“La Administración Trump renuncia a liderar la vigilancia de la corrupción internacional”, ha asegurado Diego Cabezuela, presidente de InLaw Alliance y senior partner de Círculo legal, al haber ordenado la suspensión, de momento, temporal, de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) , ordenando paralizar, por ahora las investigaciones, e incluso abriendo la puerta a revisar las sanciones impuestas en el pasado, en aplicación de esta ley.
La decisión, articulada a través de una orden ejecutiva del Presidente Trump, limita la acción de los fiscales federales y condiciona cualquier procedimiento a la autorización expresa de la Fiscal General. Según el propio texto, la aplicación de la FCPA estaría “obstaculizando los intereses estratégicos y comerciales de Estados Unidos”, lo que ha encendido las alarmas de la comunidad jurídica internacional y de organismos internacionales comprometidos en la lucha por la transparencia, como la OCDE.
Para abordar las consecuencias de esta suspensión, InLaw Alliance y Latin American Quality Institute (LAQI), convocaron el pasado jueves, un webinar de alto nivel técnico. La sesión, titulada “¿ADIOS A LA FCPA?, USA ABANDONA LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO INTERNACIONAL”, reunió a expertos de primer orden, en materia de compliance y derecho penal económico, que analizaron el futuro de la lucha contra el soborno internacional, sin el respaldo del que hasta ahora había sido su principal estandarte: Estados Unidos.
Daniel Maximilian Da Costa, presidente de LAQI abrió el encuentro con una llamada a la acción: “Cuando unos retroceden, otros deben avanzar”. Y añadió: “No podemos darnos el lujo de bajar el estándar ético. La integridad no es un accesorio: es el eje”.
“La comunidad jurídica internacional entró en shock”
Diego Cabezuela, presidente de inLaw Alliance y senior partner de Círculo Legal, contextualizó, en su presentación, la gravedad de la situación: “La comunidad jurídica internacional entró en shock, cuando la administración Trump puso en suspenso la FCPA”. El letrado recordó que esta ley, nacida en 1977, tras el escándalo Watergate, convirtió a EE. UU. en “una especie de gendarme mundial contra la corrupción”, y que fue clave en la creación y difusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
“El avance en las últimas décadas, en la lucha contra la corrupción internacional había sido difícil, pero notable”, advirtió, para, después, lanzar varias preguntas al debate: “¿Va Estados Unidos a bajar definitivamente los brazos en la lucha contra el soborno internacional? ¿Ha llegado, realmente, el momento de que Occidente tenga que seguir adelante en esto, solo, sin Estados Unidos?”
Alonso: “Trump ha dicho basta”
El exfiscal federal del Departamento de Justicia de EE. UU. Daniel R. Alonso, experto en investigaciones internas y anticorrupción, ofreció una presentación detallada sobre la historia y alcance de la FCPA. “Estados Unidos ha sido el líder en la vigilancia internacional del cumplimiento de las leyes hasta febrero de este año”, señaló. “Trump ha dicho basta, o por lo menos una pausa de 180 días, probablemente de un año”.
Alonso explicó que ahora todas las investigaciones deben ser autorizadas personalmente por la Fiscal General, y que se ha dado prioridad a casos relacionados con cárteles y crimen organizado, excluyendo aquellos centrados únicamente en prácticas corruptas en licitaciones o contratos públicos. “Esto no va a apoyar un programa robusto de FCPA”, lamentó.
Aun así, advirtió: “Ustedes no deberían renunciar al compliance anticorrupción. El plazo de prescripción es de cinco años y el mandato de Trump es de cuatro. Puede venir otra administración con políticas muy distintas”.
En su intervención, Alonso presentó una gráfica con los diez mayores casos sancionados bajo la FCPA, entre los que figuran nombres tan conocidos como Odebrecht (Brasil, 2016), sancionada con 3.560 millones de dólares; Goldman Sachs (EE. UU., 2020), con 3.300 millones; y Airbus (Holanda/Francia, 2020), con 2.090 millones. También se destacaron los casos de Petrobras (2018), Telia Company AB (Suecia, 2017), Siemens (Alemania, 2008), Alstom (Francia, 2014), VimpelCom (Países Bajos, 2016), TechnipFMC (Francia/Reino Unido, 2019) y el más reciente en la lista: Telefónica Venezolana (España, 2024), con una sanción de 85 millones de dólares. Alonso subrayó que, de todos estos casos, únicamente una empresa es estadounidense, lo que refleja la potente extraterritorialidad de la aplicación de la FCPA.