogado: se compromete la defensa de quien depende del sistema público para hacer valer sus derechos. Por eso exigimos que la digitalización garantice el acceso inmediato y completo a las actuaciones y que ninguna incidencia tecnológica pueda traducirse en indefensión”.
Quienes ejercen en el Turno de Oficio —el 18,1 % de la muestra — encabezan de forma sistemática los indicadores de fricción con la Justicia digital. El 68,5 % encuentra con frecuencia o muy frecuentemente problemas para acceder al expediente de forma completa y ordenada, frente al 64,8 % de los despachos pequeños y medianos y el 55,7 % de la abogacía in-house.
Sobre el Expediente Judicial Electrónico, el Turno de Oficio es además el único ámbito de ejercicio en el que la valoración negativa supera a la positiva: un 45,9 % considera que no ha supuesto una mejora apreciable o que ha dificultado la instrucción de los asuntos, frente al 43,6 % que lo percibe como un avance. Y es, junto con la abogacía in-house, el que con más fuerza reclama participar en el diseño de las herramientas digitales: el 79,6 % lo considera prioritario.
Uso de la iA controlada
Sobre la incorporación de la inteligencia artificial al sistema judicial, en el informe se indica que despierta una inquietud elevada. El 59,3 % de los profesionales está mucho o bastante preocupado por su utilización por parte de magistrados y fiscales. Solo el 20,5 % manifiesta preocuparse poco o nada.
La opción con mayor respaldo es permitir la IA únicamente como herramienta auxiliar y con control humano, elegida por el 46,1 %. Otro 28,6 % considera que debería prohibirse en las decisiones judiciales o fiscales sustantivas. Un 20,1 % admite su utilización siempre que exista transparencia y supervisión.
La preocupación se extiende también al ejercicio de la propia abogacía: el 50,4 % se declara mucho o bastante preocupado por el uso profesional de estas herramientas, mientras que un 22,6 % manifiesta cierto grado de inquietud.
El 75,7 % de los encuestados respalda alguna obligación de declarar el uso de inteligencia artificial en los procedimientos. El 36,3 % considera que debería comunicarse siempre; el 32,1 %, cuando pueda afectar al contenido jurídico o probatorio; y el 7,3 %, en el caso de determinados operadores jurídicos.
Entre los principales riesgos de la IA aplicada a la Justicia sobresalen los errores o sesgos, señalados por el 76,6 %, y la falta de control humano suficiente, mencionada por el 67,2 %. También preocupan la responsabilidad profesional derivada de su utilización, con un 45,3 %; el uso de datos confidenciales o protegidos, con un 43,6 %; la desigualdad entre partes con distinto acceso tecnológico, con un 42,4 %; la falta de transparencia, con un 40,5 %; y la posible afectación al derecho de defensa, con un 35,2 %.
“Nuestra obligación es estar pegados a la realidad de los colegiados, escuchar sus dificultades y actuar. Cuando defendemos que un abogado pueda acceder a un expediente completo, comunicarse confidencialmente con su cliente o reaccionar ante un fallo tecnológico, estamos defendiendo las garantías de toda la ciudadanía», concluye Eugenio Ribón.
