Por Mabel Klimt, Diputada del ICAM responsable de Innovación, Tecnología y Cultura.
Hace tiempo que la inteligencia artificial dejó de ser un experimento tecnológico para convertirse en una herramienta de trabajo habitual. En los despachos ya se utiliza para revisar contratos, buscar jurisprudencia o resumir documentos. Lo relevante no es su presencia, sino la rapidez con que ha modificado la forma de trabajar y de organizar el conocimiento jurídico.
Este cambio no consiste solo en incorporar nuevas herramientas, sino en repensar cómo entendemos la práctica profesional: qué tareas requieren el criterio humano, cuáles pueden automatizarse y cómo garantizar que la tecnología refuerce —y no diluya— la calidad del asesoramiento jurídico. La IA no sustituye al abogado, pero sí transforma los procesos y redefine las expectativas de los clientes y los parámetros de medición de calidad en los servicios en términos de agilidad o eficiencia. Y todo ello, en la práctica, obliga a definir nuevas pautas de actuación, basadas en el rigor, la transparencia y la responsabilidad.
Comprender antes de incorporar
El primer paso no es técnico, sino conceptual: entender qué hace la herramienta antes de usarla. No se trata de confiar a ciegas en la inteligencia artificial, sino de gestionarla con criterio. La tecnología debe emplearse cuando aporta valor real y siempre bajo control humano.
Algunos usos ya se han consolidado —como la búsqueda inteligente o la clasificación documental— y han demostrado ser aliados valiosos. En otros, no se justifica su uso, lo que llama a la reflexión, sobre todo en términos de sostenibilidad. Y, en otros, quizás lo más relevante, su uso requiere extremar la cautela: especialmente los que implican automatización de decisiones jurídicas o tratamiento de información sensible. La línea roja es clara: nunca comprometer el secreto profesional ni la confidencialidad del cliente.
La incorporación de la IA exige también una nueva cultura profesional. Ya no basta con dominar el lenguaje jurídico: es necesario comprender el tecnológico. La alfabetización en inteligencia artificial —saber cómo funciona un modelo, qué sesgos puede tener o cómo se entrenan sus resultados— será tan relevante como conocer una norma procesal.
De la adopción individual a la gobernanza responsable
La inteligencia artificial no solo transforma la práctica individual: obliga a repensar la estructura y la gestión de los despachos. Integrarla de forma eficaz requiere definir protocolos, establecer responsabilidades y asumir que la tecnología es parte de la estrategia, no un accesorio puntual.
Cada firma deberá determinar qué herramientas puede usar, cómo se auditan sus resultados, quién supervisa su funcionamiento y qué medidas garantizan la trazabilidad de la información.
Estas políticas internas no son burocracia: son mecanismos de control y coherencia profesional, que redundan en la protección de sus derechos e intereses a nuestros clientes y, por qué no, como extensión del sistema de garantías de la ciudadanía en general.
El nuevo marco normativo: el AI Act
A partir de este año, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) impone un marco jurídico que afectará directamente a los profesionales del Derecho. Como sabemos, clasifica los sistemas según su nivel de riesgo e introduce obligaciones de transparencia, supervisión y documentación que también alcanzarán a las organizaciones que utilicen IA para gestionar información o prestar servicios. Es la pieza angular de un proceso evolutivo en la reglamentación que está aquí para quedarse y que afectará horizontalmente a todos los sectores.
Cumplir con el AI Act implicará auditar herramientas, evaluar riesgos, registrar decisiones y garantizar la trazabilidad de los procesos. No será un mero trámite, sino una parte más de la diligencia profesional.
Un nuevo ámbito de asesoramiento
El impacto de la inteligencia artificial no se limita al ejercicio interno. También está modificando el tipo de asesoramiento que demandan los clientes. Cada vez más empresas la emplean en sus operaciones diarias —desde la selección de personal hasta la elaboración de contratos o la gestión del riesgo—, y con ello surgen nuevas responsabilidades jurídicas.
Ya existen conflictos derivados de decisiones automatizadas: algoritmos que discriminan, sistemas que tratan datos sin base legal o cláusulas generadas sin revisión humana. En este contexto, el abogado debe traducir el riesgo tecnológico en riesgo jurídico, asegurando que los sistemas sean explicables, trazables y auditables. La función del jurista se amplía: ya no solo interpreta la norma, sino que ayuda a que la innovación se mantenga dentro de los límites del Derecho.
Más allá de las cuestiones legales, la inteligencia artificial introduce también un riesgo reputacional. Los despachos que usen herramientas sin transparencia o sin verificar sus fuentes pueden comprometer la confianza de los clientes y dañar su propia credibilidad. El impacto de un error generado por IA no es solo técnico: afecta a la imagen de rigor que define al abogado. Por eso, cada decisión tecnológica debe ser razonada, documentada y comunicada con honestidad. La ética profesional, en este nuevo entorno, se demuestra tanto en los argumentos como en los métodos.
Tres miradas sobre un mismo cambio
En los últimos meses he escuchado inquietudes muy distintas, pero conectadas por un mismo trasfondo. Los abogados jóvenes se preguntan cómo competir con una tecnología que redacta más rápido y procesa información en segundos; los socios de despacho analizan cómo integrarla para ganar eficiencia y reducir costes, sin perder el control sobre los procesos ni la confianza de sus clientes; y los propios clientes reconocen que ya la usan, aunque sin saber si lo hacen bien.
Tres perspectivas distintas de un mismo fenómeno: la inteligencia artificial ya forma parte del ecosistema jurídico. No es una amenaza ni una moda pasajera, sino una herramienta poderosa que exige conocimiento, prudencia y responsabilidad profesional en su uso.
Una brújula para ejercer con criterio
Todo este proceso —desde la comprensión hasta la gobernanza y el cumplimiento normativo— exige unas pautas claras y adaptadas a la realidad del ejercicio profesional.
Por eso, desde el Colegio de la Abogacía de Madrid, hemos elaborado la Guía ICAM de Buenas Prácticas para el Uso de la Inteligencia Artificial en la Abogacía, un documento pionero que recoge principios y recomendaciones para usar estas herramientas con seguridad y rigor jurídico.
La Guía parte de tres ideas esenciales: Supervisión humana ineludible: ninguna tecnología sustituye el criterio profesional; uso justificado y proporcional: la IA debe aplicarse cuando mejora la calidad del servicio, no por tendencia y protección del secreto profesional y de los datos: la confidencialidad no admite excepciones.
Su objetivo es acompañar a los profesionales en la adopción de la tecnología sin perder los fundamentos éticos que sostienen nuestra profesión. La inteligencia artificial puede aportar eficiencia y precisión, pero solo la abogacía puede garantizar derechos y confianza.
Y esa sigue siendo —también en la era digital— la esencia de nuestro trabajo.
