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  • El matrimonio llegó a responder de un pasivo de 17 millones de euros tras el intento fallido de un negocio familiar, perdiendo la vivienda y todo su patrimonio antes de encontrar una salida en la Ley de Segunda Oportunidad.

No todos los procedimientos de Segunda Oportunidad comienzan con personas que dejaron de pagar. Algunos empiezan precisamente con quienes hicieron todo lo posible por cumplir. Es el caso de un matrimonio que perdió la empresa, la vivienda y todo su patrimonio intentando hacer frente a las deudas derivadas de un negocio familiar antes de acudir al mecanismo previsto en la Ley Concursal.

El origen de la insolvencia se encontraba en la actividad empresarial desarrollada durante años por uno de los cónyuges. Para mantener viva la empresa asumió avales y garantías personales que, tras el fracaso del negocio, terminaron convirtiéndose en una deuda imposible de afrontar. Al estar casados en régimen de gananciales, esa responsabilidad alcanzó también al patrimonio común del matrimonio. Lejos de abandonar sus obligaciones, ambos destinaron todos sus bienes —tanto gananciales como privativos— al pago de los acreedores, perdiendo la vivienda familiar, terrenos y el resto de su patrimonio en un intento por cumplir con todas las obligaciones asumidas. Solo cuando ya no existía ninguna posibilidad real de satisfacer las deudas acudieron al mecanismo de la Segunda Oportunidad.

Un Juzgado de lo Mercantil ha acordado ahora la exoneración del pasivo insatisfecho al apreciar que concurrían los requisitos legalmente exigidos para acceder a este mecanismo, permitiendo al matrimonio cancelar las deudas exonerables y poner fin a una situación de insolvencia irreversible.

Sin embargo, el procedimiento, tramitado por Unive Abogados, pone de manifiesto una realidad cada vez más frecuente y que ha cobrado especial importancia tras la reciente doctrina del Tribunal Supremo. Con el paso de los años, muchas de las deudas inicialmente contraídas con entidades financieras habían sido cedidas sucesivamente a fondos de inversión y otras sociedades especializadas en la adquisición de créditos. En consecuencia, uno de los principales retos ya no consistía únicamente en acreditar la insolvencia o la buena fe de los deudores, sino en identificar correctamente quién era el titular de cada uno de esos créditos.

Para ello fue necesario reconstruir documentalmente la evolución de cada deuda, identificando no solo a los acreedores originarios, sino también, cuando fue posible, a las entidades que habían adquirido posteriormente esos créditos. Ese trabajo permitió garantizar que ningún posible titular quedara fuera del procedimiento y reforzó la seguridad jurídica de la futura exoneración, en línea con la reciente doctrina del Tribunal Supremo.

Desde Unive Abogados explican que este tipo de procedimientos ha experimentado una importante evolución durante los últimos años. "La Segunda Oportunidad ya no consiste únicamente en demostrar que una persona es insolvente y ha actuado de buena fe. Cada vez resulta más importante reconstruir toda la historia de las deudas, especialmente cuando los créditos han sido vendidos varias veces entre entidades financieras y fondos de inversión. Esa trazabilidad aporta seguridad jurídica al procedimiento y evita que puedan surgir controversias futuras sobre la identidad de los acreedores", explican.

A juicio de la firma, uno de los principales prejuicios que siguen existiendo alrededor de la Segunda Oportunidad consiste en pensar que se trata de un mecanismo pensado para quien no quiere pagar. "Nuestra experiencia demuestra precisamente lo contrario. La mayoría de quienes acuden al procedimiento llegan después de haber agotado todo su patrimonio intentando cumplir con sus obligaciones. La Ley de Segunda Oportunidad no nació para proteger al deudor que elude sus responsabilidades, sino para ofrecer una salida a quienes, actuando de buena fe, han perdido absolutamente todo antes de poder volver a empezar", concluyen desde el despacho.