La irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito de la Justicia ha dejado de ser una cuestión prospectiva para convertirse en un desafío inmediato y estructural para todos los operadores jurídicos. En este escenario, las reflexiones del magistrado Alfonso Peralta Gutiérrez, experto en derecho digital y miembro del Comité Consultivo de Inteligencia Artificial del Consejo de Europa, ofrecen una advertencia clara: la tecnología no es neutra, y su uso acrítico puede comprometer derechos fundamentales. Desde la perspectiva de la abogacía, este mensaje interpela directamente a nuestra función constitucional como garantes de la tutela judicial efectiva y del equilibrio procesal.
La afirmación de que “los jueces debemos evitar que la IA vulnere los derechos y libertades” no puede entenderse únicamente como una obligación del Poder Judicial. Para los abogados, supone un llamado a reforzar nuestro papel como contrapeso técnico y ético frente a sistemas automatizados que empiezan a influir en la toma de decisiones judiciales, en la gestión de procedimientos y en la valoración de riesgos procesales. La abogacía no puede limitarse a utilizar herramientas de IA: debe comprenderlas, cuestionarlas y, cuando sea necesario, impugnarlas.
Uno de los riesgos más relevantes señalados por Peralta es la tendencia a confiar en sistemas algorítmicos sin transparencia ni explicabilidad suficiente. Desde la práctica forense, este riesgo se traduce en una posible afectación al derecho de defensa cuando una decisión —o una recomendación que influye decisivamente en ella— se apoya en modelos cuya lógica interna no es accesible ni verificable. Para el abogado, esto supone un nuevo frente de litigación: exigir trazabilidad, auditar el uso de IA en el proceso y cuestionar su fiabilidad probatoria cuando resulte necesario.
La formación especializada aparece aquí como un eje estratégico. El impulso formativo del Poder Judicial español en materia de inteligencia artificial, pionero desde 2019, marca un estándar que la abogacía no puede ignorar. Sin una capacitación técnica mínima, el abogado corre el riesgo de quedar en una posición de inferioridad frente a los Tribunales que utilizan herramientas avanzadas de análisis documental, clasificación de asuntos o apoyo a la decisión. La asimetría tecnológica puede convertirse, de facto, en una nueva forma de desigualdad procesal.
Pero la formación no debe limitarse al uso instrumental de herramientas de IA. El verdadero reto para la abogacía es mantener la centralidad del razonamiento jurídico humano en un contexto de creciente automatización. La IA puede optimizar tiempos, detectar patrones o asistir en tareas repetitivas, pero no puede sustituir la interpretación normativa, la ponderación de principios ni la comprensión del contexto humano del conflicto. Delegar estas funciones supondría desnaturalizar la esencia misma de la profesión jurídica.
Peralta insiste en la necesidad de que jueces y juristas participen en el diseño de los sistemas de IA aplicados a la Justicia. Desde la óptica de la abogacía, esta participación es igualmente irrenunciable. Los despachos, colegios profesionales y asociaciones jurídicas deben reclamar un espacio activo en la definición de estándares éticos, criterios de uso y límites funcionales de estas tecnologías. No hacerlo implicaría aceptar un modelo de Justicia diseñado desde parámetros puramente técnicos o económicos, ajenos a la lógica garantista del Derecho.
La experiencia reciente demuestra que los riesgos no son teóricos. El uso de herramientas de IA generativa ha provocado errores relevantes en escritos procesales, citas jurisprudenciales inexistentes y análisis normativos incorrectos. Estos fallos no solo afectan a la calidad técnica del trabajo jurídico, sino que abren la puerta a responsabilidades profesionales y deontológicas. En este contexto, el abogado debe asumir que la IA no exime de responsabilidad, sino que exige un control aún más riguroso del contenido que se presenta ante los tribunales.
Además, la progresiva introducción de sistemas predictivos o de apoyo a la decisión judicial plantea interrogantes profundos sobre la igualdad de armas. Si una de las partes —o el propio órgano judicial— dispone de herramientas que anticipan escenarios procesales o sugieren resultados probables, la abogacía debe estar preparada para analizar críticamente esos sistemas y, en su caso, cuestionar su impacto en la imparcialidad objetiva del proceso.
El debate, por tanto, no es tecnológico, sino jurídico y constitucional. La IA puede ser un instrumento poderoso para mejorar la eficiencia del sistema judicial, pero solo si se integra bajo el principio de supervisión humana efectiva y con pleno respeto a los derechos fundamentales. Aquí la abogacía desempeña un papel insustituible: identificar desviaciones, plantear objeciones técnicas, promover doctrina jurisprudencial y contribuir a la construcción de un marco normativo sólido.
En definitiva, la reflexión de Alfonso Peralta sitúa a la abogacía ante una encrucijada histórica. Podemos limitarnos a adaptarnos pasivamente a la Justicia algorítmica o asumir un rol activo en su configuración. La defensa del criterio jurídico frente a la automatización acrítica del Derecho no es una resistencia al progreso, sino una exigencia de responsabilidad profesional. En este nuevo escenario, el valor diferencial del abogado no será su capacidad de usar tecnología, sino su habilidad para ponerla en cuestión cuando amenaza los fundamentos del Estado de Derecho.
